Entrevista con Martín Moyano, interventor del Centro Gallego de Buenos Aires

Martín Moyano Barros: “Hoy el Centro Gallego de Buenos Aires tiene dos alternativas: el cierre o la concesión”

Martín Moyano Barros, interventor del Centro Gallego de Buenos Aires, conversó con ‘Galicia en el Mundo’ sobre la situación actual de la entidad, y entre otras cosas afirmó que “hoy el Centro Gallego tiene dos alternativas: el cierre o la concesión”.

Martín Moyano Barros: “Hoy el Centro Gallego de Buenos Aires tiene dos alternativas: el cierre o la concesión”
Martín Moyano Barro Interventor Centro Gallego de Bs As V
El interventor judicial del Centro Gallego de Buenos Aires, Martín Moyano Barro.

Martín Moyano Barros, interventor del Centro Gallego de Buenos Aires, conversó con ‘Galicia en el Mundo’ sobre la situación actual de la entidad, y entre otras cosas afirmó que “hoy el Centro Gallego tiene dos alternativas: el cierre o la concesión”.

Pregunta. ¿En qué situación se encuentra el Centro Gallego?

Respuesta. Nosotros estamos trabajando para encontrar una solución a la situación del Centro Gallego desde el punto de vista económico-financiero. Logramos arquear un pasivo superior a los mil millones de pesos, pero aún no logramos resolver los problemas de fondo que tiene la institución.

P. ¿Cuáles son esos problemas de fondo?

R. Básicamente se pueden observar en tres aspectos. Primero, una debilidad institucional muy severa que tiene muchas raíces pero la principal es el nivel de conflictividad de la poca dirigencia que tiene la institución en su relación con todo el mundo.

P. ¿A quiénes se refiere concretamente?

R. A los directivos de las agrupaciones y socios que de manera individual actúan en lo que sería la política de la institución. Nosotros nos hemos reunido alternativamente con todos, pero no hemos logrado ningún consenso con las ideas que traíamos, ni ha habido acuerdo entre ellos.

P. ¿La concesión del servicio requiere ineludiblemente la aprobación de la asamblea de representantes del Centro?

R. La asamblea de representantes es necesaria, ya sea para concesionar o tomar alguna otra decisión porque el estatuto establece que es la asamblea de representantes el órgano central por el cual la institución funciona.

P. ¿En qué estado se encuentran las negociaciones para la concesión del servicio?

R. Están estancadas porque, entre otras cosas, yo fui denunciado penalmente por los directivos de las agrupaciones.

P. ¿Quiénes hicieron la denuncia y por qué?

R. Me denunciaron en marzo pasado por administración fraudulenta y la presentaron todas las agrupaciones menos la de Breogán.

P. ¿Esto podría alejar a los inversores?

R. Sí, por falta de certidumbre y de seguridad jurídica. De hecho, ellos fueron los responsables de la salida del gobierno de Galicia del Centro. Lo que produjo una herida muy profunda y prácticamente de muerte para la institución porque echar al financiador fue el principio y el final. La salida de la Xunta de Galicia de la institución significó, además, la segunda gran deuda que tiene la institución, que es la de los juicios laborales. Los juicios laborales son cerca de 350, de los cuales 200 son de esa crisis 2011-2012 y el corazón de la deuda que tiene, en tamaño, el Centro Gallego, después de la deuda fiscal.

P. ¿La negociación con las agrupaciones se complicó en relación a algún punto en particular del precontrato?

R. Se estancaron cuando nosotros planteamos que era condición ‘sine qua non’ poder aprobar los balances porque eso da certeza a la deuda y establece un horizonte de lo que el concesionario debería pagar como canon.

P. ¿Qué balances debería tratar la asamblea?

R. Son cerca de ocho balances. El período de Carlos Bello (2008/2011); 2011/2012; 2012/2013; 2013/4; 2014/2015; 2015/2016 y después el mío 2016/2017, balance que ya está listo.

P. Luego de la última asamblea que fue fallida, ¿hubo o hay intención de volver a convocar la asamblea?

R. Nosotros quisimos explorar la posibilidad de un acuerdo pero no la hay y entonces estamos evaluando la posibilidad de convocar una asamblea sin que haya ningún tipo de acuerdo.

P. Además de la demanda penal de marzo, ¿se ha interpuesto alguna otra recientemente?

R. Puede ser. La verdad es que no me sorprenden. La realidad es que nosotros nos vamos a defender en la justicia y no tenemos nada que esconder. Nuestra gestión ha sido muy transparente porque hemos exhibido constantemente los números a todo el mundo. Incluso he pasado la auditoría de la Fundación Favaloro para ver si optaban a hacerse cargo de la gestión de la institución.

