Reflexiones de Ángel Capellán sobre el Real Decreto y el proyecto de Reglamento del CGCEE
Partiendo de la vigencia del Real Decreto que rige al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y del proyecto de Reglamento que se presentará en el pleno que celebra esta semana en Madrid, así como del proyecto de Real Decreto para modificar al actual que rige a los Consejos de Residentes Españoles (CRE), Ángel Capellán, consejero por Estados Unidos en el CGCEE, remite algunas reflexiones que estractamos.
Partiendo de la vigencia del Real Decreto que rige al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y del proyecto de Reglamento que se presentará en el pleno que celebra esta semana en Madrid, así como del proyecto de Real Decreto para modificar al actual que rige a los Consejos de Residentes Españoles (CRE), Ángel Capellán, consejero por Estados Unidos en el CGCEE, remite algunas reflexiones que estractamos.
Sobre el Real Decreto del CGCEE, dice que deben potenciar lo que ofrece para conseguir el máximo rendimiento del Consejo General. “Hay algunos comentarios inevitables. El punto más importante es su composición. El sentir claro y aprobado del Consejo en el último Pleno fue que los consejeros electos debían predominar y se aprobó incluso que fueran hasta 50. Es de lamentar que este concepto no se haya aceptado. Ahora predominan e incluso ‘dominan’ los consejeros que llegan al Consejo por múltiples caminos –asignados, designados, o propuestos por diversos organismos– pero no sometidos a elecciones democráticas equiparables a las que traen a los consejeros electos.
En definitiva todos los consejeros, sea cual sea el camino por el que arriban a este organismo, han de llegar a tener una función decisiva en las deliberaciones del Consejo. Pienso que las Comunidades Autónomas han respondido a las necesidades de los españoles en el exterior de una manera loable y cada día más comprometida”. Que ahora tengan un representante cada una lo considera ventajoso en cuanto a coordinación y encauzamiento de recursos y proyectos.
“Tras muchos años de forcejeos y enfrentamientos –a veces llenos de emocionadas expresiones de la voluntad de muchos– hemos llegado al punto en que las federaciones tendrán su cupo de representantes en el Consejo con derecho a voz y voto. Mi felicitación y bienvenida (aunque en el pasado no me haya mostrado favorable a su presencia con voto)”.
“Es un poco llamativo, y sería importante una clarificación por la administración, el hecho de que el Real Decreto fuera publicado como definitivo con ocho consejeros en representación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y al mes y pico salga en el BOE una corrección indicando que serán doce los representantes. No recuerdo que se hubiera pedido este cambio en el Consejo General ni tampoco veo cómo se puede justificar ese aumento cuando en realidad los representantes de las pymes son los que más fallaron en su asistencia y participación en el pasado”.
“Hay otro cambio de máxima importancia en el Real Decreto y que altera considerablemente el ‘modus operandi’ del Consejo. Por mi parte, había mantenido con insistencia que el pleno y las comisiones debían funcionar durante la misma convocatoria.(...) Con todo, he llegado a la conclusión de que la solución establecida en el Real Decreto y ahora detallada en el propuesto reglamento de funcionamiento en plenos por una parte y por otra en comisiones entre plenos sea la más idónea. El cambio tan decisivo en el número y composición de los consejeros (ahora llegamos hasta 88) presentaría problemas logísticos importantes para que se llevara a cabo todo el trabajo de plenos y comisiones en tres días”. También apoya la creación de la nueva Comisión de jóvenes y mujeres .
“La Comisión Ejecutiva codifica lo que durante muchos años hemos estado pidiendo y en parte ha funcionado como Comisión de Seguimiento. Sin embargo considero que deberá tener algunas competencias importantes que ahora no veo en este proyecto, especialmente, la de mantener contactos continuados y activos con los organismos del Ejecutivo del Gobierno (Ministerios) y del Parlamento”.
