La Plataforma reitera su reivindicación de una nueva reforma de la Loreg

La Plataforma contra la privación del derecho de voto de los españoles en el exterior, ante las elecciones generales españolas del próximo día 20, ha emitido un comunicado en el que reitera su denuncia de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y reivindica una nueva reforma en la que los residentes en el exterior puedan participar en los comicios municipales, no tengan que rogar el voto y puedan elegir representantes en el Parlamento.

La Plataforma mantiene en el comunicado que los diputados y senadores del PSOE, PP, CIU, PNV y BNG de la IX Legislatura “consumaron la más grave involución democrática en nuestro país desde el final de la dictadura” al aprobar la reforma de Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Reforma que, dice, priva a los ciudadanos españoles residentes en el exterior de los derechos electorales que les garantiza, en igualdad de condiciones al resto del Pueblo español, la Constitución de 1978.
“Solo Coalición Canaria, que interpuso un recurso de inconstitucionalidad, e Izquierda Unida, fueron fieles a la letra y al espíritu de la Constitución y a los preceptos de la Ley 40/2006 de 14 de diciembre del Estatuto de la Ciudadanía Española, y justo es reconocerles su oposición clara e inequívoca a dicha reforma”, valora.
También que la movilización de miles de ciudadanos españoles, “en el marco de la Plataforma contra la privación del derecho de voto de los españoles en el exterior o de organismos como, asociaciones, federaciones, CRE, o el propio CGCEE, impidieron que la reforma alcanzase su objetivo inicial que era el de suprimir pura y llanamente el derecho de voto en todos los comicios. Pero sin embargo, la movilización ciudadana no pudo evitar que se cometiese tan grave e indignante atropello”.
Entiende, además, que los comicios del 22 de mayo de 2011, dieron razón a sus pronósticos e indica que: ningún español residente en el exterior pudo participar en las elecciones municipales porque se lo impedía la ley y menos del 4% “pudieron hacerlo en las elecciones autonómicas (de los 705.774 posibles votantes, sólo 58.097 pidieron el voto, y tan sólo 28.030 pudieron remitir los suyos para que fueran admitidos en tiempo y forma)”.

Informe de Exteriores
Recuerda que posteriormente un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores concluye en la necesidad cambiar la Ley Electoral en lo que a la participación política de la emigración se refiere y considera el sistema de voto rogado como un obstáculo la participación y que se han vulnerado preceptos constitucionales.
“Esta prohibición de votar, en el caso de las municipales, e impedimentos en el de las autonómicas y generales, no sólo provoca un bajísimo índice de participación, sino lo que es más grave, trae consigo un incremento enorme de la abstención y del apoliticismo por desencanto y desconfianza en el sistema político español. Los ciudadanos están dejando de solicitar el voto, no porque no crean en la democracia, sino porque están dejando de tener confianza en un sistema político que la entorpece y que se aleja a pasos agigantados del pueblo”, sostiene.
Entiende que esa afirmación se corroborra con los datos de las solicitudes de voto para las elecciones generales del 20-N. “Sólo el 8% aproximadamente de los electores lo ha solicitado a tiempo, es decir ‘ha rogado’ su voto. O sea que el 92% de los ciudadanos dejarán de participar en la vida política y democrática de nuestro país, en unos momentos en los que la profunda crisis en la que éste está sumido requiere que todos los ciudadanos estemos comprometidos en su futuro”. Añade que de los más de 130.000 solicitantes del voto sólo una parte podrá realmente ejercerlo “y de los que puedan hacerlo, un determinado porcentaje verá, con toda probabilidad, cómo su voto es declarado nulo, por no reunir todos los requisitos burocráticos impuestos por la Ley.

Las garantías de transparencia
Por otra parte, denuncia que una reforma “que fue acometida bajo el pretexto de ofrecer garantías de transparencia y seguridad jurídica, muy pronto ha demostrado su ineptitud para ello, como lo demuestra el hecho de que la Junta Electoral Central considere válidas las solicitudes que hayan sido recibidas por correo postal en un mismo sobre ignorando que la solicitud del voto por imperativo legal es personal e intransferible. O la falacia del ‘voto en urna’, que en realidad es un depósito consular de varios días que no ofrece las garantías debidas de custodia en un proceso electoral de estas características”.
La Plataforma sostiene que la reforma está rompiendo el nexo que une al pueblo español con el Estado pues “la elección de los poderes legislativos y ejecutivos es, en efecto, la columna vertebral de la democracia. Por ello, la calidad democrática de un Estado depende de la capacidad del sistema electoral para generar adecuadamente la representación política del pueblo. Y esta X Legislatura española nacerá con un déficit democrático en más de una dimensión”.
Por todo ello, la Plataforma  reivindica “la necesidad de iniciar un nuevo proceso que concluya con la creación de circunscripciones electorales en el exterior por ser el único sistema que da garantías reales y efectivas para que los residentes en el exterior puedan votar a sus propios representantes en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en los Parlamentos Autonómicos” y que mientras se hace esa reforma se recupere el derecho de voto de este colectivo en las elecciones municipales y se suprima el voto rogado.

Importancia numérica
Recuerda que los españoles del exterior son cerca de dos millones, de los cuales millón y medio son electores, cifra superior a la población de siete comunidades autónomas: (Aragón 1.347.095; Extremadura 1.107.220; Islas Baleares 1.106.049; Principado de Asturias 1.084.341; Navarra 636.924; Cantabria 592.250; La Rioja 322.415), además de las ciudades de Ceuta (80.579) y Melilla (76.034).
Anuncia finalmente que tras las elecciones del 20-N, la Plataforma enviará una delegación al Parlamento de la X Legislatura para reunirse con los distintos grupos parlamentarios, “a los que hará llegar su correspondiente ponencia para una revalorización del voto como instrumento esencial de la democracia”.