VIAÑA INFORMA DE LAS CUENTAS DE SU DEPARTAMENTO, LAS MÁS ALTAS DE SU HISTORIA

La Consejería de Presidencia incrementará las ayudas nominativas de las Casas de Cantabria para sus gastos de funcionamiento

| 10 de noviembre de 2021, 14:56
11:30 horas. Sala de prensa del Gobierno de Cantabria.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, informa, en rueda de prensa, de los presupuestos de su departamento para el año 2022.
Paula Fernández posa con su equipo durante el acto de presentación de presupuestos.

La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria tendrá un presupuesto que superará los 130 millones de euros en 2022, el más alto de su historia, lo que supone un incremento del 5,3 por ciento respecto al presente ejercicio (6,8 millones más, si se computan los fondos europeos), unas cuentas que “repercutirán en el bien común”, a través de la mejora del empleo público y el buen funcionamiento de los servicios públicos prestados a la ciudadanía.

Sin computar los fondos de Europa, Presidencia será la sección presupuestaria que más crece en el presupuesto regional, tras la amortización de la deuda pública y el área de Sanidad.

Así lo ha resaltado la responsable de esta área del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández Viaña, quien ha comparecido en rueda de prensa acompañada de su equipo directivo, y en la que se ha fijado como objetivo conseguir una Administración pública “moderna y con un catálogo de servicios públicos de primera división”. Con estos presupuestos, “Cantabria quiere jugar en la Champions League de la eficacia y eficiencia administrativa”, ha subrayado.

Para potenciar la acción exterior de Cantabria, la Consejería de Presidencia incrementará las ayudas nominativas de las Casas de Cantabria para sus gastos de funcionamiento, un gesto, según la consejera, que busca un impulso y reanudación de su actividad ordinaria. Asimismo, se financia el funcionamiento de la Oficina de Cantabria en Bruselas.

Uno de los ejes principales de actuación será el empleo público y reducir la temporalidad mediante la ejecución de las nuevas ofertas de empleo público, a través de dos partidas presupuestarias que suman 520.000 euros. En concreto, se volverán a celebrar exámenes en el segundo semestre de 2022, ejecutándose de forma conjunta las ofertas de 2020, 2021 y 2022, además de las que puedan ser aprobadas de estabilización.

Tras reducir la temporalidad en dos años en más de 12 puntos en la Administración General, Fernández Viaña ha destacado que Cantabria está “muy cerca” de cumplir los objetivos que marca Europa para 2024 del 8 por ciento. “Vamos bien, a velocidad de crucero, trabajando por el empleo público estable y de calidad”, ha dicho la consejera, que ha añadido que Cantabria “quiere ser la punta de lanza de la lucha contra la temporalidad en el empleo público y mandar un mensaje claro a Europa de que somos una región seria y cumplidora”.

En materia de empleo público, se habilitan otras partidas destinadas a la aplicación de fondos adicionales previstos para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal público, sobre todo de las escalas más bajas.

Asimismo, para el personal laboral se ha llegado a un acuerdo para la jubilación parcial anticipada, así como un incremento del complemento singular de puesto de categorías profesionales que prestan sus servicios en los Centros de Atención a la Dependencia de Santander y Laredo, que “tan encomiable labor ha realizado especialmente durante la pandemia”, ha destacado la consejera. Igualmente, se habilita una partida de 1,7 millones para la ejecución de los acuerdos de mejora que se adopten en el próximo ejercicio.

 

 

Modernización tecnológica y servicios públicos

La modernización tecnológica y la mejora de la eficiencia en los servicios públicos será otro de los ejes de actuación. La Dirección de Informática y Tecnología contará con un presupuesto de 25,4 millones (un 11,8 por ciento más), con los que se reforzará las áreas críticas; se impulsarán otras estratégicas como la capacidad de proceso, el almacenamiento y la seguridad de la plataforma informática del Gobierno de Cantabria, y se dotará a los empleados públicos de mejor capacidad para el teletrabajo.

En concreto, y con cargo a los Fondos de Recuperación, se implantará un nuevo Centro de Procesamiento de Datos de Respaldo y mejora de la infraestructura tecnológica de ciberseguridad.

El contrato SILIÓ, por importe de 3,5 millones, sustituye al antiguo Osiris para la gestión y administración de la plataforma informática corporativa, punto neurálgico para una administración plenamente digital. Como novedad, se lanzará un nuevo contrato de ciberseguridad, por importe de más de 250.000 euros.

El Teléfono de Información Administrativa 012 mantendrá los refuerzos de medios y personal incorporados con la pandemia para mejorar los tiempos de respuesta. Habrá más agentes y medios, para lo que se incluye una partida de 750.000 euros anuales, frente a los 290.000 euros actuales.

Del mismo modo, se prevé aprobar en el segundo semestre del año el proyecto de ley de Participación Ciudadana, una vez concluya el proceso participativo abierto este año.

