La Comisión de Derechos Civiles pide la asignación de NIF a los carentes de DNI

La subcomisión de la Loreg del CGCEE presenta un histórico con las peticiones sobre el voto rogado

La subcomisión para la reforma de la Loreg del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), creada en el marco de la Comisión de Derechos Civiles y Participación, pidió que se mantenga el voto personal, mediante el establecimiento de urnas, y el voto postal, manteniendo en ambos casos el envío de papeletas del voto con las instrucciones necesarias por correo certificado a todos los españoles inscritos en el Censo Españoles Residentes Ausentes (CERA).

La subcomisión de la Loreg del CGCEE presenta un histórico con las peticiones sobre el voto rogado
Comision Derechos Civiles1
Un momento de la lectura de las propuestas de la Comisión de Derechos Civiles.

La subcomisión para la reforma de la Loreg del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), creada en el marco de la Comisión de Derechos Civiles y Participación, pidió que se mantenga el voto personal, mediante el establecimiento de urnas, y el voto postal, manteniendo en ambos casos el envío de papeletas del voto con las instrucciones necesarias por correo certificado a todos los españoles inscritos en el Censo Españoles Residentes Ausentes (CERA).

En el documento que presentó en el Pleno se recogían las diferentes propuestas que el Consejo General ha hecho a lo largo de los años y cuestionaba la eficacia del voto electrónico, ya que “varios incidentes en todo el mundo nos muestran que no tenemos garantías en cuanto a la seguridad”.

El documento habla de la necesidad de “empoderar al Consejo General y a todos los CRE constituidos en el mundo con el objeto de poder representar a los españoles en el extranjero” y por ello considera necesario implementar un Plan Estratégico de Acción que contendría puntos como la creación de una web del CGCEE con las últimas noticias y leyes concernientes a la colectividad, abrir una cuenta de twitter para poder recibir las quejas, problemas y consultas de los españoles en el extranjero, incentivar la relación de los CRE con los embajadores y cónsules, trabajar para que los CRE tengan una mayor cercanía a la comunidad española en el exterior y tener una relación más exhaustiva con los medios de comunicación nacionales en España, convirtiendo al Consejo en la voz de los españoles en el exterior.

El documento también recoge la necesidad de que el CGCEE informe a los miembros de los CRE para que estén al día de las nuevas leyes, becas y opciones que puedan mejorar la vida de nuestros compatriotas y la necesidad de que este organismo cuente con personalidad jurídica propia a fin de poder representar a los ciudadanos españoles en el exterior ante las instancias que corresponden.

Este organismo también considera fundamental recibir asesoramiento jurídico independiente de la Administración del Estado, “con el fin de presentar correctamente ante instancias jurídicas y administrativas los problemas de los ciudadanos españoles en el exterior”.

Asignación de NIF

La Comisión, presidida por Jorge Torres, pidió que se habilite la posibilidad de la asignación de NIF (Número de Identificación Fiscal) a todas las personas carentes de DNI y que estén interesadas en participar en procedimientos en la sede electrónica de las administraciones españolas.

Además, la Comisión informó de que ya se ha puesto en marcha la tramitación preferente del DNI para quienes acrediten no haber obtenido cita previa por estar residiendo en otro país y estar en España por un periodo corto de tiempo. Además, se insta a que las administraciones que atienden de forma directa a la ciudadanía española en el exterior incrementen la información y potencien la tramitación del DNI en los desplazamientos ocasionales a España.

Nacionalidad

La propuesta de la Comisión reiteró, en referencia a la nacionalidad, que no se han cumplido los acuerdos de los anteriores mandatos.

Además, se solicita que se modifique la Ley de Nacionalidad para cubrir las lagunas actuales. En concreto, se pide la nacionalidad para los descendientes de mujeres que hasta 1978 no podían transmitir la nacionalidad, para aquellos que en el momento de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica tenían más de 18 años, para aquellos que la perdieron porque no sabían que tenían que refrendarla al cumplir la mayoría de edad. En este último supuesto, desde el Consejo se pide que mientras no se modifique la Ley, los consulados den información sobre esto.

También se pide que se elimine el requisito de residencia de un año para los cónyuges de personas españolas, tras un periodo de tres años de matrimonio.

Visados

La mayoría del Pleno también aprobó solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores que analice la posibilidad de exonerar al cónyuge de una persona española que viaja a España del trámite de gestión de un visado para sustituirlo por un trámite más simplificado y que, asimismo, se amplíe hasta seis meses el tiempo de estancia al amparo de dicha autorización.

Tras la aprobación de la propuesta, la directora general de Españoles en el Exterior aseguró que el visado ya es actualmente gratuito y que no puede ser de más de tres meses por la normativa de la Unión Europea.

Mejora e incremento del servicio consular

Por unanimidad, el Pleno aprobó una petición para la mejora del servicio consular y se hizo hincapié en los países con grandes distancias geográficas o con una alta densidad de españoles.

Específicamente, se mencionó a Venezuela, por las circunstancias especiales que viven, y Reino Unido, en donde en los últimos años se incrementó considerablemente la población española y la necesidad de mantener sus derechos ante la amenaza del Brexit.

Además, se pidió la pronta implementación de la Sede Electrónica para los principales procedimientos que afecten a los españoles en el exterior, como la inscripción o registros.

Supresión del Exequatur

Con 5 abstenciones y 7 votos en contra se aprobó la propuesta para eliminar el Exequatur –verificación que una sentencia extranjera cumpla los requisitos para ser validada, reconocida y ejecutada en España– y poder hacer valer las sentencias en España, previa legalización, apostilla o aplicación de los preceptivos convenios.