Consejeros del CGCEE piden la intervención del Defensor del Pueblo ante las irregularidades de este órgano

Un total de 47 miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) han firmado una carta quejándose al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, por “el irregular funcionamiento durante los últimos años del CGCEE, ya que se han vulnerado en numerosas ocasiones y de manera continuada los derechos reconocidos en las Leyes del Estado”.

Según explican en el escrito, la Administración “está vulnerando nuestro derecho y obligación de llevar a cabo nuestras funciones debido a la poca voluntad política de respetar la ley”. El documento ejemplifica esto en que “no se haya convocado el pleno previsto para junio de 2019, aplazándolo varias veces, sin que, hasta ahora, la Administración haya indicado cómo se recuperará”.

Asimismo, explican que este aplazamiento “nunca fue consensuado ni informado debidamente” y apuntan que en la última reunión de la Comisión Permanente se aprobó solicitar la fecha de febrero de 2020 para la sesión plenaria del curso anterior, pero “la Administración no ha respetado, una vez más, sus obligaciones” y no lo ha convocado.

Otra de las irregularidades que los consejeros apuntan en la carta al Defensor del Pueblo es el incumplimiento, por parte de los “gobiernos de diferentes partidos políticos”, de permitir que el CGCEE informe anualmente en las Cortes Generales sobre la situación de la ciudadanía española en el exterior.

Los consejeros también se quejan de que la legislación les otorga el derecho de conocer con carácter previo la legislación referente a temas de derechos civiles, derechos laborales y protección social, educación y cultura que afecten a los españoles en el exterior, pero “han sido rarísimas las ocasiones en que se nos ha consultado con antelación sobre estas iniciativas normativas y, cuando lo han hecho, ya no disponíamos de tiempo para pronunciarnos o para que nuestra opinión pudiera surtir algún efecto”.

Otra de las reclamaciones que se recogen en la carta es la falta de voluntad política para “mejorar la estructura interna en el Exterior para garantizar un servicio público de calidad”, ya que “el servicio del Estado Español en el Exterior está bajo mínimos en muchos lugares o en fase de reducción, con cierres de consulados, largas listas de espera, etc.”.

Elección del presidente

Los consejeros firmantes también piden un cambio en la forma de elegir al presidente del CGCEE, ya que consideran que, en una “democracia plena, es difícil entender que el ministro tome decisiones unilaterales presentando y nombrando al presidente del CGCEE”. Según consideran, lo más democrático sería que los “propios consejeros fueran los que acogieran las candidaturas” y “eligieran a su propio presidente”, pero son conscientes de que es algo muy complicado porque implica la modificación del Real Decreto, “objetivo que difícilmente el CGCEE podría alcanzar, si no puede interactuar con las Cortes en audiencia anual para comunicar su opinión al respecto”.

Falta de interés de los gobiernos

Los consejeros muestran en la carta su desacuerdo con la manera de cómo han sido tratados en los últimos años y con diferentes gobiernos, ya que consideran que ha habido “una falta de interés por cumplir con su labor, irresponsabilidad y presunción de los políticos”.

“En resumen ­–aseguran­–, tratar a la diáspora con condescendencia y desprecio demuestra una gran falta de consideración hacia el colectivo de la emigración que representa a más de dos millones y medio de compatriotas, de los que al menos un millón ha emigrado desde la crisis financiera de 2009, expulsados por razones laborales y económicas, aumentando así la relevancia humana, social y política de este grupo de personas. Por ello, este colectivo ha ayudado a reducir el nivel de paro en nuestra sociedad a través del sacrificio de una emigración en muchos casos no deseada”.

Los consejeros concluyen la carta solicitando la intervención del Defensor del Pueblo para reclamar “respeto y la aplicación de las leyes de nuestro país que regulan los deberes y derechos del Consejo de la Ciudadanía Española en el Exterior, de sus consejeros y de los españoles residentes en el exterior”.