“En cuanto a la composición y funcionamiento de las Comisiones Delegadas, creo que habrá numerosas cuestiones, petición de enmiendas, modificaciones, etc. La estructura propuesta significa que si se aceptara y fuera adelante, sólo 40 consejeros de un total de 63 participarían en el estudio de las propuestas y elaboración de acuerdos propuestos al Pleno. Será una cuestión de importancia y posiblemente controvertida”.
Propuesta para los CRE
En lo que se refiere al propuesto Real Decreto de los CRE, anuncia que ofrecerá alternativas a varios puntos. “Quizá el punto más decisivo es el que se eleve el número de españoles en el CERA de 700 a 1.200 para que una circunscripción consular cualifique para tener un CRE. Me parece ésta una seria y cuestionable restricción de un derecho y una clara política de que se lleguen a formar el menor número posible de CRE”.
Supone que “alguien de la Administración podría alegar que han sido pocas (¿o ninguna?) las circunscripciones consulares donde se hayan formado CRE con un CERA pequeño”, y responde que ello se debe en gran parte a falta de información y de apoyo de los consulados para desarrollar estos procesos.
“El Artículo 4 propone reducir el número de consejeros en las circunscripciones con el mayor número de españoles en el CERA. En esto deberemos oír con atención e interés a los consejeros de esos países con elevada población española en el exterior”.
“Asimismo el Punto 3 del Artículo 4 propone limitar el servicio de miembros de los CRE a tres mandatos consecutivos. Aunque éste es un margen bastante generoso, considero que no debe imponerse esa limitación. Dejemos a cada comunidad española que decida a quién reelige o rechaza. Si hay nuevos candidatos que se presentan con preparación y dedicación a la comunidad probadas no deberían tener dificultad en ser elegidos y en reemplazar a consejeros más veteranos. Deberían ser las fuerzas de la democracia las que determinaran los resultados”.
“Por otra parte, la realidad es que se hace difícil muchas veces en ciertos colectivos españoles en el exterior el encontrar voluntarios dedicados que se ofrezcan en servicio a la comunidad con seriedad y perseverancia. En muchos casos, la eliminación de un excelente miembro de los CRE debido a la caducidad de mandatos, crearía un vacío que quizás no podría reemplazarse”.
Reformas de la Ley Electoral
Por otra parte, el consejero opina que las propuestas de reforma de la Ley Electoral no van por buen camino. “Se nos está imponiendo el voto en urna muy por encima y más allá de lo que nunca pedimos o propusimos en el Consejo General”.
“Las propuestas que están llegando de los parlamentarios de Galicia, si bien las entiendo, catapultan el voto en urna como casi sistema único de facto y reducen el voto por correo a voto rogado. Si así es, esto sería desastroso y claramente anticonstitucional. Dichas propuestas e iniciativas se están basando en dos premisas completamente falsas y aún falaces que crean una situación clarísima de discriminación aún mayor entre el votante dentro y fuera de España. La premisa falsa pretende que se equipara ahora mejor el voto dentro y fuera de España al instituirse el voto en urna. Sin embargo, es falsa porque nunca jamás se podrá facilitar el voto en urna para los españoles en el exterior al igual que se facilita para los españoles en territorio español. Que alguien me diga cuántos españoles irían a las urnas en España si tuvieran que desplazarse (bien fuera a pie, a caballo o en burro, en autobús o transporte público) digamos, 20 ó 30, 40, 50, 100, 200, o incluso 500 kms. y más de distancia a cualquiera de las urnas que se instalen en el exterior en el futuro próximo. Y, añadamos, que el único medio alternativo de participar que tuvieran fuera rogar el voto. Indudablemente sería el mayor desastre de la democracia en España. Apuesto a que más del 70% de los españoles en el exterior residen a más de 50 kms. de distancia de la urna más cercana que se instale”.
