FIJAN UNA NUEVA REUNIÓN PARA SEPTIEMBRE
España y Venezuela comienzan a revisar los casos de expropiaciones
Los Gobiernos de España y Venezuela han comenzado a revisar conjuntamente el más de un centenar de casos de ciudadanos hispano venezolanos que han sufrido expropiaciones o invasiones de sus propiedades en el país bolivariano y aún no han sido compensados, ha informado a ‘Magazine Español’ una portavoz del Ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Los Gobiernos de España y Venezuela han comenzado a revisar conjuntamente el más de un centenar de casos de ciudadanos hispano venezolanos que han sufrido expropiaciones o invasiones de sus propiedades en el país bolivariano y aún no han sido compensados, ha informado a ‘Magazine Español’ una portavoz del Ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El pasado 13 de agosto tuvo lugar en Caracas una reunión entre las autoridades venezolanas, el embajador de España en Caracas, Dámaso de Lario Ramírez, y el cónsul general de España en Caracas, Aníbal Julio Jiménez Abascal, tal y como se acordó durante la visita que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, realizó a Venezuela a finales de julio.
Con motivo de ese viaje, los dos Gobiernos firmaron un acuerdo por el que creaban una comisión que se reuniría cada 15 días para ir analizando los casos pendientes. 88 de ellos tienen que ver con expropiaciones o invasiones de fincas rurales, mientras que otros 23 se refieren a propiedades urbanas e industriales, según datos de Exteriores, que cifra en otro medio centenar el número de dosieres resueltos al haber recibido los afectados una compensación.
En esta primera reunión, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) -que sólo se ocupa de las expropiaciones o invasiones de fincas rurales- proporcionó “información sobre algunos casos pendientes en sus diferentes estadios”, indicó la portavoz, que avanzó que la próxima reunión tendrá lugar “a primeros de septiembre”.
Algunos de los ciudadanos afectados recibieron con escepticismo el anuncio de la creación de esta comisión permanente entre España y Venezuela durante la visita de Moratinos, a quien agradecieron no obstante sus gestiones. Uno de los afectados reclamó que en la comisión creada estén presentes representantes de los afectados cuando se evalúe el valor de las tierras y locales expropiados u ocupados.
También le propusieron que el Gobierno español conceda un crédito a Venezuela con el fin de que asuma las indemnizaciones y que se cobre ese crédito en la factura por el petróleo que España le compra a Venezuela, una propuesta que el ministro rechazó.
El objetivo de la diplomacia española consiste en favorecer un acuerdo entre las partes encaminado a que los afectados sean compensados, como mínimo por el dinero invertido en esas propiedades.
El pasado 13 de agosto tuvo lugar en Caracas una reunión entre las autoridades venezolanas, el embajador de España en Caracas, Dámaso de Lario Ramírez, y el cónsul general de España en Caracas, Aníbal Julio Jiménez Abascal, tal y como se acordó durante la visita que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, realizó a Venezuela a finales de julio.
Con motivo de ese viaje, los dos Gobiernos firmaron un acuerdo por el que creaban una comisión que se reuniría cada 15 días para ir analizando los casos pendientes. 88 de ellos tienen que ver con expropiaciones o invasiones de fincas rurales, mientras que otros 23 se refieren a propiedades urbanas e industriales, según datos de Exteriores, que cifra en otro medio centenar el número de dosieres resueltos al haber recibido los afectados una compensación.
En esta primera reunión, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) -que sólo se ocupa de las expropiaciones o invasiones de fincas rurales- proporcionó “información sobre algunos casos pendientes en sus diferentes estadios”, indicó la portavoz, que avanzó que la próxima reunión tendrá lugar “a primeros de septiembre”.
Algunos de los ciudadanos afectados recibieron con escepticismo el anuncio de la creación de esta comisión permanente entre España y Venezuela durante la visita de Moratinos, a quien agradecieron no obstante sus gestiones. Uno de los afectados reclamó que en la comisión creada estén presentes representantes de los afectados cuando se evalúe el valor de las tierras y locales expropiados u ocupados.
También le propusieron que el Gobierno español conceda un crédito a Venezuela con el fin de que asuma las indemnizaciones y que se cobre ese crédito en la factura por el petróleo que España le compra a Venezuela, una propuesta que el ministro rechazó.
El objetivo de la diplomacia española consiste en favorecer un acuerdo entre las partes encaminado a que los afectados sean compensados, como mínimo por el dinero invertido en esas propiedades.
