Para José Alarcón, el Estatuto del exterior “es consecuencia directa de la emigración”

José Alarcón, asesor de la secretaria de Estado de Emigración e Inmigración, Consuelo Rumí, declaró en su reciente visita a La Habana que el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior es una consecuencia directa del proceso migratorio español de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, aunque ahora ese proceso se ha revertido y ahora España es un país que recibe inmigrantes y sus ciudadanos viajan al extranjero por causas ajenas a la emigración. 

Alarcón dijo que “la sociedad española es, en su actual configuración, consecuencia de una herencia reciente que no puede comprenderse sin hacer referencia a nuestra emigración. Aún hoy, más de un millón de españoles y sus descendientes viven fuera del territorio español. Por su condición y características peculiares, exigen un tratamiento específico por parte del Estado para garantizar a los españoles residentes en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales en condiciones de igualdad con los residentes en España, con el compromiso de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para remover los obstáculos que impidan hacerlos reales y efectivos”.
Alarcón dijo esto durante una conferencia con los presidentes de sociedades españolas en Cuba y estuvo acompañado por el encargado de negocios de la Embajada de España en Cuba, Juan López Herrera; el cónsul general, Pablo Barrios; y por los consejeros generales de la Emigración en la Isla, Antonio Fidalgo y Carmelo González. También asistió, como invitado, el escritor y consejero general Lois Pérez Leira.
Alarcón aseguró que “la emigración es uno de los elementos que dan identidad a la historia y a la memoria colectiva de España. La contribución de los emigrantes que, en el pasado y por distintas razones, se vieron obligados a abandonar su tierra y emprender una nueva vida lejos de ella, ha representado para el desarrollo de España una certeza incuestionable que no siempre ha sido correspondida con un trato justo por parte de nuestros poderes públicos”, y agregó que “muchos españoles residentes en otros países han atravesado, y aún lo hacen, por situaciones de grave dificultad sin llegar a recibir un apoyo para salir adelante o la ayuda necesaria para regresar a su país”.
El asesor de la secretaria de Estado dijo que, “desde los años ochenta, la atención a los españoles fue aumentando paulatinamente a raíz de iniciativas tan importantes como las que instauraron las ayudas económicas a los españoles con escasos recursos o la instauración de planes de salud, asumiendo por primera vez una responsabilidad estatal. Con esas y otras iniciativas, las políticas de emigración fueron de menos a más”, y comentó que “la ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, es una norma ejemplar que hace sentir un orgullo profundo para quienes somos españoles. Es una ley histórica y moderna. Histórica porque consolida un modelo de relación del Estado con sus ciudadanos” en el extranjero; “y moderna, hija de su tiempo, el siglo XXI, que ha sabido conjugar la raíz histórica que no es otra que la de un país que durante mucho tiempo fue un país de emigrantes”.
Recordó que el entonces candidato a la presidencia por el partido en la oposición, José Luís Rodríguez Zapatero, lanzó en la campaña electoral de 2004 la propuesta de crear un Estatuto de Ciudadanos Españoles en el Mundo y se presentó una proposición en el Parlamento que fue el germen de la iniciativa legislativa posterior, donde ya se apuntaron las líneas básicas que habría de atender el Estatuto”. Ya presidente “asignó como tarea la preparación del proyecto de Ley” que  contó con “la colaboración del entonces Consejo General de la Emigración, hoy Consejo de la Ciudadanía Española en el Exterior, que hizo suyo el proyecto, presentando sugerencias y apoyándolo con sus críticas constructivas”, y agregó: “justo resaltar también el esfuerzo del grupo parlamentario socialista durante la tramitación en el Congreso y el Senado, que en todo momento buscó el acuerdo de todos los partidos políticos, al igual que también es de justicia reconocer la responsabilidad y la voluntad de todos ellos, manifestada durante las negociaciones para alcanzar un texto consensuado y finalmente, el apoyo del Parlamento al Estatuto fue unánime, lo que le ha dotado de la máxima legitimidad, porque supone una feliz excepción a la regla general de la aprobación por mayoría y significa un apoyo total del conjunto de todos los partidos políticos”.
Comentó el asesor de Rumí que “el Estatuto de los Españoles en el Exterior se presenta como el marco de referencia donde se van a recoger y reafirmar los derechos, e igualmente se van a comprender las obligaciones que comprometen a los poderes públicos para este importante colectivo de ciudadanos españoles, esto es, las tareas pendientes derivadas de aquellos derechos que aún no se han visto plasmados efectivamente en la vida de los españoles que residen en otras naciones”, y, a su juicio, destacó algunos “elementos esenciales” del Estatuto como “el derecho al voto”, “derechos sociales y prestaciones”, el “Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior”, el “derecho en materia de empleo”, los “derechos sobre educación y cultura” y el “derecho al retorno”, entre otros.
Como “el derecho de petición individual”, “acudir al Defensor del Pueblo y de información como interesado ante los procedimientos administrativos”, “derecho a la participación en órganos representativos de la emigración y derecho de asociación”.
Alarcón explicó que “el presupuesto total para acciones a favor de los emigrantes de la Dirección General de Emigración ha pasado de 84.600.740 euros en 2003 a 137.170.810 euros en 2008, lo que representa un incremento en dicho período de más del 60% (respecto del crédito inicial previsto para este año, pues el importe total podría ser finalmente superior y por tanto también sería mayor el porcentaje de incremento) con un mayor número de beneficiarios y en importe de todas las prestaciones a favor de la ciudadanía española en el exterior. En cuanto a la prestación por razón de necesidad se amplió la cuantía total hasta una dotación de 100 millones de euros para 2008 y “respecto a las pensiones para ‘niños de la guerra’, la cuantía de esta ayuda tiene un tope máximo de 6.784 euros anuales por cada beneficiario en 2008, que se actualizará aplicando el IPC, y el coste mínimo anual de estas prestaciones, previsto para 2008, se sitúa en 10.500.000 euros para los beneficiarios residentes en el exterior y 1.575.000 euros para los residentes en España”.
Sentenció que “el Estatuto supone el cumplimiento de una trascendente promesa electoral y un avance significativo en el reconocimiento de derechos a todos los ciudadanos y la extensión del Estado de bienestar. La Ley consolida como auténticos derechos, prestaciones sociales que, pese a su importancia, hasta ahora parecían dispensarse por el Estado a sus ciudadanos como meras concesiones”.
Concluyó que “pese al importantísimo avance que todo ello implica, se pretende construir un sistema cuyas posibilidades de desarrollo, sin estar condicionadas en su núcleo fundamental por el presupuesto, se conectan en cuanto a su extensión con la capacidad económica real del Estado, en previsión de un crecimiento gradual y para que, de ninguna manera, el devenir del tiempo cause un peligro en su viabilidad futura”.