“La segunda premisa falsa es que se pretenda que los españoles en el exterior tienen el mismo acceso a información sobre votaciones y procesos electorales como los del territorio español. Nada más alejado de la verdad. El porcentaje de españoles que tiene acceso ordinario a los centros y asociaciones de españoles en el exterior y que en efecto lo usa es mínimo. (...) La demarcación del Consulado de Houston ocupa una superficie mayor que dos veces la España peninsular. Entre todos los centros y asociaciones de españoles en esta zona consular de NY, los socios escasamente suman en su totalidad 3.000. De ellos, un elevado número, no tienen la ciudadanía española vigente. Hablamos de una zona consular con 15.000 españoles inscritos en el CERA. Mientras que los socios o visitantes ocasionales a estos centros pueden enterarse mejor de los procesos electorales, el resto sólo lo haría por la posible publicidad que los partidos enviaran a última hora (por lo general ya tarde para pedir el voto, preparar un viaje a las urnas, o actualizar su status en el Consulado)”.
“Varias conclusiones: El Gobierno está embarcándose en la creación de una burocracia compleja y carísima que añade muy poco en términos de facilitar el voto o de garantizar su transparencia. Las posibilidades de manipulación del voto en urna en el exterior son tan alarmantes como cualquier manipulación por correo. Simplemente, esto es cierto porque este sistema se pone tan sólo al alcance de un porcentaje muy pequeño de la población española en el exterior. Mientras tanto la conversión de lo que ha sido voto por correo, con papeletas de voto e información para realizarlo, a lo que parece ser va abocado a convertirse en voto rogado destruiría por completo los porcentajes de participación de la España exterior. Aún peor, crearía un sistema inconstitucional de facto, por el simple hecho de presentar una situación de discriminación incuestionable e injustificable”.
En este sentido defiende el voto por correo, con las correcciones que precise, como “el único justo, pues es el método universalmente establecido en los sistemas democráticos para los votantes ausentes de su domicilio o residentes en el exterior” y considera el voto en urna “tan sólo un valor añadido”. “En definitiva, sólo un sistema seguro y probado de voto electrónico sería justo y totalmente aceptable para los españoles en el exterior”, opina.
“No puedo menos de añadir que he advertido con gran alarma y exasperación creciente que durante los últimos años un partido regional –por qué no decirlo, me refiero al BNG– se ha embarcado en una campaña sistemática de descalificación del voto exterior. Sus propuestas repetidas de eliminar el voto por correo, de suprimir el voto en las elecciones municipales, y ahora de limitar el tiempo de aceptación de papeletas del exterior muestran una voluntad obcecada en contra de la España exterior. Los argumentos que alegan se caen por su propio peso y son tan elementalmente simples y equivocados que un estudiante de primaria podría rebatirlos. Sus políticas se han posicionado sistemáticamente en contra de buena parte de los acuerdos aprobados por el Consejo General a este respecto, acuerdos aprobados bien por grandísimas mayorías si no por unanimidad”.
Nacionalidad y representación parlamentaria
“Las gestiones legislativas del Gobierno y Parlamento que nos han dado ese manto inadecuado de remiendos y parches que son las diversas y sumamente deficientes enmiendas de la normativa de nacionalidad no nos han solucionado el problema y dejan lagunas de clara discriminación. Se impone que al principio de esta legislatura pidamos, con más fuerza que nunca, una seria, completa y definitiva ‘Ley de Nacionalidad’ en líneas con lo que el Consejo ha aprobado ya repetidas veces. Dejémonos ya de parches y soluciones temporales, amén de discriminatorias”.
“Por otra parte, los que venimos presentando propuestas desde hace muchos años, para una plena representación parlamentaria de los españoles en el exterior, vemos con satisfacción que los vientos de cambio se inclinan a favor de nuestro extenso colectivo. Por mi parte he visto con gran regocijo que el Gobierno actual ha insistido repetidamente en prometer su completo apoyo a llevar a cabo la legislación necesaria para que esta representación llegue a conseguirse”.
