20-N, la crónica de un expolio anunciado

La escuálida participación de los españoles residentes en el extranjero, escandalosamente baja, en las elecciones generales del 20-N, ha rubricado el acta de defunción de un sistema electoral excluyente y la crónica de un expolio anunciado, por el que pediremos responsabilidades políticas. Los datos son indignantes. Sólo ha podido votar el 4,9% del censo, frente al 31% de las elecciones generales de 2008. Y, por las carencias administrativas, temporales y postales, el 53% de las solicitudes cursadas no se convirtieron en votos efectivos. Ha sido un desfalco, una estafa a la ciudadanía y un nuevo atropello que ha provocado en todo el mundo un sentimiento de humillación, rabia y decepción. El PP y el PSOE, coautores de la nefasta reforma de enero, que ya tumbó la participación del 26% al 3,6% en las autonómicas de mayo, han rematado la faena. Y, encima, han tenido la desfachatez de hacer campaña en el exterior, gastando cientos de miles de euros en sus andanzas, derramando lágrimas de cocodrilo por lo que hicieron y engañando a la gente con falsas promesas. Al privar o dificultar el ejercicio del derecho de voto de un millón y medio de electores, el PP y el PSOE les han borrado del mapa político; han anulado su visibilidad y su capacidad de influencia; les han relegado a la categoría de españoles de segunda y han cortado uno de los cordones umbilicales que les unen con la madre patria, muchos como contribuyentes con sus impuestos por su patrimonio en España y cientos de miles que cada año envían miles de millones de euros en remesas a nuestro país. Tenía toda la razón el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, cuando el 22 de septiembre denunció a los partidos políticos del arco parlamentario –excepto a IU y CC– por haber despojado a los emigrantes de sus derechos políticos. Como reconoció un dirigente socialista, el voto exterior no puede seguir siendo una maratón que la inmensa mayoría no puede correr. Considero imprescindible una reforma radical de la LOREG, para que no sea papel mojado el artículo 68.5 de la Constitución, cuando afirma que “La Ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España” y se recupere un derecho que hoy yace muerto y sepultado. La reforma, en nuestra opinión, debería consistir en el desarrollo escrupuloso del artículo 68 de la Constitución y en la recuperación del artículo 4 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, cuando señalaba que “Los españoles que residen el exterior tienen derecho a ser electores y elegibles, en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado español”. Esto implica para Izquierda Unida la supresión del voto rogado, la entrega de una tarjeta censal a cada elector debidamente acreditado, el envío automático de la documentación electoral a los inscritos en el censo y la puesta en marcha de todas las facilidades para que puedan votar, personalmente por correo o directamente en urnas dispuestas en oficinas del Estado en las principales ciudades de asentamiento español, estudiándose incluso la posibilidad de votar por correo electrónico acreditando la firma electrónica personal e intransferible. En nuestro programa electoral, siguiendo el ejemplo de los franceses en el extranjero, que ya están representados por 11 diputados y 6 senadores, proponemos la creación de una circunscripción propia en el Congreso y el Senado, y que se recupere el derecho al voto en las elecciones municipales.  

Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida por Asturias