Moratinos dará “un paso cualitativo” a favor de los españoles que dejaron Guinea
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, se comprometió el pasado martes, día 15, en el pleno del Senado a “dar un paso cualitativo y suplementario para intentar”, respetando la soberanía de Guinea Ecuatorial, “encontrar una solución; no soluciones compensatorias, pues ello iría en contra del derecho internacional”, para el colectivo de ciudadanos españoles que se vieron obligados a abandonar aquel país en el año 1968, con motivo de su independencia, dejando allí sus pertenencias.
Según Moratinos, esto es posible ahora “gracias a las buenas relaciones que tenemos con las autoridades de Guinea Ecuatorial”. Así, el ministro se comprometió “a llevar a cabo las gestiones políticas y diplomáticas necesarias con Guinea Ecuatorial, elevando la cuestión al nivel de negociación bilateral, para tratar de encontrar una solución”.
Lo hizo en la respuesta a una pregunta planteada por la senadora del PP María Josefa Nicolás Martínez sobre las gestiones que realiza su departamento en relación con las compensaciones a los españoles que vivieron en la antigua colonia de Guinea Ecuatorial.
Según la senadora, este colectivo está compuesto por 2.500 personas –1.500 de los cuales son propietarios y el resto trabajadores– que tuvieron que abandonar sus propiedades y negocios en el año 1968, “cuando tuvieron que salir precipitadamente de Guinea Ecuatorial después de declararse la independencia”.
Nicolás señaló que “hay un compromiso del propio señor presidente del Gobierno, entonces secretario general del PSOE, para apoyarles y desbloquear esa situación” y recordó que el pasado mes de abril se aprobó una proposición no ley en el Congreso de los Diputados para compensar a estos españoles.
Moratinos estuvo de acuerdo con Nicolás en que “las autoridades consulares de España en Guinea Ecuatorial, y, por lo tanto, la embajada”, son el mejor vehículo para atender las reclamaciones de los españoles que tuvieron que abandonar Guinea en 1968. No obstante, apuntó que “corresponde a Guinea Ecuatorial, Estado soberano que recuperó su independencia en el 68, la última palabra a la hora de resolver las reclamaciones de estos ciudadanos”.
Varias iniciativas parlamentarias
Por ello, explicó inicialmente, lo que hace el Gobierno español “es prestar asistencia consultar, tal y como nos comprometimos, tanto en el consulado de Bata como en la embajada de Malabo, para tratar de resolver las reclamaciones de todo este colectivo”.
Una explicación que resultó obvia para la representante del PP. “Ya sabíamos que desde el año 1995 el Ministerio de Asuntos Exteriores prestaba asistencia consular a los españoles. Faltaría más”, manifestó Nicolás, apuntando la existencia de una carta de Rodríguez Zapatero de marzo de 2004 “donde se comprometió por escrito con la Asociación de Antiguos Residentes en Guinea Ecuatorial a desbloquear su situación” y otra de septiembre de 2008, “donde el secretario general de Asuntos Consulares comunica a la propia Asociación de Antiguos Residentes que la elaboración del censo concluyó en abril de 2007”, en el que se recoge la relación de personas que abandonaron el país en 1968, lo que allí dejaron y el valor que tenía.
La senadora del PP recordó que la necesidad de compensarles fue aprobada por el Parlamento en varias ocasiones, la última el pasado mes de abril, e instó al ministro a que “se deje de dar largas respecto a un asunto que desde hace años estamos intentando desbloquear muchos grupos parlamentarios del Senado y del Congreso”.
Moratinos admitió que son muchas las proposiciones no de ley aprobadas por el Parlamento sobre este tema e indicó a la representante del PP que “en 2003 fue bloqueada por el Gobierno del Partido Popular una proposición no de ley relacionada con este asunto”. “Por lo tanto, en 2003, cuando ustedes gobernaban, no hicieron nada. Y es indudable que, desde que nosotros gobernamos, nos estamos interesando por resolver adecuadamente la situación de estos residentes españoles”, sostuvo.
También explicó que “tenemos el censo, pero la Ley de Protección de Datos nos impide hacerlo público, aunque sí lo utilizamos para todos aquellos que nos piden asistencia y nuestro compromiso”.
