El voto rogado: Un derecho cercenado a los electores residentes en el exterior

Los datos han confirmado las previsiones realizadas por aquellos partidos políticos –como Coalición Canaria–, instituciones, asociaciones de emigrantes, CREs, Consejo General de la Emigración entre otros organismos, que en su momento nos opusimos a algunas reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Una ley pactada y aprobada por los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) y que entró en vigor a principios de este año, cercenando el derecho al voto de cerca de un millón y medio de electores inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA).
Una reforma electoral que obliga a los electores residentes en el extranjero a tramitar, previa solicitud, el ejercicio de participar en las elecciones lo que ha pasado a denominarse como ‘voto rogado’, y que ha tenido consecuencias nefastas para nuestros emigrantes, ya que su relevancia a la hora de establecer políticas que les sean favorables y ayuden a mejorar la situación de los más necesitados estaba ligada, en buena medida, a su influencia electoral que ha quedado totalmente mermada con la reforma de la LOREG.
Denunciábamos desde Coalición Canaria, que con esta acción sólo se pretendía poner más obstáculos al ejercicio de un derecho fundamental reconocido en la Constitución a todos los españoles, allá donde se encuentren o residan, y los acontecimientos no han hecho sino darnos la razón. Desde las últimas elecciones autonómicas celebradas este año ya se evidenció escasos niveles de participación de los electores residentes en el extranjero, a lo que se unió que por primera vez se les impidiera participar, por la reforma de la Ley electoral, en las elecciones municipales celebradas en el pasado mes de mayo.
Las cifras hablan por sí solas, y así, mientras en las elecciones generales de 2008 el índice de participación de los inscritos en el CERA superaba el 31%, en las celebradas el pasado 20 de noviembre tan sólo alcanzó al 4,94%. Es por tanto evidente que la caída en el nivel de participación de los electores en el exterior es achacable al voto rogado.
Con anterioridad, los emigrantes recibían la documentación para votar de oficio, pero este nuevo procedimiento ha convertido un derecho fundamental, como es el del voto, en una auténtica carrera de obstáculos de papeleo, envíos postales, desplazamientos y demás impedimentos que hacen desistir al más arrojado elector.  
Pero no es esta la única razón, porque también debemos sumar la gravedad del hecho de que muchos electores, que ‘sí’ manifestaron su voluntad de participar en las elecciones del pasado día 20 de noviembre, solicitando la documentación para ejercer su derecho a votar, no pudieron hacerlo. Así, de las 138.031 solicitudes que se presentaron, sólo pudieron ejercer efectivamente su derecho al voto 73.361 personas, mientras que algo menos de la mitad no ejercieron su derecho o, lo más probable, no pudieron hacerlo al no haber recibido la documentación a tiempo o al no haber llegado su voto dentro de los escasos plazos previstos por la Ley Electoral.
En definitiva, la participación ha pasado del 31,7% hace cuatro años a menos del 5% en esta ocasión, gracias a la nueva regulación del voto exterior aprobada por las Cortes y que ha supuesto un varapalo a la relevancia política de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero.
El caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ilustra perfectamente la situación que se ha vivido por parte de los electores canarios residentes en el extranjero. Nuestra provincia cuenta con nada menos que 77.049 inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los cuales solicitaron la documentación para votar 4.729, el 6,13%, y finalmente pudieron votar sólo 749 personas, que suponen un irrisorio 1%. Una cifra que contrasta con los resultados de las generales de 2008 en la que el nivel de participación alcanzó un índice del 36%, pudiendo ejercer su derecho al voto 20.103 canarios de la provincia occidental residentes en el exterior, de los 55.794 inscritos en el CERA en esos momentos.
Y lo más grave del asunto, es que 3.980 (recordemos que solo 749 pudieron finalmente votar) de nuestros paisanos que residen en el extranjero no pudieron votar a las generales de 2011, por culpa de la penosa tramitación que conlleva el procedimiento del voto rogado.
Pero si reducimos el radio de acción a un país como Venezuela, donde residen nada menos que 144.269 españoles, nos encontramos con cifras como que sólo se recibieran de allí un total de 2.249 solicitudes. Es decir que tan sólo el 1,5% de los ciudadanos españoles allí residentes solicitaron la documentación para poder votar.
Y no sólo eso, es que además de esas 2.249 peticiones tan sólo se depositaron 175 votos en la urna ubicada en el Consulado en Caracas (parece una burla pero es que ni siquiera el personal funcionario y diplomático pudo ejercer dicho derecho porque no recibieron a tiempo las certificaciones censales) y 84 votos se recibieron por correo, de los que sólo 26 tenían el certificado censal que los hacía válidos. En definitiva, que tan sólo pudieron y ejercieron su derecho a voto el 0,18% del total de los españoles que residen en Venezuela. Pero ahora, ¿quién va a responder ante la violación del derecho de los 1.990 españoles que ‘si’ solicitaron en tiempo y forma poder participar en las elecciones, pero que no pudieron ejercerlo?
Por lo que respecta a nuestra provincia, en Venezuela residen casi 50.000 de los 77.079 canarios de Santa Cruz de Tenerife inscritos en el CERA, pero sólo 94 personas pudieron depositar su voto en las urnas dispuestas por el Consulado los días 16, 17 y 18 de noviembre.
Así que el problema está identificado claramente: los españoles residentes en Venezuela, entre los que se encuentran la mayoría de los canarios residentes en el exterior, no pueden votar con el nuevo sistema electoral.
Lo denunciamos desde el mismo instante en que esta reforma de la LOREG se puso en marcha, hicimos hincapié en que el procedimiento que aprobaron para la participación de los electores que residen en el extranjero, no tenía en cuenta el deficiente funcionamiento del correo en países latinoamericanos y especialmente el venezolano, y que además la larga tramitación del proceso dificulta hasta tal punto la participación electoral de los residentes en el exterior que, supone una clara restricción de su derecho al voto.
Ha quedado suficientemente demostrado. La aplicación de la nueva normativa electoral en el exterior, pactada por el PP y el PSOE sin escuchar en ningún momento a la colectividad, ha provocado “desilusión” y se ha cargado de un plumazo la relevancia política de los españoles residentes en el extranjero.
Ahora toca a los legisladores poner en marcha las necesarias herramientas para que el voto rogado no siga siendo un obstáculo que ponga trabas al ejercicio de un derecho constitucional. Ponerse en la búsqueda de nuevas fórmulas que garanticen el ejercicio del mismo a los electores que residen en el extranjero, y desde Coalición Canaria exigiremos que ningún canario, que ningún tinerfeño residente en Venezuela, en Cuba, en Argentina, Uruguay, EE UU, o en cualquier lugar del mundo, se quede sin poder hacer uso del derecho de elegir quien quiere que le represente y dirija los destinos de sus país, de su comunidad, e insisto, porque seguirá siendo una batalla en la que Coalición Canaria está comprometida, también de su municipio de origen.

Efraín Medina Hernández, consejero de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Cabildo de Tenerife y exviceconsejero de Emigración del Gobierno canario