La Comisión Sociolaboral pide que se garanticen los derechos de los nuevos emigrantes

La Comisión Delegada de Asuntos Sociolaborales, celebrada la pasada semana en Madrid, ha fijado los puntos a trasladar al Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) que está previsto que se celebre la segunda quincena de junio en Madrid.

La asistencia sanitaria, tanto para los residentes en el exterior como para los retornados, las pensiones y las prestaciones por necesidad, los nuevos flujos migratorios y la información sobre el SOVI fueron los puntos que se trasladarán al Pleno, así como la necesidad de coordinación con las comunidades autónomas.

La Comisión también expresó su solidaridad con las personas e instituciones afectadas por las recientes inundaciones en Argentina, especialmente con el Hospital Español de La Plata.

Además, mostró su pesar por el fallecimiento del consejero por Cuba Antonio Fidalgo que formaba parte de la Comisión y para quien solicitan la Medalla de Honor de la Emigración, como reconocimiento al trabajo de muchos años a favor de la colectividad en la isla caribeña.

Acceso a la sanidad de familiares y retornados

La Comisión ha mostrado su “preocupación” por la dificultad para acceder a la asistencia sanitaria de los retornados y sus familias, ya que la última modificación para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud ha llevado a que los ciudadanos miembros de la Unión Europea y otros estados miembros del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tengan que inscribirse en el Registro Central de Extranjeros y que las personas de nacionalidad no comunitaria familiares de ciudadanos comunitarios tengan que obtener la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea.

La preocupación de la Comisión es que para ambos trámites hay que tener “recursos suficientes” que, según la ley, deben ser “superiores al importe que cada año fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado para generar el derecho a percibir una prestación no contributiva”. La normativa deja una puerta abierta a la flexibilidad, ya que dice que se tendrá en cuenta la situación personal y familiar del interesado.

Según explican, la nueva norma deja en una situación muy complicada a las familias con menos recursos que para poder tener cobertura sanitaria tendrían que acceder a un seguro privado. Además, aseguran que la indeterminación de la norma hace que el acceso a la sanidad dependa “de quien tramita la solicitud”, lo que complica “no solo la asistencia sanitaria de los familiares de población española retornada, sino también a la situación administrativa regular”.

Emigración con derechos

La Comisión Sociolaboral considera que ante el incremento de la emigración española al exterior es preciso “garantizar los derechos de los migrantes españoles al mismo tiempo que difundir, entre quienes tienen en España la voluntad de migrar por motivos de empleo, las ofertas de empleo que puedan existir en distintos países”.

En concreto, solicitan que se aprovechen los acuerdos con diferente países que, en su momento se firmaron para regular la inmigración en España, para garantizar los derechos de los migrantes españoles y la igualdad con los trabajadores nacionales del lugar de destino. A través de este instrumento y con la participación de los Consejos de Residentes también se darían a conocer las ofertas de empleo de cada país.

La potenciación de la Red Eures, así como de las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo en España y de las consejerías laborales, para poner a disposición de los desempleados las ofertas existentes en el exterior es otra de las peticiones de la Comisión, que recuerda que es necesario la tutela de las administraciones públicas, tanto de los países de destino, como especialmente de las administraciones españolas (General del Estado y administraciones autonómicas), para garantizar, tanto que las posibles ofertas de empleo en el exterior son de público conocimiento como los derechos de los migrantes.

También se propone que los CRE reciban información de la administración y recaben información del país de acogida. Además, los consulados deberían informar por vía electrónica personalizada de las reuniones de los CRE y de las informaciones de interés.

Pensiones y prestaciones por necesidad

Desde la Comisión se reitera a la Administración la necesidad de atender como prioridad las prestaciones por razones de necesidad, las pensiones no contributivas, garantizando la prestación sanitaria y la aplicación de la Ley de Dependencia, conforme a las particularidades de los países de residencia.

Además, se les insta a mantener, en la medida que las posibilidades presupuestarias lo permitan, los programas destinados a la atención de la ciudadanía española en el exterior. También, explican, se deberá prestar atención especial a las asociaciones que, desde sus orígenes decimonónicos hasta la actualidad, son un soporte fundamental para la ciudadanía en el exterior.

Asistencia sanitaria

La Comisión Sociolaboral también propone una reforma en el acceso a la sanidad, de manera que los emigrantes puedan, mediante el pago de una cuota, acceder en las mismas condiciones que el resto de españoles a la sanidad pública. De esta manera se evitarían los complicados trámites que se necesitan actualmente y se suprimiría la duración de tres meses con posibilidad de renovar otros tres. También desaparecería la norma que, actualmente, hay en algunas comunidades autónomas y que limitan el acceso de los emigrantes a las urgencias.

SOVI

Desde la Comisión Sociolaboral también se reclama que la administración tome la iniciativa a la hora de informar de los cambios introducidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2010 que, recogiendo una petición del Consejo en diferentes mandatos, reconoce explícitamente la pensión SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez) prorrateada, garantizando, como mínimo, el cobro de la mitad de la pensión del SOVI a quienes les fuera reconocida dicha pensión totalizando periodos de seguro o de residencia en virtud de normas institucionales.

En concreto, se insta a la elaboración de instrucciones por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su difusión entre las direcciones provinciales del INSS para la tramitación y resolución de las solicitudes de reconocimiento del derecho a las pensiones del SOVI en los supuestos de totalización de períodos de seguro o de residencia cumplidos en otros países vinculados a España por norma internacional de Seguridad Social que prevea dicha totalización.

También pide que se dicten las instrucciones necesarias para que las pensiones del SOVI prorrateadas se calculen según la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, es decir, que para cuantificar la prorrata de una pensión del SOVI solamente se tengan en cuenta las cotizaciones efectuadas antes de 1967 en España y en el país o países con el que se prevea la totalización de cotizaciones. En ningún caso, la pensión podrá ser inferior a la cuantía establecida en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, desde el año 2010.

La Comisión también pide que el Instituto Nacional de la Seguridad Social revise de oficio, o a petición de las personas en los casos en que así lo requieran o en los de litigio, las pensiones abonadas a los trabajadores migrantes y retornados que pudieran tener derecho a una pensión SOVI prorrateada de cuantía superior a la que vienen percibiendo e informe a los pensionistas sobre esta situación y el derecho de opción que les ampara.

En el documento que se va a llevar al Pleno del próximo mes de junio se pide la elaboración por las consejerías de Trabajo e Inmigración de una Hoja Informativa así como la realización de una campaña de información entre los españoles residentes en el exterior y retornados sobre los cambios introducidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2010 y siguientes, su incidencia en la cuantía de la pensión y trámites a seguir para solicitar pensión del SOVI prorrateada.

Además, desde la Comisión se solicita que los efectos económicos de las medidas anteriores tengan carácter retroactivo a 1 de enero de 2010.

Coordinación con las comunidades autónomas

En los acuerdos adoptados por la Comisión Sociolaboral también se recoge la solicitud para que la Secretaría General de Inmigración y Emigración clarifique y coordine con las comunidades autónomas las actuaciones y programas a favor de los retornados de manera que no haya agravio comparativo a la hora del retorno.