Galicia facilita el acceso de los núcleos rurales a las vías de altas prestaciones
Los kilómetros de la red de altas prestaciones de titularidad autonómica se han incrementado, en algo más de una década, en un 70%, con lo que Alberto Núñez Feijóo cumple uno de los objetivos prioritarios que tenía cuando se convirtió en presidente de la Xunta en el año 2009 y que pasaba porque el 80% de la población de Galicia estuviera a menos de diez minutos de una vía de altas prestaciones. De esta manera, se sitúa en igualdad de oportunidades a todos los habitantes de una tierra en la que el acceso a los servicios básicos y a las diferentes opciones es muy dispar dependiendo si se vive en el entorno rural o en la Galicia atlántica de las ciudades. Además, este aumento de la red viaria se ha llevado a cabo sin implantar ni un solo kilómetro de peaje.
La apuesta por incrementar la red viaria gallega ha permitido completar el eje Lugo-Sarria-Monforte, convertir en realidad la Autovía da Costa da Morte y la Autovía del Morrazo y contar con los primeros tramos de la Autovía da Costa Norte y de la Autovía del Baixo Miño, además de la Autovía Ourense-Celanova.
El mapa de infraestructuras viarias gallegas forma actualmente una malla mucho más tupida, aunque desde el Gobierno gallego siguen echando en falta las autovías planificadas por la administración general del Estado como la Autovía Lugo-Santiago, la Autovía Lugo-Ourense, la Autovía da Mariña o la Autovía Ourense-Ponferrada que siguen acumulando clamorosos retrasos.
En los últimos años, Galicia avanzó considerablemente en cuanto al número de vías de altas prestaciones de titularidad autonómica y sin implantar ni un solo kilómetro de peaje, a pesar de afrontar en los primeros años de mandato una importante crisis económica y en los siguientes la situación extraordinaria de pandemia.
El trabajo del ámbito de las infraestructuras continúa y por eso el Gobierno gallego acaba de aprobar en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2022 un total de 46 millones de euros para avanzar en la construcción de nuevas vías que vertebren la Galicia interior.
En concreto, las cuentas del Ejecutivo gallego para el próximo año permitirán avanzar con determinación en los trabajos de la conexión de la Vía Ártabra con la Autopista del Atlántico de manera que se mejora considerablemente la conexión de A Coruña con los ayuntamientos de Cambre, Oleiros y Sada, cuyos vecinos ganan tiempo de viaje, en prestaciones y en seguridad viaria.
Asimismo, se impulsarán las obras de desdoblamiento de la vía de altas prestaciones entre Lugo y Sarria, cuya primera fase está actualmente en ejecución. El objetivo es finalizar en otoño la primera fase para dar paso al segundo tramo.
También continúan los trabajos en la Vía de Alta Capacidad entre Tui y A Guarda, en el enlace con la AG-55 y el polígono de Areas. Está previsto que las obras acaben a finales de 2022 o principios de 2023 y avanzar en la tramitación de los proyectos de los siguientes trechos.
Otra de las infraestructuras en las que el Gobierno gallego quiere avanzar es la ejecución de la Vía de Altas Prestaciones de la Costa Norte y en las mejoras complementarias de las carreteras autonómicas en las comarcas de Ferrolterra, Ortegal y la Mariña Oriental.
Además, se llevarán a cabo las expropiaciones y la licitación de las obras del segundo tramo de la autovía A Ramallosa-A Estrada y la prolongación de la Autovía de la Costa da Morte, desde Baio hasta Berdoias, y la tramitación de la autovía Brión-Noia.
Desde la Xunta lamentan que esta importante tarea de conectar a los gallegos entre sí y de acercar la Galicia rural a la urbana a través de una tupida red de carreteras la están llevando a cabo en solitario, ya que el reparto de los fondos de la Unión Europea para la recuperación económica los está llevando a cabo el Gobierno de España y no tiene en cuenta la realidad rural que predomina en Galicia.
Según explican desde el Gobierno gallego, las administraciones públicas contarán el próximo año con más capacidad económica para hacer inversiones gracias a estos fondos europeos de recuperación económica pero los criterios de distribución del Gobierno central impedirán que se utilicen para mejorar la vertebración interior de Galicia, ya que las obras y actuaciones están limitadas a ayuntamientos que tengan más de 50.000 habitantes, lo que supone menos del 2% de los municipios gallegos.
