Dirigentes de distinto signo consideran necesario repensar la ley electoral

Las elecciones del 20-N ya tienen como primer legado, que serán las que registren una mayor abstención de los españoles residentes en el extranjero, superior al 90%. Pese a que el número de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ha aumentado hasta situarse en 1.463.473 personas –258.144 más que en 2008–, sólo uno de cada diez ha solicitado votar. De este porcentaje, no todos ejercieron el sufragio, puesto que se han denunciado numerosas quejas de electores a los que la documentación no les llegó a tiempo desde España.

La crisis del voto emigrante tiene su principal causa en el cambio de la ley electoral aprobada el pasado mes de enero, que se ha unido al tradicional problema de la correspondencia. Además de suprimir la participación de los expatriados en los comicios municipales, la reforma legal instauró el llamado voto rogado para las generales y autonómicas. Esta fórmula obliga a quienes viven en el extranjero a comunicar personalmente su voluntad de ejercer su derecho de sufragio.
Ya en las autonómicas de mayo, votó menos del cinco por ciento de los inscritos en el CERA, después de que lo pidiera el 8,2 por ciento.

Malestar entre los emigrantes
Según recoge una información de la Agencia Efe, el Gobierno reconoce que la participación de la comunidad emigrante en el 20-N es “muy insuficiente”, como afirma la directora general de Ciudadanía Española en el Exterior, Pilar Pin.
En 2008, el índice de participación del CERA fue del 31,74 por ciento, no lejos del récord de 1989, cuando se registró un 36,15.
En declaraciones a Efe, Pin admite que la reforma legal ha causado “malestar y rebeldía” en los emigrantes que marcharon de España hace décadas, en sus hijos y nietos que se han nacionalizado y en quienes se han mudado al extranjero en los últimos años por cuestiones laborales o personales.
La directora general asume que la instauración del voto rogado les ha desincentivado. “El procedimiento de voto es complicado”, admite Pin, quien recuerda que la ley “la hizo el Parlamento, no el Gobierno”.
La directora general lamenta que no se hayan introducido fórmulas para que los electores reciban a tiempo las papeletas por correo después de ‘rogarlas’.
Tuvieron de plazo hasta el pasado 22 de octubre para comunicar por correspondencia o fax su deseo de votar.
A los que les ha llegado la documentación, tenían de margen hasta el día 19 para mandarla a las oficinas consulares. Si el matasellos era posterior, el voto no era válido.
Este proceso implica un alto grado de dependencia de servicios de correos que no son tan eficientes como el de España, en especial, en lugares de América Latina, donde una carta puede tardar semanas en llegar a su destino.
“Los plazos marcados por la ley son suficientes en Europa, pero no en países de América. El Gobierno se ve incapaz de articular el funcionamiento de los sistemas de correos de cada país”, apunta Pin.
Pin cree que la solución pasa por la implantación del voto electrónico con las garantías adecuadas. “Hay que cambiar la mentalidad”, aconseja.
Aunque la reforma legal aprobada en enero de este año tuvo un amplio respaldo, ni PSOE, ni PP están satisfechos de sus efectos.
El director del PP en el Exterior, Alfredo Prada, ve necesario hacer una “reflexión” tras el 20-N y buscar nuevas fórmulas que fomenten una mayor participación de la colonia emigrante. Prada optaría por mantener el método por correo y potenciar el voto en urna en los consulados sin necesidad de que sea rogado.

Explotar las posibilidades
El secretario xeral de Emigración de la Xunta, Santiago Camba, apunta que tal vez la solución no sea cambiar de nuevo la ley sino tratar de explotar todas las posibilidades que ofrece la actual legislación para facilitar la participación de los emigrantes. Camba, que fue crítico con la posición de su partido cuando se puso en marcha la reforma, explica que habrá que emplear las nuevas tecnologías para que los emigrantes no se vean imposibilitados a ejercer su derecho. “Hemos recibido muchas quejas porque hay muchos ciudadanos que han intentado votar y no han podido”, indica el secretario general.
La portavoz de Emigración del PSdeG, Marisol Soneira, va más allá y reclama una profunda reforma del sistema actual para que no se repitan las “patéticas” cifras que van a darse en estas elecciones. “El voto rogado dificulta la participación y sigue prestándose a la manipulación. Una de las vías para lograr mayor transparencia es la implantación de una circunscripción única para los emigrantes. Para ello hará falta una reforma constitucional y mientras tanto habrá que depurar el censo”, indica.
La secretaria de emigración del PSOE gallego, Marisol Soneira, comenta que el rechazo entre los emigrantes a la nueva ley es general, sin distinción de edad o país de residencia. “Se sienten ciudadanos de segunda. La gente considera el voto rogado una discriminación. Fomenta mucha confusión, sobre todo entre los mayores. Es la peor de las opciones”, explica a Efe Soneira.
El portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, señala que la tentación de manipular el voto emigrante sigue estando presente, aunque considera que la nueva regulación es un paso adelante. Los nacionalistas apuntan que sólo deben votar los emigrantes de primera generación y los descendientes que hayan residido algún tiempo en Galicia.

Circunscripción propia
Una de las opciones para estimular el voto exterior es crear una circunscripción específica en el Senado para los emigrantes, cuyo voto computa ahora en la provincia en la que están inscritos. El PSOE ha vuelto a incluir esta propuesta en su programa electoral, idea que comparte el BNG.
Según Soneira, este método facilitaría el voto en urna en consulados, centros públicos y casas regionales y evitaría las dilaciones del correo.
El Consejo de Estado redactó un informe en febrero de 2009 en el que avalaba la circunscripción exterior para implicar más a los emigrantes, pero avisando que sería preciso retocar la Constitución.
Los defensores del voto rogado arguyen que además de ahorrar, al enviarse sólo papeletas a quien las pide, se reducen el fraude y que se repitan casos de expatriados que votaron... estando muertos.
Según Alfredo Prada, este objetivo se ha conseguido, porque la anterior norma “no tenía seguridad jurídica, ni era transparente”. Sin embargo, el dirigente del PP reconoce que se ha sido “excesivamente garantista”, lo que ha tenido como “efecto colateral que la participación ha descendido”.
Soneira sostiene una postura antagónica y está convencida de que el voto rogado, lejos de impedir el fraude, “facilita mucho los trapicheos”. Según ella, se han dado casos de electores que al ir a solicitar el voto, ya lo había hecho alguien por él.
El aumento del CERA respecto a 2008 se ha debido en gran medida a los nietos de exiliados que han podido adquirir la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Histórica. En Argentina, el incremento ha sido de 61.092 afiliados; en Cuba, de 31.288; en Venezuela, de 19.770, y en México, de 22.135.
La incorporación de esta bolsa de censados no ha tenido su traslación en el número de votantes, al contrario de lo que se barruntaba. “La nueva ley no les ha seducido para votar”, infiere Pin.
Soneira cree que en los nuevos nacionalizados, “ha pesado mucho más” el componente cultural y la conveniencia de tener un pasaporte de la UE que el deseo de participar en la vida política española. “El interés por votar es más de los españoles emigrantes de primera y segunda generación, más que de los nietos”, reflexiona la diputada del PSOE.