TAMBIÉN SOLICITARÁ LA RESTITUCIÓN DE LOS VIAJES DE MAYORES Y OTRAS MEJORAS EN EL PLANO ASISTENCIAL

La Comisión Sociolaboral elevará al Consejo ampliar la prestación sanitaria de los desplazados más allá de los 90 días

| 2 de junio de 2016, 17:25
Comision Sociolaboral7
Los miembros de la Comisión Sociolaboral, durante la reunión en Segovia.

La Comisión de Asuntos Sociolaborales del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), reunida los pasados días 23 y 24 de mayo en Segovia, acordó elevar al próximo Pleno la propuesta de la consejera por UGT, Ana María Corral, que hace referencia a las prestaciones sanitarias de los españoles cuando se ausentan del territorio nacional por un tiempo superior a 90 días naturales. Al respecto, solicitan una nueva modificación de la Ley General de Seguridad Social (LGSS) con el fin de que los emigrantes españoles que se desplazan al extranjero por tiempo superior al referido conserven la condición de asegurado en España hasta el momento en que encuentren empleo o adquieran la condición de asegurado en el país de emigración.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 modificó la LGSS en esta materia, con la consiguiente pérdida de derecho de las prestaciones sanitarias de los afectados, sobre todo en el caso de los desplazados a países de la Unión Europea, lo que tiene “consecuencias especialmente graves en el derecho a la asistencia sanitaria de quienes emigran en busca de empleo y pasados tres meses no han conseguido la condición de asegurado en el país de emigración”, ya que “dejan de ser asegurados para España y no lo son para el país de estancia”, recoge la Comisión en su informe.

La decisión de modificar la normativa se adoptó al considerar el Gobierno que sobrepasar este periodo supone un cambio de residencia habitual. Sin embargo, la Comisión recuerda que el Reglamento de la Unión Europea establece que para determinar la “residencia” hay que realizar una evaluación global de la duración y continuidad en el territorio de acogida, así como de la situación personal y familiar de cada uno, y que “el mero transcurso de tres meses” residiendo fuera “no implica necesariamente cambio de residencia”.

“Si no hay cambio de residencia”, la persona implicada “tiene derecho a las prestaciones en especie y económicas sanitarias, que serán posteriormente reembolsadas por España al país de estancia”, matiza la Comisión.

Durante la reunión, que se celebró en la Sala Alcázar del Parador segoviano, también se acordó solicitar que puedan mantener la cobertura de asistencia sanitaria aquellos que pierdan la pensión asistencial por sobrepasar el tope de ingresos estipulado, lo que afecta a discapacitados y mayores de 80 años. Sin embargo, estos siguen “en situación de necesidad” en Uruguay, matizó el consejero por este país Jorge Torres Cantalapiedra.

Al respecto se pronunció la también consejera por ese mismo país Vicenta González Ruiz, quien explicó “lo difícil y caro” que resulta contar con asistencia sanitaria en Uruguay y dijo que las personas que pierden la prestación pierden también la asistencia, por lo que “quedan desprotegidas”.

La explicación de la Secretaría supeditando a la disponibilidad presupuestaria el acceso de mayores y discapacitados a la asistencia fue rechazada por Vicenta González, para quien “la limitación presupuestaria no debe invocarse” a la hora de pensar en la protección a este colectivo.

En el apartado de la asistencia social, también se propone modificar el Real Decreto de 2008 por el que se regula la prestación por razón de necesidad para los residentes en el extranjero que no hayan nacido en España. En este sentido, se pide incluirlos como colectivo a proteger mediante la “prestación de incapacidad” cuando presenten “una incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo y para realizar de forma autónoma los actos esenciales de la vida”.

La supresión por causa de la crisis del programa de viajes para mayores en el exterior que financiaba la Dirección General de Migraciones y desarrollaba el Imserso, también fue un asunto abordado durante la reunión celebrada en Segovia. La consejera por Argentina María de los Ángeles Ruisánchez, quien realizó la propuesta conjuntamente con María Teresa Michelón (presidenta de la Comisión y ausente de estas jornadas de trabajo por motivos de salud), pidió que fuera restituido y “en las mismas condiciones en que se desarrolló durante años con el objeto de evitar la ruptura de lazos con España”.