Para mejorar también los servicios públicos, jugará “un papel destacado”, en palabras de la consejera, la formación continua de los empleados públicos. El presupuesto del Centro de Estudios de la Administración Regional (CEARC), que próximamente por modificación legislativa se convertirá en el Instituto Cántabro de Administración Pública de Cantabria- Rafael de la Sierra, incrementa su presupuesto en más de un 10 por ciento, superando los 1,7 millones de euros.

 

 

Incremento en el servicio de emergencias

El área de emergencias consolida y continúa el importante incremento que sufrió el ejercicio pasado, durante la pandemia. El presupuesto de la Dirección General de Interior crece en 8,8 por ciento hasta los 8,6 millones y el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), que gestiona el 112 y los parques de bomberos autonómicos, en un 8,5 por ciento, superando los 10 millones de euros.

La Consejería invertirá 800.000 euros procedentes de los fondos europeos en la renovación y mejora del Centro de Atención de Emergencias 112. Se mantiene la inversión para reposición de equipos y medios materiales de los parques de emergencias.

El mantenimiento del equipo del helicóptero para intervenciones de salvamento y rescate, transporte sanitario, protección civil y de asistencia sanitaria conllevará una partida de 2,2 millones, y se mantienen las cuantías para subvenciones en playas (600.000 euros), la de adquisición de vehículos de protección civil (170.000 euros), la de material para las agrupaciones (185.000 euros) y otra extraordinaria para financiar nuevas uniformidades a los voluntarios (90.000 euros).

La Consejería de Interior incrementa, hasta alcanzar los 150.000 euros, el presupuesto para la instalación de hidrantes en los municipios.

En el ámbito de los rescates, el Gobierno de Cantabria ha incluido una modificación legislativa en el proyecto de ley de Medidas, que acompaña a los presupuestos, para introducir un nuevo supuesto para aplicar la tasa por el servicio de rescate y salvamento.

Además de cuando hay una alerta meteorológica de nivel naranja o superior, no llevar el equipamiento mínimo o se haga caso omiso a las señales de advertencia en zonas peligrosas o accesos restringidos, se añadirá la posibilidad de aplicar la tasa en el caso de que una persona buscada y rescatada en una cueva no hubiera adoptado la precaución de comunicar al Centro de Atención de Emergencias 112 la realización de dicha actividad, antes de efectuar la entrada a la cavidad.

 

 

Más recursos para justicia y los ayuntamientos

El presupuesto en materia de Justicia es el más alto de la historia de la Comunidad Autónoma, alcanzando los 37,1 millones lo que supone un incremento del 7,5 por ciento con respecto al ejercicio 2021.

Como novedades, destacar la creación de una Oficina Judicial de Notificaciones en el Centro Penitenciario de El Dueso, para lo que se viene trabajando con los Ministerios de Interior y Justicia en un convenio de colaboración que el Gobierno autonómico espera poner en marcha próximamente. Igualmente, la consejera de Justicia espera culminar el proceso de negociación de la Oficina Fiscal.

La justicia gratuita se incrementa en más de 175.000 euros con los que financiar el turno de oficio de abogados y procuradores en previsión del nuevo decreto que se tramita.

Habrá más dinero para la dotación de medios materiales en la justicia, que crece un 18 por ciento (800.000 euros más) con el fin de profundizar en la transformación tecnológica del servicio. El presupuesto contempla una partida de más de 1,1 millones de euros para abordar actuaciones pendientes en edificios de la Administración de Justicia, como es el caso de la reforma del Edificio Europa para albergar nuevas unidades judiciales.

Con respecto a la cooperación con los ayuntamientos, se contará con un presupuesto de 20 millones de euros, de los que 15,8 son del Fondo de Cooperación Local, que se incrementa en un 4 por ciento (600.000 euros). Habrá otros 300.000 euros para financiar la actividad de las mancomunidades, 200.000 para las juntas vecinales y 40.000 para la Federación de Municipios de Cantabria.

Se mantiene la financiación necesaria de la plataforma tecnológica de los servicios municipales de administración electrónica (340.000 euros), y se seguirán desarrollando los acuerdos marco para el ahorro en los gastos corrientes municipales, así como la plataforma SIGBOC para que los ayuntamientos tramiten de forma directa y sin desplazamientos los anuncios que realicen en el Boletín Oficial de Cantabria.

Para potenciar la seguridad ciudadana de los ayuntamientos, se mantendrán las ayudas, por importe de 150.000 euros, destinadas a la adquisición de vehículos de la policía local, y se crea una partida nueva de 100.000 euros para la adquisición de otro material necesario para reforzar estos servicios y contribuir a la homogenización de los medios técnicos de los distintos cuerpos que trabajan en Cantabria.

Las políticas frente al despoblamiento rural, dentro de la Consejería de Presidencia, dispondrán de una partida de 426.000 euros para comenzar con el proyecto contra la exclusión bancaria.

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