P. Mencionaba antes que había tres obstáculos para la mejora de la situación, ¿cuáles serían esos tres tipos de dificultades que no se han conseguido resolver?

R. El primero, que ya mencioné, es la debilidad institucional. La segunda debilidad es que hemos heredado una institución sin ningún tipo de control interno, desde el punto de vista prestacional. Esto significa que tenemos una auditoría médica débil, que no hay sistemas de información, ni de control de consumo de los servicios y eso hace que haya un consumo muy importante y ningún tipo de control sobre ese consumo. Hago hincapié en esto porque después de estar un año en la institución vemos que el consumo controlado es lo que podría ayudar a lograr un equilibrio en los números. Por último, una debilidad prestacional, producto de la debilidad institucional porque la institución tiene la mala fama de no pagar a los médicos y aunque ahora hemos logrado incorporar algunos médicos, con diversa suerte, no logramos revertir el problema de fondo, producto de esa mala fama que resulta de una crisis que no se termina nunca.

P. ¿Cuáles son los principales puntos del convenio de concesión que están negociando con Favaloro Salud?

R. La idea de la concesión es que se prolongaría por 24 años. Se firmaría entre el grupo Rivera, propiedad del grupo Centene, y la Fundación Favaloro. Es decir, el acuerdo se firmaría con una empresa que crearon ambos, llamada Favaloro Salud S.A.

P. ¿La Sociedad se creó específicamente para concesionar el Centro Gallego de Buenos Aires?

R. No solamente para esto sino para otros hospitales también y para los negocios del grupo Rivera en Argentina. Según anunciaron en la cena de  gala de la Fundación Favaloro.

P. ¿De qué monto sería la inversión que realizaría el grupo concesionario?

R. La inversión dentro del edificio nosotros la estimamos en 40 millones de dólares, en los dos primeros años. Habría un canon anual vinculado a la deuda; lo que pasa es que no hay certeza sobre la deuda.

P. ¿Cómo se puede establecer con certeza la deuda del Centro?

R. Hay dos alternativas: la primera es que se aprueben los balances, la segunda es concursar la institución.

P. Algo que critican las agrupaciones es que, según dicen, el acuerdo prevé un congelamiento del padrón de socios.

R. Como habrá una inversión muy importante, la idea del concesionario es cerrar el padrón para las prestaciones de salud. Porque en términos de mercado si no tendríamos que decirle a todos los socios que estuvieron con nosotros en época de vacas flacas que les vamos a cobrar lo mismo que les cobrarían en el Italiano o en el Británico. O sea tendríamos que subir los precios un 300% y eso es algo que no haremos. Vamos a dejar el valor como está y solamente les vamos a aplicar los aumentos que autorice la superintendencia, pero no se incorpora nadie más. Los nuevos ingresarían a la prepaga directamente, no a la mutual.

P. Las agrupaciones están preocupadas porque de acuerdo a la media de edad de los socios del Centro Gallego, dentro de 24 años, no quedarían socios de la mutual (propietaria del Centro).

R. Hoy no se anota nadie. Tenemos menos de cien socios nuevos este año. El padrón está cerrado de hecho. En total, el Centro tiene hoy unos 6.000 socios, con una baja de alrededor de 1.500 socios por año.

P. ¿Cómo se están prestando los servicios?

R. Se prestan con dificultades porque estamos con recursos propios desde hace cuatro meses. No tengo asistencia del Estado nacional, ni de ningún otro ente público o privado. Todo se paga con recursos propios.

P. ¿Por qué el Gobierno nacional ha dejado de enviar fondos públicos para el funcionamiento del Centro?

R. Porque no es política del Gobierno nacional subsidiar; menos a una institución privada y más si tiene posibilidades de tener una concesión para tener un funcionamiento razonable, con una inversión extranjera importante y la consolidación de los puestos de trabajo.

P. Entonces, con la concesión prevén que no haya despidos.

R. Quizás alguna reconversión, seguro, porque esta institución tiene sobredimensionadas áreas no médicas y si se quiere áreas médicas reducidas; pero esa reconversión no sería agresiva porque el grupo lo que quiere es desarrollarse y crecer. Hay que tener en cuenta que si entra Favaloro acá juega su propio prestigio, que tiene mayor valor que el propio Centro Gallego o incluso que las agrupaciones del Centro Gallego, que no tienen ninguno.

P. ¿Cree que si se cae esta posibilidad de concesionar el Centro Gallego, la institución podría correr un serio riesgo de tener que cerrar sus puertas?

