Camba: “Una mentira repetida muchas veces parece que termina siendo verdad”
El responsable de Emigración de Galicia, Santiago Camba, replicó a la intervención del representante del Grupo Socialista en el Congreso que en su etapa en Argentina detectó “mal sabor de boca” porque no se escuchó ninguna propuesta del partido en el Gobierno y que “ya nadie cree que el Estado del bienestar sea fruto de losgobiernos socialistas que ha habido en España”.
También, refiriéndose al estancamiento de las pensiones asistenciales con el gobierno del PP, afirmó que “una mentira repetida muchas veces parece que termina siendo una verdad y no es así”. En este sentido pidió que el CGCEE dé al ex consejero laboral en Buenos Aires Norberto Mansilla la oportunidad de que explique por qué cuando legó el PSOE al Gobierno encontró un elevado número de solicitudes de pensiones asistenciales parado en la Consejería.
Camba explicó que el 31 de marzo terminó el plazo de presentación de solicitudes y Mansilla fue cesado en abril y mantuvo que de los 11.000 expedientes hallados 8.600 estaban pendientes de ciertos trámites. También acusó al gobierno socialista de que después tardó más de seis meses en enviarlos y de que, mantuvo, una parte tardó más de dos años en pagarse y se hizo sin retroactividad.
También subrayó que el primer convenio de asistencia sanitaria para los españoles en el exterior carentes de recursos se firmó en 1997 con Chile y que “prácticamente la mayoría de los convenios estaban firmados cuando el PP dejó el gobierno.
Manuel Ortiz, representante de la Comunidad de Madrid, replicó que la tarjeta sanitaria implantada por la Comunidad de Madrid “es una buena medida para más de 200 madrileños residentes en el exterior que han sido atendidos en la Comunidad de Madrid”.
Luis Lamiel (representante de Comisiones Obreras) y Francisco Rodríguez (de la Coordinadora Europea de Asociaciones de Emigrantes Españoles) explicaron que no en todos los países se aplica el criterio de la reciprocidad para ofrecer el voto en las municipales a los inmigrantes, sino el de tiempo de residencia, y citaron los casos de Suiza y Suecia.
Protestas por los requisitos para el voto
José Franco (Suiza) reprochó que el PP pidiese a la Junta Electoral Central (JEC) nuevos requisitos de identificación de los votantes del exterior para que su sufragio fuese válido, indignándose porque se pusiese en duda su honorabilidad, como parte del colectivo. Dijo también haberse sentido muy sorprendido cuando desde el PP se dijo que esperaban que el voto exterior no decidiese nada en las elecciones autonómicas que se celebraron en Galicia. “¿Se imaginan la que se hubiese montado si pierde dos diputados en PP?”, planteó respecto al recuento del voto de los residentes en el exterior.
El representante por Suiza llevaba consigo la prueba de su honorabilidad como ciudadano que defendía, aunque también lo era de que el sistema tiene fallos: tenía en su poder la documentación del voto que hubiese correspondido a su madre, que le llegó indebidamente y que él no usó.
Casto Vieitez (Brasil) recordó que ya existe la posibilidad de que los residentes en el exterior voten a través de los consulados y que apenas se utiliza esta vía y se sumó a la indignación de José Franco “por la duda de la honorabilidad” y a sus críticas a la resolución de la JEC, a la que Vieitez atribuye “que el 25 por ciento de los votos resultasen nulos, porque la gente no estaba preparada para votar” conforme a los nuevos requisitos.
El consejero por República Dominicana Eduardo Pahino preguntó por qué el PP no puso en marcha este tipo de medidas en sus años de gobierno, “cuando lo hizo con mayoría absoluta”.
SOVI
Laureano Román (Francia) y Rafael Castillo (Marruecos) reclamaron que el CGCEE no es un foro de enfrentamiento político sino de resolución de problemas de un colectivo. El primero dijo alegrarse de que el PP apoye lo establecido en el Estatuto respecto al SOVI pero recordó que ya se habían producido sentencias en esta materia que el gobierno no aceptó siendo Eduardo Zaplana ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y opinó que ahora el PSOE sigue los mismos criterios y que ambos partidos son responsables de que este asunto no esté resuelto como reivindican. El segundo reclamó una ley de nacionalidad y “que la universalidad de la atención sanitaria sea al cien por cien”.
Por la solución de las cuestiones planteadas respecto al SOVI también se interesó Antonio Navarro (Bélgica).
Amadeo Calzada consideró que el gobierno cometió un error en la reforma de la nacionalidad “al poner el año 1955 como final del exilio, cuando terminó en 1978”.
