El CGCEE solicitará al Ministerio de Justicia que anule la instrucción que permite registrar en los consulados a los niños nacidos por maternidad subrogada

Esta fue una de las propuestas que más debate y controversia generó entre los consejeros. De hecho, fue la que se aprobó con menos votos a favor (35) y más votos en contra (15).

La propuesta, elaborada por la presidenta, Violeta Alonso, y la consejera por Alemania, Alba Delgado, que ya dejó su puesto en el Pleno tras haber regresado a España, explica que esta instrucción es un resquicio normativo que permite, “a través de las oficinas consulares de España en el extranjero, eludir la prohibición legal de una práctica que supone una violencia reproductiva contras las mujeres y una vulneración de los derechos de los menores, como reconoce el ordenamiento legal en España en la actualidad”.

En la exposición de motivos se recuerda que en la legislación española sobre técnicas de reproducción asistida se considera la nulidad de los contratos de gestación, con o sin precio, mediante los que una mujer renuncia a la filiación materna a favor de otra persona. Además, se establece que dicha filiación está determinada por el parto.

Además de ir contra la legislación española, la propuesta incide en que esta práctica “mercantiliza” el cuerpo de las mujeres, “les niega su derecho a la filiación y les somete a cláusulas abusivas que limitan su autonomía personal y su integridad física y moral incompatibles con la dignidad de todo ser humano”.

En cuanto a los menores, “los convierte en objeto de transacción contractual y comercial, lo que supone tráfico de personas, vulnera su derecho a conocer su origen y resulta gravemente lesivo para su dignidad e integridad moral”.

Aunque la mayoría de los consejeros se mostraron conforme con la petición, muchos expresaron sus dudas respecto a la situación de vulnerabilidad en la que quedaban esos niños si no se permitía su registro en el consulado.

Uno de los consejeros que más rechazo mostró a aprobar esta propuesta fue el representante por Canadá, Pablo Ruisánchez, quien, además de recordar que en Canadá la maternidad subrogada es una práctica legal y regulada, aseguró que “son españoles los hijos de padres españoles” y por eso tienen derecho a ser inscritos como tal en el consulado.

Ruisánchez, que pidió la retirada de la propuesta al entender que no era competencia del Pleno porque la mayoría de los casos afectan a residentes en España, reiteró que prohibir la inscripción de estos niños supone dejarlos en una situación de indefensión al tener que ir a España como extranjeros y, por lo tanto, con problemas para acceder a la sanidad y resto de servicios.

Por su parte, el consejero por Alemania, Juan González, defendió la necesidad de proteger a los niños, asegurando que “una vez que han nacido, deberían poder registrarse”.

Además de Violeta Pérez, que insistió en que esta práctica es una “instrumentalización” del cuerpo de la mujer, se mostraron en contra de la maternidad subrogada Josefina Santomé, de México, quien afirmó que “es necesario acabar con la industria de la reproducción asistida”, y Nuria Fraile, que fue más allá, y equiparó la “compra de menores” con la “trata de personas”.