El CGPJ traslada a Venezuela su “preocupación” por la detención de la juez Lourdes Afiuni
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trasladó, el martes 17 de agosto, a Venezuela su “preocupación” por la detención de la juez Lourdes Afiuni Mora, al considerar que “no se conocen las razones de su detención” ni “sus condiciones de reclusión”, según informó el órgano de gobierno de los jueces.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trasladó, el martes 17 de agosto, a Venezuela su “preocupación” por la detención de la juez Lourdes Afiuni Mora, al considerar que “no se conocen las razones de su detención” ni “sus condiciones de reclusión”, según informó el órgano de gobierno de los jueces.
La iniciativa partió de la Comisión de Relaciones Internacionales y fue evaluada por la Comisión Permanente, que aprobó un acuerdo en el que manifiesta su “pleno respeto a la soberanía nacional venezolana y a la independencia del poder judicial del país hermano”.
En todo caso, el CGPJ se dirige al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la República Bolivariana de Venezuela interesándose por “las razones y condiciones de tal detención, de modo que sean compatibles con los textos internacionales que garantizan la independencia judicial y los derechos humanos”.
La magistrada fue encarcelada en diciembre de 2009 acusada de corrupción por haber dejado en libertad al banquero Eligio Cedeño, detenido en 2007 por su presunta participación en un fraude bancario.
Cedeño tenía la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales venezolanas, pero aprovechó para huir.
El pasado 8 de agosto, el Parlamento europeo aprobó una resolución en la que reclamaba al Ejecutivo de Hugo Chávez Frías que ponga en libertad a la magistrada y respete la independencia del poder judicial y el Estado de derecho.
En julio pasado, el Senado español también había aprobado una moción instando al gobierno español a interesarse por las condiciones y razones de la reclusión de la jueza venezolana.
La iniciativa partió de la Comisión de Relaciones Internacionales y fue evaluada por la Comisión Permanente, que aprobó un acuerdo en el que manifiesta su “pleno respeto a la soberanía nacional venezolana y a la independencia del poder judicial del país hermano”.
En todo caso, el CGPJ se dirige al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la República Bolivariana de Venezuela interesándose por “las razones y condiciones de tal detención, de modo que sean compatibles con los textos internacionales que garantizan la independencia judicial y los derechos humanos”.
La magistrada fue encarcelada en diciembre de 2009 acusada de corrupción por haber dejado en libertad al banquero Eligio Cedeño, detenido en 2007 por su presunta participación en un fraude bancario.
Cedeño tenía la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales venezolanas, pero aprovechó para huir.
El pasado 8 de agosto, el Parlamento europeo aprobó una resolución en la que reclamaba al Ejecutivo de Hugo Chávez Frías que ponga en libertad a la magistrada y respete la independencia del poder judicial y el Estado de derecho.
En julio pasado, el Senado español también había aprobado una moción instando al gobierno español a interesarse por las condiciones y razones de la reclusión de la jueza venezolana.