R. Sí.

P. ¿En qué sentido?

R. Puede quebrar. Hoy el Centro Gallego tiene dos alternativas, el cierre o la concesión porque no hay nada en el medio, porque no hay ninguna solución. La realidad es que en algún momento alguien va a venir y pedir la quiebra del Centro Gallego. No pasa todavía, pero no significa que no pueda pasar.

La realidad es que es una institución que tiene un déficit importante, que no se basta a sí misma, por la cantidad de empleados que tiene y el padrón que no le alcanza para cubrir los gastos de la institución. Si hubiera que dividir los gastos entre los socios, estos tendrían que pagar como mínimo 15 mil pesos mensuales, como se paga en cualquier otra prepaga y no lo estamos haciendo, hoy cada socio paga 3 mil pesos.

En ese sentido nos sorprende también el nivel de irresponsabilidad con el que se manejan los directivos de las agrupaciones que creen que están al frente de un almacén o de una pizzería, pero esto es una institución compleja que presta servicios de salud que deben ser atendidos de otra manera. También hay algunos que lo usan para hacer política de una manera irresponsable.

En la justicia han perdido todo y van a seguir perdiendo porque para ellos denunciar les fue gratis. La verdad es que hemos tratado de ser prudentes todo el tiempo pero lamentablemente, a lo mejor, los dirigentes de las agrupaciones lo que buscan es que haya una crisis terminal dentro de la institución.

P. ¿A cuánto asciende el déficit mensual del Centro?

R. Hay un déficit mensual que tenemos calzado contra el no pago de aportes, contribuciones y el fisco, que es de aproximadamente 11 millones de pesos mensuales.

P. Desde su punto de vista, ¿cómo se podría hacer frente a ese déficit?

R. Nosotros hemos traído un concesionario de primera línea, que viene con inversiones, y no lo quieren, y si viniese OSDE tampoco lo querrían porque no quieren a nadie. Pareciera que lo que quieren es que esto cierre y puede ser que lo logren.

P. ¿Qué le diría a los socios?

R. Nosotros hemos traído una propuesta, que es un concesionario de primera línea. Mejor que Favaloro en Argentina no hay, pero tengo un grupo de gente que se dedica al rubro gastronómico que piensa que está en una pizzería y no les preocupa si la atención es buena o mala. La dirigencia política del Centro no está a la altura de las circunstancias y lo ha demostrado en muchas oportunidades, por eso la institución está como está.

P. Sin lograr una concesión, ¿qué quedaría por hacer? ¿convocar a asamblea?

R. Convocar a una asamblea y que decidan ellos. Si ellos quieren destruir la institución, pueden hacerlo, están en su derecho. La decisión es de las agrupaciones ¿Quieren chocar el auto? Ya lo chocaron. Ahora, lamentablemente, mi tarea es buscar soluciones posibles. Si nos les gustan, bueno, que hagan lo que quieran.

P. Ante la liquidación de la institución, ¿cuál sería la situación de los socios?

R. Si el Centro Gallego va a liquidación, el socio se queda con nada porque las deudas son superiores al valor del inmueble.

P. ¿Cuál es el futuro de la intervención y sus plazos?

R. Nosotros estamos bajo mandato judicial. La realidad es que nosotros vamos a convocar a asamblea, posiblemente para los primeros días de septiembre y allí veremos que sucede.

P. ¿Ahí se podría decidir el futuro de la intervención?

R. Ellos podrían decidir el futuro de la intervención si proclamaran a la junta directiva; sino no pueden hacerlo. Es una institución compleja, en una situación compleja, pero también tengamos en cuenta que los que ahora están poniendo palos en la rueda son los que perdieron las elecciones. Me parece que el socio también va teniendo claro quiénes son estos personajes de las agrupaciones que no ganaron, que perdieron y que ahora no les importa destruir la institución.

Yo no puedo hacer nada, no soy el dueño. No puedo siquiera opinar, pero a mí me parece una pena por la cantidad de gente que trabaja y por la cantidad de gente que se atiende. Realmente, me parece una pena, pero si no quieren concesionar, que no concesionen.

Nosotros vamos a poner en el temario de la asamblea, seguramente, todas las  alternativas para que ellos decidan lo que quieren hacer y si no quieren sesionar, se informará al juez y que el magistrado decida, a lo mejor ese es el camino que ellos quieren.