“No puedo menos de indicar, con convicción absoluta, que en esta causa todos los partidos deberían unirse –algo que todos saben, lo dice un afiliado de un partido de la oposición–. El partido principal de la oposición debería apoyar seriamente los repetidos acuerdos de este Consejo General encaminados a conseguir esta meta. Lamentablemente, hasta este momento, no he visto en este partido sino una tímida voluntad muy parcial, y limitada a aspectos parciales de la problemática. El concepto que el partido en el Gobierno ha propuesto, es decir la creación de un Distrito Exterior para la España Exterior, con un número de diputados y senadores elegidos en elecciones directas por los residentes en el exterior, responde en su totalidad a diversas variantes que el Consejo General ha propuesto en años recientes”.
Sobre el Real Decreto del CGCEE, dice que deben potenciar lo que ofrece para conseguir el máximo rendimiento del Consejo General. “Hay algunos comentarios inevitables. El punto más importante es su composición. El sentir claro y aprobado del Consejo en el último Pleno fue que los consejeros electos debían predominar y se aprobó incluso que fueran hasta 50. Es de lamentar que este concepto no se haya aceptado. Ahora predominan e incluso ‘dominan’ los consejeros que llegan al Consejo por múltiples caminos –asignados, designados, o propuestos por diversos organismos– pero no sometidos a elecciones democráticas equiparables a las que traen a los consejeros electos.
En definitiva todos los consejeros, sea cual sea el camino por el que arriban a este organismo, han de llegar a tener una función decisiva en las deliberaciones del Consejo. Pienso que las Comunidades Autónomas han respondido a las necesidades de los españoles en el exterior de una manera loable y cada día más comprometida”. Que ahora tengan un representante cada una lo considera ventajoso en cuanto a coordinación y encauzamiento de recursos y proyectos.
“Tras muchos años de forcejeos y enfrentamientos –a veces llenos de emocionadas expresiones de la voluntad de muchos– hemos llegado al punto en que las federaciones tendrán su cupo de representantes en el Consejo con derecho a voz y voto. Mi felicitación y bienvenida (aunque en el pasado no me haya mostrado favorable a su presencia con voto)”.
“Es un poco llamativo, y sería importante una clarificación por la administración, el hecho de que el Real Decreto fuera publicado como definitivo con ocho consejeros en representación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y al mes y pico salga en el BOE una corrección indicando que serán doce los representantes. No recuerdo que se hubiera pedido este cambio en el Consejo General ni tampoco veo cómo se puede justificar ese aumento cuando en realidad los representantes de las pymes son los que más fallaron en su asistencia y participación en el pasado”.
“Hay otro cambio de máxima importancia en el Real Decreto y que altera considerablemente el ‘modus operandi’ del Consejo. Por mi parte, había mantenido con insistencia que el pleno y las comisiones debían funcionar durante la misma convocatoria.(...) Con todo, he llegado a la conclusión de que la solución establecida en el Real Decreto y ahora detallada en el propuesto reglamento de funcionamiento en plenos por una parte y por otra en comisiones entre plenos sea la más idónea. El cambio tan decisivo en el número y composición de los consejeros (ahora llegamos hasta 88) presentaría problemas logísticos importantes para que se llevara a cabo todo el trabajo de plenos y comisiones en tres días”. También apoya la creación de la nueva Comisión de jóvenes y mujeres .
“La Comisión Ejecutiva codifica lo que durante muchos años hemos estado pidiendo y en parte ha funcionado como Comisión de Seguimiento. Sin embargo considero que deberá tener algunas competencias importantes que ahora no veo en este proyecto, especialmente, la de mantener contactos continuados y activos con los organismos del Ejecutivo del Gobierno (Ministerios) y del Parlamento”.
“En cuanto a la composición y funcionamiento de las Comisiones Delegadas, creo que habrá numerosas cuestiones, petición de enmiendas, modificaciones, etc. La estructura propuesta significa que si se aceptara y fuera adelante, sólo 40 consejeros de un total de 63 participarían en el estudio de las propuestas y elaboración de acuerdos propuestos al Pleno. Será una cuestión de importancia y posiblemente controvertida”.
