Los retornados pueden acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía que refuerza su protección

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el Procurador del Común, Javier Amoedo, han firmado un convenio de colaboración para la coordinación de actuaciones en materia de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), una prestación a la que pueden acceder los emigrantes castellanos y leoneses retornados, ya que están exentos de cumplir con el requisito de haber estado empadronados en Castilla y León durante al menos los 12 meses previos a la presentación de su solicitud, siempre que puedan acreditar documentalmente su condición de emigrante retornado.

La Renta de Ciudadanía garantiza las necesidades básicas de subsistencia de miles de personas y familias de Castilla y León, las que peor lo están pasando por la crisis, y gracias a la última reforma de 2016 llegará también a aquellas familias sin especiales necesidades de inclusión social, que se han visto inmersas en una situación de vulnerabilidad como consecuencia de los efectos de la crisis económica, así como a quienes, aun trabajando, obtienen unos ingresos insuficientes para atender esas necesidades. Durante 2016, fueron 38.560 los beneficiarios de esta prestación, 1.000 más que en 2015. La Renta Garantizada de Ciudadanía persigue también la inserción sociolaboral de las personas y 4.245 perceptores tuvieron trabajo en 2016.

Tras agradecer al Procurador del Común su disposición a coordinar actuaciones y colaborar con la Junta para reforzar la eficacia y la transparencia en la prestación de los servicios a los ciudadanos, Alicia García ha asegurado que este convenio va a servir para seguir mejorando una prestación esencial como la Renta Garantizada de Ciudadanía, enmarcada en la Red de Protección.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se compromete a facilitar periódicamente al Procurador del Común datos referidos a la gestión de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía, creando así un canal directo de comunicación que permita recibir de forma anticipada las quejas y reclamaciones admitidas en la Procuraduría del Común, además del compromiso de reducir los plazos previstos para la contestación al Procurador.

Por su parte, el Procurador del Común se compromete a informar periódicamente a la Consejería de todo lo relativo a sus actuaciones en esta materia; facilitar la información que pueda recabar sobre la tramitación de expedientes sobre la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía; colaborar con la Consejería a la hora de considerar posibles modificaciones normativas y de la práctica administrativa con el fin de reforzar, en último término, la protección del ejercicio del derecho a la prestación, apoyar y colaborar con las iniciativas de carácter informativo o divulgativo.

Datos de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía en 2016

El trabajo de la Junta por las familias y personas más vulnerables tuvo, con el inicio de la crisis, su más inmediato reflejo en la creación, en 2013, de la Red de Protección a las familias y personas afectadas por la crisis, que ha ofrecido respuestas concretas y urgentes a las necesidades de una media de 180.000 castellanos y leoneses al año, a través de 23 programas y 300 agentes, con un gasto, en 2016, cercano a los 180 millones de euros.

En 2016, fueron 38.560 los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía, 1.000 más que en 2015. El perfil del perceptor de la RGC corresponde, mayoritariamente, a una mujer –58,09% eran mujeres frente al 41,9% hombres–, que vive en el medio urbano –el 62,5% de los titulares residen en medio urbano–, de entre 25 y 45 años –53,12% de los titulares estaban en esta franja de edad–, con cargas familiares –58,8% tiene familiares a su cargo frente al 41,1% de los casos en los que el titular es beneficiario único–, en especial con hijos menores de edad, y de nacionalidad española –el 12,03% eran extranjeros–.