La Coordinadora dice que las medidas sobre nacionalidad son positivas pero insuficientes

La Coordinadora Europea de Asociaciones de Emigrantes Españoles (Ceaee) ha emitido un comunicado en el que valora que las medidas adoptadas por el Gobierno para regular el acceso a la nacionalidad de los exiliados de la Guerra Civil son un paso importante, pero muy insuficiente, pues, dice, no encuentra razón objetiva para que se excluya a los hijos o nietos de españoles que salieron de España con posterioridad a 1955 y para que no se suprima la discriminación con las mujeres cuyos hijos nacieron con anterioridad a diciembre de 1978. “Una vez más se ha desperdiciado una buena oportunidad para resolver definitivamente el tema de la nacionalidad de los españoles en el exterior”, dice.
Para la Ceaee las medidas adoptadas por el Gobierno para el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica en esta materia son un avance significativo con respecto a la situación actual. “Posibilitar el acceso a la nacionalidad de origen a los hijos y nietos de aquellos españoles que el régimen de Franco forzó al exilio tras la Guerra Civil, es un acto de justicia del que hay que felicitar a las fuerzas parlamentarias que aprobaron dicha Ley y al propio gobierno por haber cumplido parte de los términos de la misma, aunque nos parece inaceptable que se haya limitado su validez a dos años”, expone, opinando que si se quiere hacer justicia a los exiliados se tiene que hacer sin límite de tiempo.
“Consideramos inadmisible que se mantenga tanta ambigüedad sobre en qué condiciones y a quiénes se les seguirá exigiendo la renuncia a la nacionalidad extranjera”, añade, considerando que el modelo a seguir debería ser el que se aplica a los brigadistas internacionales, a quienes se les reconoce el derecho a solicitar la nacionalidad española sin previa renuncia de su propia nacionalidad.
Por otra parte, entiende que no se cumple la disposición adicional segunda del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que, recuerda, daba al Gobierno un plazo de seis meses para regular las condiciones de adquisición de la nacionalidad española para los descendientes de los españoles en el exterior. Entiende que esa disposición se refiere “a los descendientes de todos los españoles y no sólo a una parte de ellos, como es el caso de la regulación que acaba de dictarse en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, que la limita solamente a aquellos que pueden justificar haber salido de España con anterioridad al 1 de enero de 1956”.
Valora que la situación actual puede suponer un agravio comparativo entre los españoles que salieron antes y después de 1955, “sin que se haya dado explicación coherente del porqué se ha elegido dicha fecha y no la de 1975 en la que murió el dictador”. Defiende que también fueron víctimas del franquismo los exiliados políticos hasta la muerte del dictador y los emigrantes que tuvieron que salir de España como consecuencia de la situación económica “en la que el poder salido de la Guerra Civil sumió a todo el país”.
La Coordinadora dice no querer entrar en graduaciones de los sufrimientos que causó la dictadura de Franco en los diferentes colectivos de españoles y que de lo que se trata es de que “el Gobierno cumpla con lo establecido en la Ley 40/2006, de 14 de diciembre”, con lo que asegura que se dará satisfacción a los descendientes de españoles que tuvieron que abandonar el país durante la dictadura y a los que tuvieron que salir, también para procurarse una condiciones de vida dignas, con anterioridad a la Guerra Civil.
“De lo que se trata es de que el conjunto de fuerzas parlamentarias emprendan una verdadera reforma de la nacionalidad española que nos conduzca a la adopción de un Código de la Nacionalidad como lo tienen gran parte de los estados modernos. España no puede seguir sin dotarse de tal instrumento”, acaba.