Propuesta para los CRE
En lo que se refiere al propuesto Real Decreto de los CRE, anuncia que ofrecerá alternativas a varios puntos. “Quizá el punto más decisivo es el que se eleve el número de españoles en el CERA de 700 a 1.200 para que una circunscripción consular cualifique para tener un CRE. Me parece ésta una seria y cuestionable restricción de un derecho y una clara política de que se lleguen a formar el menor número posible de CRE”.
Supone que “alguien de la Administración podría alegar que han sido pocas (¿o ninguna?) las circunscripciones consulares donde se hayan formado CRE con un CERA pequeño”, y responde que ello se debe en gran parte a falta de información y de apoyo de los consulados para desarrollar estos procesos.
“El Artículo 4 propone reducir el número de consejeros en las circunscripciones con el mayor número de españoles en el CERA. En esto deberemos oír con atención e interés a los consejeros de esos países con elevada población española en el exterior”.
“Asimismo el Punto 3 del Artículo 4 propone limitar el servicio de miembros de los CRE a tres mandatos consecutivos. Aunque éste es un margen bastante generoso, considero que no debe imponerse esa limitación. Dejemos a cada comunidad española que decida a quién reelige o rechaza. Si hay nuevos candidatos que se presentan con preparación y dedicación a la comunidad probadas no deberían tener dificultad en ser elegidos y en reemplazar a consejeros más veteranos. Deberían ser las fuerzas de la democracia las que determinaran los resultados”.
“Por otra parte, la realidad es que se hace difícil muchas veces en ciertos colectivos españoles en el exterior el encontrar voluntarios dedicados que se ofrezcan en servicio a la comunidad con seriedad y perseverancia. En muchos casos, la eliminación de un excelente miembro de los CRE debido a la caducidad de mandatos, crearía un vacío que quizás no podría reemplazarse”.
Reformas de la Ley Electoral
Por otra parte, el consejero opina que las propuestas de reforma de la Ley Electoral no van por buen camino. “Se nos está imponiendo el voto en urna muy por encima y más allá de lo que nunca pedimos o propusimos en el Consejo General”.
“Las propuestas que están llegando de los parlamentarios de Galicia, si bien las entiendo, catapultan el voto en urna como casi sistema único de facto y reducen el voto por correo a voto rogado. Si así es, esto sería desastroso y claramente anticonstitucional. Dichas propuestas e iniciativas se están basando en dos premisas completamente falsas y aún falaces que crean una situación clarísima de discriminación aún mayor entre el votante dentro y fuera de España. La premisa falsa pretende que se equipara ahora mejor el voto dentro y fuera de España al instituirse el voto en urna. Sin embargo, es falsa porque nunca jamás se podrá facilitar el voto en urna para los españoles en el exterior al igual que se facilita para los españoles en territorio español. Que alguien me diga cuántos españoles irían a las urnas en España si tuvieran que desplazarse (bien fuera a pie, a caballo o en burro, en autobús o transporte público) digamos, 20 ó 30, 40, 50, 100, 200, o incluso 500 kms. y más de distancia a cualquiera de las urnas que se instalen en el exterior en el futuro próximo. Y, añadamos, que el único medio alternativo de participar que tuvieran fuera rogar el voto. Indudablemente sería el mayor desastre de la democracia en España. Apuesto a que más del 70% de los españoles en el exterior residen a más de 50 kms. de distancia de la urna más cercana que se instale”.
“La segunda premisa falsa es que se pretenda que los españoles en el exterior tienen el mismo acceso a información sobre votaciones y procesos electorales como los del territorio español. Nada más alejado de la verdad. El porcentaje de españoles que tiene acceso ordinario a los centros y asociaciones de españoles en el exterior y que en efecto lo usa es mínimo. (...) La demarcación del Consulado de Houston ocupa una superficie mayor que dos veces la España peninsular. Entre todos los centros y asociaciones de españoles en esta zona consular de NY, los socios escasamente suman en su totalidad 3.000. De ellos, un elevado número, no tienen la ciudadanía española vigente. Hablamos de una zona consular con 15.000 españoles inscritos en el CERA. Mientras que los socios o visitantes ocasionales a estos centros pueden enterarse mejor de los procesos electorales, el resto sólo lo haría por la posible publicidad que los partidos enviaran a última hora (por lo general ya tarde para pedir el voto, preparar un viaje a las urnas, o actualizar su status en el Consulado)”.
