El Pleno aprobó la propuesta para modificar el reglamento de los CRE

La falta de tiempo hizo que los consejeros del Pleno decidiesen votar la propuesta de modificación de la normativa y del funcionamiento de los CRE en conjunto y no punto por punto como es la práctica habitual. La propuesta de modificación salió adelante con un total de 27 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones.

Dos de los puntos que más controversia causaron fueron la necesidad de que los candidatos a los CRE tengan que cumplir con un periodo de residencia previa de seis meses y que se excluya al personal de las embajadas y consulados.

Algunos de los consejeros que votaron en contra explicaron que estos dos requisitos, que se introdujeron en el texto, tras la reunión que la Comisión de Derechos Civiles y Participación mantuvo el domingo por la noche previo al inicio del Consejo, son discriminatorios.

Según la representante de UGT, Ana María Corral, la limitación al personal de las embajadas y consulados para formar parte del CRE entra “en confrontación con cuestiones fundamentales del ordenamiento jurídico”, algo que apoyo Pilar Ayra, consejera por Chile.

Por su parte, el representante de Bélgica, José María Gómez-Valdés, mostró su protesta por que el texto se hubiese modificado el domingo, ya que él pertenece a la Comisión pero “me consta que el presidente de la Comisión no me ha invitado”.

Además, Gómez-Valdés quiso dejar constancia de que se había retirado una propuesta hecha por él “por la insistencia del presidente con la promesa de una iniciativa superadora” pero no se ha llevado a cabo.

Otro de los puntos nuevos respecto a la redacción inicial de la propuesta hace referencia a la elección de consejeros generales donde hay más de un CRE. La Comisión propone que “en países donde haya más de un CRE, que debe elegir uno o más consejeros generales, se organicen elecciones simultáneas en cada uno de los consulados donde haya un CRE establecido”. El mecanismo a seguir, explican, sería anunciar las candidaturas simultáneamente, “se daría el mismo tiempo para la votación, se haría un recuento en cada mesa y, una vez sumados los totales por la oficina del Consejero de Empleo o Embajada, se anunciarían los resultados finales por vía electrónica a cada mesa electoral”.

En el apartado de elecciones a los CRE se añadió un nuevo punto para definir claramente el mandato de los CRE, ya que la situación actual lleva “a una seria ausencia de representación” durante un lapso de tiempo, ya que hay CRE que podrían acabar su mandato “meses antes de la convocatoria de nuevas elecciones, incluso hasta casi un año”. La propuesta aprobada en el Pleno especifica que “el mandato de los consejeros se iniciará con la primera reunión en la que se constituye el Consejo y durará hasta la fecha de convocatoria de nuevas elecciones por la Oficina Consular. Esta convocatoria será al menos cuatro meses antes de la fecha prevista para el final del mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior”.

La reunión del día anterior al comienzo del Pleno también completó la propuesta de las normas de funcionamiento del CRE para establecer un mecanismo en caso de dimisión o cese de un miembro del CRE, explicando que en este caso “el presidente, o en su lugar el secretario, deberá notificar por escrito al candidato que sigue en la lista de ese consejero cesante, que le corresponde pasar a formar parte del CRE. Si éste decide no aceptarlo, pierde su derecho a hacerlo durante el resto del mandato en curso”. En este caso, explica el texto, “el presidente deberá seguir invitando a los miembros que siguen en su lista hasta encontrar uno que lo acepte. Si se llega al final de la lista sin que nadie acepte acceder al CRE, ese puesto deberá quedar vacante. En cualquier caso, el presidente deberá informar al CRE y a la Oficina Consular de los resultados de su gestión”.

El resto del documento fue aprobado tal y como había sido aprobado por la Comisión de Derechos Civiles y Participación, que se había reunido los días 16 y 17 de junio. Ahí se recogía la petición para que se incrementasen las partidas a los CRE y se recuerda que las remesas anuales enviadas a España en el último ejercicio ascienden, según el Banco de España, a 6.000 millones de euros. También se solicita que el presupuesto esté disponible antes del primero de marzo y sea más flexible, de manera que se puedan aplicar a nuevos usos como adquisición de ordenadores y móviles, encargos profesionales como el mantenimiento y resolución de problemas técnicos de las webs o compra de dominios, entre otros.

Respecto a las normas de funcionamiento se especificaba la necesidad de incrementar el número de reuniones ordinarias y de dar la opción de participar por videoconferencia en las reuniones no ordinarias. También se recoge la obligación de “informar a la comunidad y de escuchar sus reivindicaciones”.

Establecer la consideración protocolaria con la que deben tratar al CRE las oficinas de la Administración española en el exterior y mantener una reunión anual con el embajador, el cónsul, el consejero de Empleo, el de Educación y el de Cultura son otros de los puntos recogidos por el texto.

En el texto enviado por la Comisión y aprobado por el Pleno también se recoge la posibilidad de establecer una guía de funcionamiento de los CRE, así como la necesidad de establecer una mayor comunicación con los ciudadanos. En este último punto, destaca la petición del Consejo para que “en el menú principal de la página web de los consulados o embajadas se incluya un enlace a la página web de los CRE”.

El documento aprobado por la Comisión y ratificado por el Pleno concluía con una petición para que se modificase el Real Decreto y la Orden Ministerial que regula los CRE para poder dar cabida a sus peticiones, así como una petición para que la Comisión Permanente se encargase de hacer un seguimiento de los acuerdos aprobados en el Pleno.