P. ¿Ustedes han informado sobre la situación del centro a los representantes de las agrupaciones?

R. Nosotros le hemos dado la información a todos, incluso a socios que no integran agrupaciones pero que lo han solicitado. La información ha circulado para todo el mundo. Nosotros no tenemos secretos de Estado, hemos sido concretos, públicos.

P. ¿Qué dicen los sindicatos?

R. Los sindicatos quieren que haya concesión porque quieren que los puestos de trabajo se mantengan. Nosotros estamos en contacto con Daer y con todos los gremios de sanidad y, están muy preocupados porque saben que la posición de las agrupaciones es de rechazo.

P. Usted había dicho, en enero pasado, que esperaba lograr un consenso para que en breve se pudiera firmar la concesión, ¿qué pasó?

R. Pasó que me denunciaron penalmente. Empezábamos a negociar, a discutir las cosas, a hablar, inclusive estábamos dispuestos a buscar algún tipo de solución para ver lo de la Junta Directiva que ellos estaban planteando y, en el medio, me denuncian penalmente. ¿Qué garantías puedo tener yo de una persona que me denuncia penalmente por administración fraudulenta?

P. ¿Por eso la concesión se estancó?

R. La concesión se detiene porque acá no hay forma de resolver nada en asamblea y tampoco hay garantías de que sesionen, recordemos que revocaron dos convocatorias. Es gente que no tiene racionalidad en los planteos que hace. Creo que íntimamente sienten que pierden algo. Son gente que manejaban el negocio, como tal, y es como si les dijesen miren ahora no tienen más la concesión del restaurante, se ponen como locos. Pero bueno, nosotros nos manejamos con tranquilidad, con serenidad, y sabemos que los pasos se dan de a uno.

P. ¿Cuáles son esos pasos?

R. El primer paso es intentar que el socio tenga servicios, a pesar de las limitaciones que tenemos, y prestar servicios a terceros para tratar de redondear.

Lo segundo, es pagar los sueldos y, aunque con mucha dificultad, lo estamos haciendo; sino el hospital hubiera cerrado y estaría en conflicto.

P. Las agrupaciones denuncian que se ha incrementado muchísimo la deuda del Centro.

R. Por los intereses de la deuda que tenemos con el fisco. Es un tema contable, se lo podemos mostrar, después, en los balances.

P. Pero ustedes tenían un plan de refinanciación de la deuda con AFIP.

R. Sí, nosotros tenemos una propuesta que queremos presentar al Estado Nacional pero estamos trabados en la asamblea, que es el órgano máximo de decisión del Centro.

Para poder presentar un plan de pagos, primero hay que reconocer la deuda contraída, pero si no tenemos los balances aprobados qué presentación vamos a hacer. Así no se puede hablar con nadie. En ese punto estamos, lamentablemente.

Si ellos consideran que la deuda se generó durante la intervención del INAES, tienen que ir a la justicia y reclamar, pero eso es una cosa y otra cosa es aprobar o rechazar los balances, que no lo han hecho en asamblea.

Es decir, podrían rechazar los balances y dejar a la entidad sin poder presentarse ante nadie, o podrían reclamar una auditoría integral, etc. Hay distintos caminos. Por nuestra parte, no tenemos problemas en someternos a auditorías.

Pero una vez que logramos interesar a alguien, lo quieren echar. Así, puede ser que nosotros también fracasemos (igual que la Xunta de Galicia, en su momento) y que el Centro quiebre. Puede ser. A lo mejor tienen la fantasía de que cerrando el hospital puedan hacer un hotel o un restaurante y transforman a la institución en un Centro como Lalín, pero más grande.

Nosotros pensamos que esta casa está otra cosa, pero la decisión es de ellos. Nosotros podemos presentarles una propuesta, la decisión es de ellos. Si ellos deciden no sesionar, el silencio se considera como un no. Si ellos deciden sesionar y rechazar todo, también, pero si el Centro Gallego en algún momento trastabilla, y anda así todo el tiempo, puede ser que vaya directamente a la quiebra. A lo mejor lo que buscan estos directivos sea la muerte de la institución. Sino la actitud sería otra.

Mirá nosotros, vinimos acá cuando la institución estaba cerrada y la tratamos de reactivar. La llevamos a tener un nivel de actividad alto. En esta temporada llegamos a tener 270 camas ocupadas y multiplicamos los turnos otorgados por cuatro. Hemos trabajado muchísimo y a esta gente eso no le interesa, ni lo valora. En su lugar, representantes de las agrupaciones me denuncian penalmente, para evitar la concesión, porque ese es objetivo de ellos, evitar la concesión. Y bueno, entonces probablemente corresponda que sean ellos quienes lo administren y lo cierren.