Propone que la emigración esté representada en él por sus asociaciones a través de las federaciones

La Feceve quiere sacar a los partidos políticos del CGCEE

La Federación de Centros Españoles en Venezuela (Feceve), que preside Félix Alfonso Barbero Martín, quiere sacar a los partidos políticos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y que la emigración esté representada en él por sus asociaciones, a través de las federaciones de las mismas.

La Feceve quiere sacar a los partidos políticos del CGCEE

La Federación de Centros Españoles en Venezuela (Feceve), que preside Félix Alfonso Barbero Martín, quiere sacar a los partidos políticos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y que la emigración esté representada en él por sus asociaciones, a través de las federaciones de las mismas. Así lo recoge en las propuestas que para la modificación del Reglamento del Funcionamiento del CGCEE ha remitido al secretario de este organismo y director general de Migraciones, Aurelio Miras Portugal.

En ellas, la Feceve aboga por que el Consejo General “tenga un carácter más serio y social” y que no sea “un foro político”. Señala que en las elecciones a los Consejos de Residentes Españoles (CRE) –de los que surgen los miembros electos del CGCEE– “siempre concurren listas de los partidos políticos, utilizando a las asociaciones como medios y después las desconocen” y que de la participación en las elecciones a los CRE “podríamos afirmar que es nula, no llega al 4% del total, o sea, no es representativa de nuestra comunidad española en Venezuela”. Opina, además, que a los partidos políticos “les corresponde presentarse a los órganos representativos de los gobiernos autónomos de la nación española”; deduciéndose por exclusión que no al CGCEE.

Por ello propone una reforma en el Reglamento del CGCEE por la que los CRE deben estar representados en él por las asociaciones de emigrantes a través de sus federaciones nacionales, de forma que en los países en que solo haya una federación esa sea la representante y con un número de consejeros que se establezca en relación al número de españoles inscritos en el país de residencia.

Según comunica la propia Feceve, esta federación se define en sus estatutos como “el único órgano social independiente dedicado a solicitar y defender los intereses y beneficios que por ley le corresponden a todos los españoles que habitan en Venezuela, organizados o no, ante las autoridades españolas y, en ciertos casos, ante las venezolanas”.

Una segunda propuesta que formula para la reforma del Reglamento del CGCEE es que se aclare si todos los que componen el Consejo y sus comisiones pueden ser electores y elegibles para cualquier cargo dentro del organismo pues, explica, “escuchamos que los representantes de las federaciones no pueden formar parte de la Comisión Permanente ni presidir comisiones”.

Finalmente, se refiere a las funciones de la Comisión Permanente del CGCEE, entendiendo que la más importante se produce “cuando deben tomarse decisiones urgentes para asuntos no contemplados en el Reglamento. “No debe ser filtro de la problemática de la emigración estimando y desestimando propuestas. Consideramos que debe ser el canal que conduzca a quien le corresponde de los estamentos de nuestras autoridades en el aparato democrático para conseguir la respuesta adecuada del tema en cuestión, darle seguimiento y darlo a conocer”, precisa.

Petición del CGCEE en 1986

Por otra parte, la Feceve se refiere en el texto remitido a las recomendaciones y conclusiones de su Segundo Congreso Nacional, que celebró en Maracaibo entre los días 14 y 16 de marzo de 1986, “donde propuso la creación de este Consejo de Emigración”.

Adjunta copia de algunas de estas propuestas, llamando la atención sobre la que hace el número 65, que se refiere a la creación del Consejo. Dice lo siguiente: “Sugerimos la creación de un Consejo de Emigración adscrito a la Agregaduría Laboral y Consulado General de España, como participación efectiva de la FECEVE  como miembro nato: representantes de las instituciones no federadas, partidos políticos y centrales sindicales españolas reconocidas. Sus competencias serían a niveles consultivos y orientadores de la política de actuación sobre nuestra comunidad, pudiesen formular propuestas y recomendaciones así como aconsejar sobre la  distribución de las asignaciones, tanto individuales como colectivas, del ámbito laboral, social, económico y político”.