Otros consejeros se interesaron por la opinión de los representantes de los grupos políticos respecto a la creación de una circunscripción electoral para el exterior y la representación parlamentaria del colectivo.
También, refiriéndose al estancamiento de las pensiones asistenciales con el gobierno del PP, afirmó que “una mentira repetida muchas veces parece que termina siendo una verdad y no es así”. En este sentido pidió que el CGCEE dé al ex consejero laboral en Buenos Aires Norberto Mansilla la oportunidad de que explique por qué cuando legó el PSOE al Gobierno encontró un elevado número de solicitudes de pensiones asistenciales parado en la Consejería.
Camba explicó que el 31 de marzo terminó el plazo de presentación de solicitudes y Mansilla fue cesado en abril y mantuvo que de los 11.000 expedientes hallados 8.600 estaban pendientes de ciertos trámites. También acusó al gobierno socialista de que después tardó más de seis meses en enviarlos y de que, mantuvo, una parte tardó más de dos años en pagarse y se hizo sin retroactividad.
También subrayó que el primer convenio de asistencia sanitaria para los españoles en el exterior carentes de recursos se firmó en 1997 con Chile y que “prácticamente la mayoría de los convenios estaban firmados cuando el PP dejó el gobierno.
Manuel Ortiz, representante de la Comunidad de Madrid, replicó que la tarjeta sanitaria implantada por la Comunidad de Madrid “es una buena medida para más de 200 madrileños residentes en el exterior que han sido atendidos en la Comunidad de Madrid”.
Luis Lamiel (representante de Comisiones Obreras) y Francisco Rodríguez (de la Coordinadora Europea de Asociaciones de Emigrantes Españoles) explicaron que no en todos los países se aplica el criterio de la reciprocidad para ofrecer el voto en las municipales a los inmigrantes, sino el de tiempo de residencia, y citaron los casos de Suiza y Suecia.
Protestas por los requisitos para el voto
José Franco (Suiza) reprochó que el PP pidiese a la Junta Electoral Central (JEC) nuevos requisitos de identificación de los votantes del exterior para que su sufragio fuese válido, indignándose porque se pusiese en duda su honorabilidad, como parte del colectivo. Dijo también haberse sentido muy sorprendido cuando desde el PP se dijo que esperaban que el voto exterior no decidiese nada en las elecciones autonómicas que se celebraron en Galicia. “¿Se imaginan la que se hubiese montado si pierde dos diputados en PP?”, planteó respecto al recuento del voto de los residentes en el exterior.
El representante por Suiza llevaba consigo la prueba de su honorabilidad como ciudadano que defendía, aunque también lo era de que el sistema tiene fallos: tenía en su poder la documentación del voto que hubiese correspondido a su madre, que le llegó indebidamente y que él no usó.
Casto Vieitez (Brasil) recordó que ya existe la posibilidad de que los residentes en el exterior voten a través de los consulados y que apenas se utiliza esta vía y se sumó a la indignación de José Franco “por la duda de la honorabilidad” y a sus críticas a la resolución de la JEC, a la que Vieitez atribuye “que el 25 por ciento de los votos resultasen nulos, porque la gente no estaba preparada para votar” conforme a los nuevos requisitos.
El consejero por República Dominicana Eduardo Pahino preguntó por qué el PP no puso en marcha este tipo de medidas en sus años de gobierno, “cuando lo hizo con mayoría absoluta”.
SOVI
Laureano Román (Francia) y Rafael Castillo (Marruecos) reclamaron que el CGCEE no es un foro de enfrentamiento político sino de resolución de problemas de un colectivo. El primero dijo alegrarse de que el PP apoye lo establecido en el Estatuto respecto al SOVI pero recordó que ya se habían producido sentencias en esta materia que el gobierno no aceptó siendo Eduardo Zaplana ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y opinó que ahora el PSOE sigue los mismos criterios y que ambos partidos son responsables de que este asunto no esté resuelto como reivindican. El segundo reclamó una ley de nacionalidad y “que la universalidad de la atención sanitaria sea al cien por cien”.
Por la solución de las cuestiones planteadas respecto al SOVI también se interesó Antonio Navarro (Bélgica).
Amadeo Calzada consideró que el gobierno cometió un error en la reforma de la nacionalidad “al poner el año 1955 como final del exilio, cuando terminó en 1978”.
Otros consejeros se interesaron por la opinión de los representantes de los grupos políticos respecto a la creación de una circunscripción electoral para el exterior y la representación parlamentaria del colectivo.
