Consuelo Rumí inauguró el I Congreso de Derecho y Ciudadanía Española en el Exterior
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, inauguró, este lunes, día 17, el I Congreso Internacional de Derecho y Ciudadanía Española en el Exterior, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería y al que asistieron expertos internacionales en migraciones y derechos.
Discurso íntegro de Rumí en la inauguración del Congreso:
Queridos amigos y amigas:
Quiero comenzar mis palabras por agradecer sinceramente a todos los participantes su presencia en este Congreso Internacional sobre Derecho y Ciudadanía Española en el Exterior. Se trata de una iniciativa importante que aborda prácticamente todas las dimensiones que conforman la realidad de la ciudadanía española en el exterior, de más de millón y medio de hombres y mujeres españoles que viven fuera de nuestro país.
Déjenme que también les traslade mi satisfacción porque este simposio se celebre en mi ciudad, en mi provincia y a partir de la colaboración entre la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración que me corresponde dirigir y esta Universidad. Hace un año y medio, en el mes de mayo del 2007, tenía lugar otro simposio similar en este mismo foro universitario y ahora, con la celebración del que estamos inaugurando, de algún modo convertimos a Almería, una provincia con una significada experiencia emigrante, en centro de reflexión sobre el presente y el futuro de quienes deben ser parte activa de la realidad de España.
La pasada fue sin duda una legislatura crucial para la ciudadanía española en el exterior.
De un lado, conoció, un fuerte impulso en el terreno de la materialización de los derechos constitucionales que les corresponden a todos los españoles, con independencia de donde residan, en su condición de ciudadanos.
Este impulso se ha garantizado mediante una ley expresa como el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, una norma que consagra y amplia derechos así como constituye la arquitectura sobre la que discurrirán las políticas públicas hacia la emigración durante las próximas décadas.
Una ley que superó un marco preconstitucional y que, además de los derechos que consagra, dispone de un inequívoco valor simbólico. La España moderna y avanzada del siglo XXI, lejos de olvidarse o marginar su pasado y su presente emigrante, se reconoce en él, lo incorpora como parte activa a la vida del país.
De otra parte, el cambio legislativo se amplió con un muy acusado proceso de modernización de las políticas públicas, renovando los instrumentos para la gestión de los intereses de los ciudadanos que residen fuera y mejorando la comunicación entre administración y administrados.
A través de una reforma necesaria, logramos dar viabilidad al sistema público de prestaciones, ampliándolo a miles de beneficiarios más y extendiendo la atención sanitaria.
El tiempo de las ayudas discrecionales ha dejado paso al de los derechos consolidados; y la administración estancada, escasamente preparada para atender las exigencias de una colectividad repartida por muchos países, ha cambiado para servir a los ciudadanos que viven dispersos por todo el mundo..
Además, se han incorporado a las políticas públicas nuevos ámbitos de trabajo como el que se refiere a la realidad de la mujer emigrante o al de los más jóvenes. Hace no mucho tuve el privilegio de inaugurar en la ciudad argentina de Mendoza, el III Congreso de jóvenes descendientes de españoles y he percibido con claridad que el proyecto impulsado por el Gobierno para fortalecer el vinculo que une a las jóvenes generaciones con la realidad española, está resultando un éxito.
Me siento muy orgullosa de haber tenido el privilegio, en mi condición de Secretaría de Estado responsable de la emigración, de incorporar a nuestra tarea la ambición de reforzar, cuando no recuperar, la identificación de muchos jóvenes con el país del que salieron sus padres o abuelos. Ese es un camino ya emprendido, un proceso en marcha que, no lo duden, ofrecerá muy importantes resultados durante los próximos años.
Y, en este marco, me gustaría hacer mención a la aún muy reciente instrucción que da desarrollo a la reforma del acceso a la nacionalidad contenida primeo en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior y, después, en la llamada Ley de la Memoria Histórica.
Creo no exagerar cuando la calificó como la más importante ampliación del acceso a la nacionalidad de la historia de la democracia que, además de cumplir con uncompromiso electoral, supera agravios comparativos y ha representado un anhelo colectivo para la emigración española.
Una reforma en la que he tenido la oportunidad de participar activamente y que, puedo asegurarles, ha sido abordada y decidida por el Gobierno desde un doble sentido: de un lado, desde la responsabilidad a la que nos debemos como gobernantes y, de otro, desde la generosidad que nos compromete con una emigración a la que le debe tanto por este país.
Sin embargo, lo que me gustaría reseñar ahora es que la ampliación del acceso a la nacionalidad al comienzo de la décima legislatura de la democracia viene a revalidar, quizá mejor decir a expresar, que la voluntad política del Gobierno por situar a la emigración como prioridad de la agenda política del país, permanece intacta.
El Gobierno, me es muy grato subrayarlo en este foro, dispone de la voluntad política para seguir desarrollando a velocidad de crucero el proceso de reformas y de modernización puesto en marcha a lo largo de la pasada legislatura.
De un lado, mediante la dotación de los recursos necesarios. El debate presupuestario actualmente en curso, va a concluir con un volumen de reformas dedicado a la política de la ciudadanía en el exterior prácticamente intacto. Me gustaría incidir en este aspecto teniendo en cuenta la situación de crisis económica internacional por la que estamos atravesando y la necesaria austeridad que ha presidido la elaboración de las cuentas públicas para el 2009. Pese a esta realidad económica, los recursos dedicados a la emigración se mantienen, teniendo en cuenta además que se ha blindado el sistema de prestaciones sociales.
De otro lado, impulsando y llevando a cabo reformas que nos permitan seguir ganando terreno en un objetivo irrenunciable para el Gobierno como es el de ganar para todos los ciudadanos en el exterior la plena materialización de los derechos que les corresponden como españoles.
Nos acompaña – y me van a permitir ahora que signifique su presencia porque además es un querido amigo – el Presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Francisco Ruiz. El, tanto por su actual condición de Presidente, como por una dilatada experiencia como Consejero por Suiza, ha sido testigo privilegiado, y también participe en primera línea, de la incesante tarea reformista de la pasada legislatura y que ahora les aseguro, cuenta con la plena voluntad del Gobierno para seguir adelante en su profundización.
El desarrollo, el despliegue en todas sus potencialidades, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, será parte protagonista también de esta legislatura. Otra más que, al igual que la anterior, queremos sea muy importante para la emigración española.
Los ciudadanos en el exterior seguirán formando parte, por tanto, de las prioridades de la acción de Gobierno. Se ha acabado el tiempo de los avances cortos, cuando no de los estancamientos en cuanto a las respuestas que se les debía en su condición ciudadana. Las reformas emprendidas seguirán adelante y el colectivo de españoles y españolas que viven fuera del país, encontrarán en la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, y si me lo permiten decir así en esta Secretaria de Estado, un aliado para hacer efectivos, reales todos y cada uno de sus derechos. Ese es nuestro compromiso y nuestro horizonte de trabajo para estos años.
Se ha recuperado a los ciudadanos en el exterior para la agenda pública del país
España está ya hoy en la vanguardia de las políticas que los estados dirigen hacia sus ciudadanos en el exterior.
Pero no nos conformamos; estamos dispuestos a que este proceso gane en impulso y en profundidad durante los próximos años.
Ese es el compromiso que, en nombre del Gobierno, quiero asumir ahora con los ciudadanos en el exterior, con la emigración española.
Les deseo lo mejor para el desarrollo de los trabajos del Congreso. Les aseguro que esta Secretaria de Estado estará atenta a sus trabajos y conclusiones.
Muchas gracias.