Gobierno y autonomías se plantearán su colaboración en emigración en otoño
La Comisión Sectorial de Emigración será convocada el próximo otoño por el director general de Ciudadanía Española en el Exterior, Agustín Torres, para abordar el modelo de colaboración entre el Estado y las autonomías en las actuaciones destinadas a los españoles residentes en el exterior, especialmente en materia de asistencia sanitaria y de atención a la dependencia, informó Agustín Torres. Se trata, dijo, de plantear “las reglas del juego” de la colaboración en este ámbito de manera que cuando alguna administración presente un proyecto encuentre apoyo en otras.
Para el director general, un buen ejemplo de la colaboración que busca entre las administraciones es la Fundación España Salud, que opera en Venezuela y en la que han aunado esfuerzos el Estado y las comunidades autónomas de Galicia y Canarias, sacando, dijo, mayor rendimiento y provecho a los recursos con su puesta en común que si cada una de estas administraciones hubiese actuado por su cuenta. Según Torres, los españoles en el exterior agradecen muchísimo este tipo de colaboración.
Por otra parte, anunció que la Comisión Permanente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), del que es secretario y que celebró su último pleno en Madrid entre los pasados días 14 y 16, se reunirá antes de que finalice el año para que valore y distribuya entre las otras cuatro comisiones, temáticas, los asuntos que no se pudieron ver en el pleno. Entre los temas que han llegado a la Secretaría del Consejo están la nacionalidad y el SOVI y Torres se muestra convencido de que llegarán muchos más cuando, con la suficiente antelación, comuniquen a los consejeros generales la convocatoria.
El director general valoró que ésta será una buena ocasión para comprobar si efectivamente, como él supone, el CGCEE ha dado un salto cualitativo con la nueva forma de funcionamiento que recoge el Reglamento que el propio Consejo aprobó en el pleno.
Un pleno del que Torres resalta que supuso la determinación de los miembros del Consejo, entre los que destacó la presencia, novedosa, de todas las autonomías y del movimiento asociativo de los emigrantes, y que el órgano se dotase de un Reglamento que, afirmó, le permitirá funcionar con agilidad.
Cierre de ciclo
En este sentido apreció que el Consejo ha cerrado un ciclo y que quedó de manifiesto que lo ha hecho bien en el último pleno, al que acudieron 82 consejeros generales, a los que en el siguiente se podrán agregar tres más del movimiento asociativo y dos autonomías que no asistieron a éste (País Vasco y Melilla), hasta sumar un total de 87. A ellos, recordó, se añaden los invitados y los representantes de los medios de emigración, por lo que valoró que el equipo de la Dirección General “hizo un trabajo impresionante de organización”.
“Estamos hablando de lo que va a ser el Consejo, espero, durante muchos años, con representación de los españoles en el exterior a través de los CRE [Consejos de Residentes Españoles] y de las asociaciones”, reflexionó, añadiendo que ahora todas las entidades, empresariales y sociales, con interés en trasladar algo al Gobierno en esta materia tienen un foro para ello.
Recordó asimismo que el Consejo General cumplió en su último pleno con el trámite de informar la modificación propuesta por el Ministerio de Exteriores del Real Decreto que regula la participación a través de los CRE, lo que entiende que también contribuye a cerrar la etapa anterior y a dar mayor agilidad al funcionamiento del CGCEE. “Ahora lo siguiente es hablar exclusivamente de los problemas que afectan a los españoles en el exterior”, dijo respecto al Consejo General.
El próximo pleno, en otra comunidad
A propósio de la participación de todas las autonomías como miembros de pleno derecho del Consejo General, Torres sopesó que el próximo pleno de este organismo se celebre en una comunidad distinta a Madrid, si bien precisó que hasta ahora, aunque aún es muy pronto, no han recibido ninguna propuesta y que sería bien recibida.
El director general no descartó la posibilidad, apuntada por los periodistas, de que esa comunidad pueda ser Galicia, que cuenta con un elevado porcentaje de residentes en el exterior y que el próximo año celebrará elecciones.
Aclaró también que las autonomías pueden participar en las comisiones del CGCEE que más les interese dependiendo de los temas que traten en sus reuniones, que se darán a conocer previamente.
Nuevos españoles
A Torres no le preocupa que, como dijo el representante de Exteriores en el CGCEE, en un momento de crisis económica, con la reforma de la nacionalidad pueda duplicarse el número de españoles en el exterior, hasta superar los tres millones. Recordó que los nuevos accesos a la nacionalidad se podrán hacer durante un período de dos a tres años, a partir del próximo, y se mostró convencido de que el país saldrá de las dificultades económicas en un año. Añadió, no obstante, que incluso la actual situación no implica que no se les pueda atender y que el compromiso del Gobierno es mantener la atención social, incluso si implica más gasto.
Por otra parte, reconoció y alabó la perseverancia de los consejeros generales por Francia en sus reclamaciones sobre el SOVI y expresó su confianza en que se pueda avanzar en su solución en esta legislatura.
