Paulino Rivero aboga ante los cabildos por igualar la calidad de vida en las Islas

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado que el Gobierno está elaborando un texto refundido de la legislación sobre el territorio aprobada por el Parlamento de Canarias. Rivero presidió la primera sesión de la Conferencia de Presidentes de los Cabildos donde les transmitió el proyecto de ley que elabora el Ejecutivo para simplificar las medidas administrativas sobre los temas que afectan al territorio.
En su intervención señaló que enviará a los cabildos un borrador de la futura ley para que la estudien y se debata en una reunión que celebrará de nuevo la Conferencia de Presidentes en el mes de marzo, en la que se tratará como único asunto esta cuestión.
Éste es un asunto que, según el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, es importante porque las numerosas leyes canarias que afectan al territorio introducen “opacidad” y evitan lograr los objetivos que se persiguen.
Rivero Baute recordó que la Conferencia de Presidentes, que aprobó su reglamento de funcionamiento, fue un compromiso adquirido en su discurso de investidura por considerarla necesaria al entender que con ella se crea un espacio de diálogo en el que estén presentes todos los cabildos y que “ayude a hacer Canarias”.
Ante las demandas de la FECAI, órgano que reúne a los siete cabildos, sobre los recursos de que disponen dichas administraciones para hacer frente a las competencias transferidas, Paulino Rivero apuntó que “el Gobierno está dispuesto a hablar sobre esta reclamación”. Añadió también que “el Ejecutivo tiene unos recursos, dispone de unos ingresos y tiene que priorizar esos recursos”, que se centrarían en “la sanidad, el empleo, la vivienda y la educación y la formación porque el Gobierno de Canarias tiene que apostar claramente por igualar la calidad de vida en Canarias, poner a todos los canarios en la misma posición”, señaló.
Según Ricardo Melchior, los recursos de que disponen los cabildos insulares para hacer frente a las competencias que les ha transferido el Gobierno canario no llegan al 50% de las coberturas obligadas.