Las Cortes de Castilla y León aprueban la Ley de Ciudadanía Exterior
Las Cortes de Castilla y León, con la única oposición del parlamentario leonesista Alejandro Valderas, han aprobado la Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior que pretende garantizar los derechos de los 146.000 emigrantes castellanoleoneses en materias como sanidad, educación y empleo.
Las Cortes de Castilla y León, con la única oposición del parlamentario leonesista Alejandro Valderas, han aprobado la Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior que pretende garantizar los derechos de los 146.000 emigrantes castellanoleoneses en materias como sanidad, educación y empleo.
La Ley de Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior contó con el consenso de los grupos Popular y Socialista y del parlamentario de IU, José María González, e incluye, como novedad, una política integral de retorno para los emigrantes que deseen regresar a su tierra.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha destacado el alto grado de consenso, solo un voto en contra, en una ley que emana del Estatuto de Autonomía y regula el tratamiento que se debe otorgar a los emigrantes castellanoleoneses y como garantizar sus derechos.
De Santiago-Juárez ha destacado que el nuevo texto, que sustituye a la Ley de 30 de mayo de 1986, garantiza a los emigrantes el ejercicio de sus derechos como castellanoleoneses en materias como la educación, la sanidad y el empleo y apoya a los que se encuentren en situación de especial necesidad.
Según ha explicado el Consejero de Presidencia, la Ley reconoce también el derecho a participar en la vida social y cultural de los emigrantes castellanoleoneses u oriundos de la comunidad autónoma que tendrán derecho a participar en los asuntos públicos como ciudadanos de Castilla y León.
Se reconocerá como ciudadanos de Castilla y León a los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en la comunidad autónoma y acrediten legalmente esta condición.
También tendrán la consideración de castellanoleoneses en el exterior los ciudadanos de la comunidad que se encuentren desplazados temporalmente fuera del territorio nacional.
En otro de los apartados se regulan las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, sus federaciones y confederaciones y otras entidades de apoyo y crea el Registro de comunidades castellanas y leonesas en el exterior adscritas a la Consejería que sea competente en materia de emigración.
El consejero de la Presidencia, quien ha resaltado que existen 133 casas regionales de Castilla y León, muchas de las cuales han hecho sus aportaciones al texto, ha destacado la importancia de que el nuevo texto facilite una política integral de retorno de los emigrantes a su tierra.
En apoyo de la Ley, el procurador del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Félix Alonso, ha subrayado la importancia de que los castellanoleoneses que se vieron obligados a emigrar se pueden sentir “más protegidos” y ha dicho que la norma era necesaria a la hora de “recoger derechos fundamentales” en materias como “salud pública, participación o facilitación del retorno”.
También ha declarado durante su intervención que esta ley “consolida y refuerza” el papel de las asociaciones de ciudadanos castellanoleoneses en el extranjero.
La procuradora del Grupo Parlamentario Popular, Isabel Blanco Llamas, ha resaltado que el texto de esta nueva ley sea de “consenso” y se haya visto mejorado con el trabajo de otros partidos.
Ha apuntado también que es una ley “pensada por y para las personas, para todos aquellos que se sienten castellanoleoneses y quieren participar en la vida cultural, política y social de la región”.
El parlamentario de IU, José María González, ha reconocido la necesidad de garantizar los derechos de la emigración castellanoleonesa y el apoyo a las asociaciones en las que se integran.
En la explicación de su voto en contra, el parlamentario de Unión del Pueblo Leonés (UPL), integrado en el Grupo Mixto, Alejandro Valderas, ha explicado que la nueva Ley es “un formalismo de intenciones” y “es corta” en sus objetivos y en los compromisos que acepta la Junta de Castilla y León.
También se ha mostrado contrario al nuevo registro de asociaciones y ha indicado que la nueva normativa rechaza que puedan subsistir entidades como la Casa del Reino de León o la Casa de Castilla La Vieja.