La iniciativa cubría parcialmente los gastos de los desplazamientos para los mayores residentes fuera de la Unión Europea, mientras que en el caso de los perceptores por razón de necesidad, eran totalmente subvencionados.

 

Restablecer las Secciones de las consejerías

La polémica por la reestructuración de las consejerías de Empleo y Seguridad Social fue abordada por el consejero por la República Dominicana, Eduardo Pahíno, quien pidió que se modifique el Real Decreto de 2015 en lo que afecta a la supresión de las Secciones (oficinas dependientes de las mismas) para que se mantenga su rango, ya que, a pesar de que conservan su “dotación y funciones”, el Real Decreto hace desaparecer “en la práctica el carácter representativo del titular, dejándolo sin una parte de su papel institucional ante las administraciones del país en que se encuentran”, aseguró.

Para Pahíno, “no es lo mismo ser atendido por un empleado desplazado de la Consejería que se encuentre en otro país”, que tener en el propio territorio “una representación formal dependiente de la Embajada”, dijo, y destacó la labor de interlocución que estas oficinas realizaban ante las administraciones locales en países como el que él representa, así como en Colombia, Costa Rica o Países Bajos.

El consejero por la República Dominicana también habló de la dotación “deficitaria” de personal de que vienen adoleciendo estas oficinas, y puso el ejemplo de Centroamérica, cuya única oficina, en Costa Rica, cuenta “con muy poco personal” que ha de atender a un buen número de países que, “aunque pequeños, cuentan en ocasiones con un importante colectivo de españoles”, aclaró.

En este apartado, y para superar esta situación, la Comisión propone al Pleno que inste al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a que “dote a las Secciones de personal suficiente y especializado, integrado tanto por funcionarios como por personal local, para la correcta realización de sus funciones”.

La Comisión acordó posponer hasta la conformación de un nuevo Gobierno en España asuntos referidos al Programa de ayudas de la Dirección General de Migraciones a favor de los viudos beneficiarios de la prestación por razón de necesidad, así como el que hace alusión a la propuesta para elevar a la categoría de Secretaría de Estado la Secretaría General de Inmigración y Emigración.

Respecto al acuerdo del Pleno para solicitar datos de personas mayores en situación de vulnerabilidad para someterlos a estudio, se puso de manifiesto el trabajo complejo que supone para las consejerías cumplir con este cometido, y se pidió la colaboración de los CRE para tal fin. Además, se apreció, por parte de los consejeros, diferencias cuantitativas y cualitativas entre unos informes y otros y que tanto en Argentina como en Estados Unidos faltan datos cuantitativos.

Para trabajar en este asunto se acordó crear una Subcomisión formada por miembros de las comisiones proponentes de la medida: la de Asuntos Sociolaborales y de Jóvenes y Mujeres. Por parte de la primera, quedó constituida por Ángeles Ruisánchez y Ana Fernández. La designación de los otros dos miembros quedó pendiente.

A la reunión de esta Comisión acudieron el presidente del Consejo, Eduardo Dizy; y los miembros de la Secretaría Aurelio Miras Portugal (director general de Migraciones), Yolanda Gómez Echevarría (subdirectora general de Emigración), Almudena Gonzálvez (subdirectora general adjunta de Emigración) y Sofía Carretero (jefa de Servicio).

Como consejeros, además de los nombrados, estuvieron presentes en la reunión José María Gómez-Valadés (consejero por Bélgica), José María Morillo (Costa Rica), María Concepción Rico (Cuba), Francisco Cortés (Chile), Augusto José Domínguez (Brasil), Josefina Tomé (México) y Ana Fernández Asperilla, consejera suplente por el sindicato Comisiones Obreras.  

 

 

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