La Comisión de Derechos Civiles acusa a diputados y senadores de las “consecuencias nefastas” de la reforma de la Loreg

Los miembros de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), reunidos los pasados días 16 y 17 en Madrid, elaboraron una “declaración amplia” dirigida a diputados y senadores en las Cortes españolas en las que les acusan de ser los directos responsables de las “consecuencias nefastas” de la reforma de la Loreg, que dificulta y reduce a mínimos la participación de los residentes en el exterior en las convocatorias electorales que se celebran en España, tal y como ha quedado de manifiesto en los comicios celebrados desde la entrada en vigor de la mencionada ley.

“Si no han puesto los medios necesarios para corregirlo, también son responsables”, aseguró a ‘Crónicas de la Emigración’ el presidente de la Comisión, Ángel Capellán –elegido presidente tras el fallecimiento el pasado mes de febrero de Rafael Castillo–, quien tachó de “desastre” la participación de los emigrantes en las europeas del pasado mes de mayo. En este contexto, informó de la intención de enviar la declaración en sobre individual a todos y cada uno de los integrantes de las Cortes, con el fin de “provocar” en ellos “una acción más directa y responsable” sobre un asunto que preocupa de manera especial al colectivo en el exterior.

Para ello, confirmó Capellán, se pedirá la aprobación del pleno del Consejo General, que se celebrará el próximo mes de septiembre, y que deberá pronunciarse también sobre la creación de una subcomisión, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, que desarrolle un proyecto de nacionalidad de los españoles en el exterior. La propuesta responde así a una petición realizada hace tiempo para poner énfasis sobre otro de los asuntos relacionados con los españoles en el exterior que “hay que corregir”, apuntó Capellán, quien recordó que de los países desarrollados, sólo tres, España, Ciudad del Vaticano y Andorra, “no tienen ley de nacionalidad como tal”.

La subcomisión quedó integrada por el propio Capellán, quien actuará como coordinador, así como por el presidente del CGCEE, Eduardo Dizy; el expresidente de dicho organismo, Francisco Ruiz, y la consejera por Perú, Carmen Pérez Bollo. Así mismo, se propone que integren la misma expertos entendidos en materia de nacionalidad.

Cambios en la normativa de los CRE

Capellán también informó de que una subcomisión de trabajo integrada por José Mansilla, Marco Antonio de Lera y él mismo se encargó de elaborar un documento para introducir cambios en la normativa de los Consejos de Residentes Españoles (CRE), que fue presentado en la comisión y deberá someterse igualmente a la aprobación en el Pleno, en el que se recogen “todas las propuestas enviadas en los últimos años” agrupadas en varias áreas temáticas: elecciones a los CRE, financiación, funcionamiento e información.

En el apartado de elecciones, “hay muchos problemas y cambios que se imponen”, dijo Capellán, y es por ello que se acordó pedir al pleno la modificación del Real Decreto que establece los plazos para la disolución del mandato del Consejo, de tal modo que no se produzca un vacío de poder, ya que, en la actualidad, cuando se disuelve, el CRE se queda sin representación, confirmó el presidente, quien también habló del acuerdo alcanzado en la Comisión para modificar el modo en que se reúnen los avales para las candidaturas; que las notificaciones de las elecciones a los CRE sea más específica; la celebración de una segunda ronda de elecciones, y la eliminación de los mínimos de participación.

Como propuesta paralela en esta apartado, se incidió en la creación de un directorio de correo electrónico de todos los españoles en el exterior, que funcione a nivel consular y con la participación de los CRE, que podrá ser utilizado en los procesos electorales y también para enviar información ordinaria.

En el apartado de financiación, se pide que los presupuestos de los CRE sean más flexibles y adecuados, mientras que en lo que atañe al funcionamiento, piden que se aplique de modo generalizado el uso de las nuevas tecnologías en las reuniones de los CRE para que los integrantes de dichos organismos puedan estar presentes por medios telemáticos cuando su asistencia presencial no sea posible, y ésta sea considerada como válida. También proponen modificar el mínimo de reuniones ordinarias, de tal manera que vuelvan a ser cuatro. En este apartado, se pide que se contemple la obligatoriedad de los miembros de los CRE de asistir a las mismas y su eliminación del mismo si faltan a seis convocatorias consecutivas.

En el área de funcionamiento, solicitan igualmente que los miembros del CRE reciban un trato protocolario.

Por último, en el apartado de información, se pidió la creación de una guía de funcionamiento de los CRE para aquellos que quieran formar una candidatura; que toda la información de los CRE se envíe al consulado y que las páginas de los consulados tengan más información sobre los CRE y los procesos electorales, y la creación de un portal de los CRE en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que facilite el acceso sin mayor coste y sin excesiva dificultad y ayude a familiarizarse con este organismo. Igualmente, piden a dicho Ministerio la creación de un boletín informativo electrónico de los temas que afectan en la vida diaria de los residentes en el exterior, ya que dicho Ministerio “tiene todos los medios técnicos y los equipos” para llevar a cabo una labor de información “precisa, breve y clara”.

Igualmente, se elaboró un documento que recoge las propuestas anteriores que afectan al Real Decreto y a la Orden Ministerial sobre el funcionamiento de los CRE y se acordó solicitar la presencia del director general de los Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares y Migratorios para que esté presente en la reunión del próximo año de esta Comisión y “tenga tiempo para hacer seguimiento de preguntas a las que no tenemos respuesta”, confirmó Capellán.

La reunión también abordó cuestiones que afectan a los consulados en América, algunos de los cuales “están saturados”, dijo, y es por ello que se hace necesaria su ampliación o bien crear consulados nuevos, apuntó.

La situación que afecta a los presos españoles en países de Hispanoamérica también preocupa a los integrantes de la Comisión de Derechos Civiles y Participación, que la calificaron de “desastrosa”, sobre todo en países como Perú o Ecuador, y es por ello que consideran que “no es justo que el Gobierno español no trate de que” esos presos “se puedan trasladar a España”.

La Comisión realizó una declaración en memoria del fallecido Rafael Castillo con la intención de que se le pueda conceder alguna distinción personal a título póstumo, en reconocimiento a su trabajo a favor de los colectivos del exterior, puntualizó Capellán.