“Varias conclusiones: El Gobierno está embarcándose en la creación de una burocracia compleja y carísima que añade muy poco en términos de facilitar el voto o de garantizar su transparencia. Las posibilidades de manipulación del voto en urna en el exterior son tan alarmantes como cualquier manipulación por correo. Simplemente, esto es cierto porque este sistema se pone tan sólo al alcance de un porcentaje muy pequeño de la población española en el exterior. Mientras tanto la conversión de lo que ha sido voto por correo, con papeletas de voto e información para realizarlo, a lo que parece ser va abocado a convertirse en voto rogado destruiría por completo los porcentajes de participación de la España exterior. Aún peor, crearía un sistema inconstitucional de facto, por el simple hecho de presentar una situación de discriminación incuestionable e injustificable”.
En este sentido defiende el voto por correo, con las correcciones que precise, como “el único justo, pues es el método universalmente establecido en los sistemas democráticos para los votantes ausentes de su domicilio o residentes en el exterior” y considera el voto en urna “tan sólo un valor añadido”. “En definitiva, sólo un sistema seguro y probado de voto electrónico sería justo y totalmente aceptable para los españoles en el exterior”, opina.
“No puedo menos de añadir que he advertido con gran alarma y exasperación creciente que durante los últimos años un partido regional –por qué no decirlo, me refiero al BNG– se ha embarcado en una campaña sistemática de descalificación del voto exterior. Sus propuestas repetidas de eliminar el voto por correo, de suprimir el voto en las elecciones municipales, y ahora de limitar el tiempo de aceptación de papeletas del exterior muestran una voluntad obcecada en contra de la España exterior. Los argumentos que alegan se caen por su propio peso y son tan elementalmente simples y equivocados que un estudiante de primaria podría rebatirlos. Sus políticas se han posicionado sistemáticamente en contra de buena parte de los acuerdos aprobados por el Consejo General a este respecto, acuerdos aprobados bien por grandísimas mayorías si no por unanimidad”.
Nacionalidad y representación parlamentaria
“Las gestiones legislativas del Gobierno y Parlamento que nos han dado ese manto inadecuado de remiendos y parches que son las diversas y sumamente deficientes enmiendas de la normativa de nacionalidad no nos han solucionado el problema y dejan lagunas de clara discriminación. Se impone que al principio de esta legislatura pidamos, con más fuerza que nunca, una seria, completa y definitiva ‘Ley de Nacionalidad’ en líneas con lo que el Consejo ha aprobado ya repetidas veces. Dejémonos ya de parches y soluciones temporales, amén de discriminatorias”.
“Por otra parte, los que venimos presentando propuestas desde hace muchos años, para una plena representación parlamentaria de los españoles en el exterior, vemos con satisfacción que los vientos de cambio se inclinan a favor de nuestro extenso colectivo. Por mi parte he visto con gran regocijo que el Gobierno actual ha insistido repetidamente en prometer su completo apoyo a llevar a cabo la legislación necesaria para que esta representación llegue a conseguirse”.
“No puedo menos de indicar, con convicción absoluta, que en esta causa todos los partidos deberían unirse –algo que todos saben, lo dice un afiliado de un partido de la oposición–. El partido principal de la oposición debería apoyar seriamente los repetidos acuerdos de este Consejo General encaminados a conseguir esta meta. Lamentablemente, hasta este momento, no he visto en este partido sino una tímida voluntad muy parcial, y limitada a aspectos parciales de la problemática. El concepto que el partido en el Gobierno ha propuesto, es decir la creación de un Distrito Exterior para la España Exterior, con un número de diputados y senadores elegidos en elecciones directas por los residentes en el exterior, responde en su totalidad a diversas variantes que el Consejo General ha propuesto en años recientes”.