Respecto a la reforma de la Ley Electoral para posibilitar el voto en urna de los residentes en el exterior recordó que necesita el máximo consenso porque “no es una ley cualquiera”, mantuvo que el voto en urna no se puede poner en marcha de un día para otro y reclamó responsabilidad y rigor a quienes dicen que los nacionales de otros países, como Ecuador, pueden votar en urnas en España en las elecciones de sus países. Explicó que son régimenes presidencialistas en los que hay una sola circunscripción electoral, mientras que en España la circunscripción es provincial y hay 52 provincias.
Por otra parte, consideró compatible la urgencia que plantea el Parlamento de Galicia para que el voto en urna en el exterior pueda ejercerse en los próximos comicios gallegos y el procedimiento de debate en subcomisión parlamentaria que seguía el Gobierno porque, dijo, el Parlamento gallego traslada el interés que tiene en que exista el voto en urna para sus elecciones, y es legítimo, y el Gobierno de la nación, tiene que valorar y consensuar bien la reforma de una ley orgánica.
En este ámbito recordó que el CGCEE pide el voto en urna pero insiste en que se mantenga la modalidad del voto por correo sin que haya que solicitarlo.
Réplica a la representante del PP en el CGCEE
Agustín Torres aprovechó su encuentro con la prensa, el pasado martes, para dar la réplica a la intervención de la representante del PP, la diputada por A Coruña Belén do Campo, en el turno de los partidos políticos, en la que le mencionó expresamente. Torres confesó que le habría gustado ser consejero general para hacerle algunas preguntas.
“No salía de mi asombro”, dijo, cuando la diputada se refirió a él preguntándose por el modelo que promovía en la atención a la dependencia y afirmando que las pensiones asistenciales han perdido valor adquisitivo. Respecto a las pensiones, Torres enumeró que cuando el PSOE llegó al gobierno “había 11.000 pensiones metidas literalmente en cajones, sólo en Argentina”, que dobló el presupuesto destinado a esta partida, que el número de beneficiarios pasó de 30.000 a 50.000 y que este año han tenido una subida cercana al 20 por ciento cuando la de las pensiones contributivas en España no llegaron al 7 por ciento.
“Me habría gustado preguntar por su modelo”, dijo Torres en cuanto a asistencia sanitaria, añadiendo que el PP lo hacía a través de “sociedades en bancarrota que atendían a sólo el 10 por ciento de los necesitados” que vivían en las ciudades. En este caso lo que contrapuso fue que el PSOE elevó el presupuesto para esta prestación de 5 a 15 millones de euros y que está atendiendo a todos los pensionistas, con independencia del lugar en el que vivan.
Atención a la dependencia
En cuanto a su modelo de atención a la dependencia, sobre el que la representante del PP se había preguntado ante los consejeros si era también para otros países el de la Fundación España Salud, que funciona en Venezuela, Torres dijo que “el modelo es atender a los españoles”, “que antes no había nada” y que ahora, cuando el desarrollo contemplado en la Ley de Dependencia es complejo y prevé un período de una década para su completo funcionamiento en el interior del país, en los proyectos para los españoles en el exterior ya han empezado a caminar en este ámbito en Buenos Aires y en Caracas.
Defendió también la creación y el funcionamiento de la Fundación España Salud, de la que consideró que “tiene pinta de ser un modelo magnífico”. De ella dijo que fue una iniciativa de la totalidad de las asociaciones de españoles en Caracas, que se hicieron cargo de ella un grupo de mujeres de todas las edades que presentaron un proyecto de formación de 200 horas en geriatría y dependencia dirigido a mujeres mayores de 35 años, con lo que también cumplía con el objetivo de la Dirección General de favorecer el empleo de este colectivo, y que en él se formaron 29 mujeres que ya atienden a 80 españoles en Caracas. A ello añadió que esta fundación ha supuesto la unión de tres administraciones haciendo causa común: la del Estado y las de las comunidades autónomas de Galicia y Canarias, que “sumando esfuerzos presupuestarios han contribuido a crear servicios que antes eran inimaginables”.
“Si ese es un modelo criticable, dónde está la alternativa”, planteó, manteniendo que este modelo, “desde el inicio hasta el final, es incuestionable” y que el objetivo es ampliarlo.
Torres, que recordó que tienen un proyecto con Cruz Roja para atender a 500 personas en Argentina, declaró que en la atención a la dependencia en el exterior quieren “dar pasos sólidos, que no haya marcha atrás”, que se hace con fondos propios de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y que ésta cuenta también con un programa para mayores que se desarrolla con fondos del Imserso.
Crítica a Victoria Cristóbal
El director general también criticó las declaraciones de la consejera general por Madrid, la directora general de la Agencia Madrileña para la Emigración, Victoria Cristóbal, a este periódico calificando de tedioso el último pleno del CGCEE.
Torres afeó estas declaraciones sobre “un pleno con 82 miembros aprobando normas para su propio funcionamiento”, pleno al que calificó de histórico y del que dijo que contó con una participación muy activa por parte de los consejeros.
Opina que muchos consejeros generales pueden sentirse ofendidos por las declaraciones de Cristóbal.
