Españoles de quita y pon

El proyecto de ley español de Reforma Integral de los Registros prevé retirar la ciudadanía española a aquellos que “entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero”. Hasta aquí, nada nuevo, porque ambos supuestos ya estaban contemplados en el actual Código Civil español, en el artículo 25.1 a, con la salvedad de que el supuesto de ejercer cargo político tenía que ser “contra la prohibición expresa del Gobierno” y esa salvedad se la han comido en el proyecto.
Casi un millón de nuevos españoles, casi todos de origen iberoamericano en América y emigrantes en el Estado español, han adquirido la ciudadanía española estos últimos años sin necesidad o imperativo legal de renunciar a la suya originaria.
La legislación española hace una distinción nada igualitaria entre españoles de origen (nacidos en el Estado español o hijos de ciudadana/o español/a, por ejemplo Fidel Castro Rus) y españoles naturalizados, a los que sí se les puede quitar la ciudadanía por no nacer en territorio español ni tener ascendiente(s) español(es).
Que los españoles que en la década de los 90, con un Gobierno del Partido Popular (PP), andaban de ‘pesca’ por Iberoamérica alistando mercenarios argentinos, colombianos, hondureños, ecuatorianos, salvadoreños, uruguayos y venezolanos para las Fuerzas Armadas españolas (sin adquirir la ciudadanía española) penalicen a los hijos o a los propios mercenarios ya de vuelta en sus países (por la crisis o por lo que sea) con la retirada de la ciudadanía no deja de ser una actitud de cínicos propia de aquellos señores feudales que todo lo daban (y quitaban) porque todo derecho nacía de ellos y era una concesión.
La no obligatoriedad en la legislación española de la renuncia de cualquier ciudadanía iberoamericana cuando se adquiere la española significa que, al adquirir la ciudadanía española, no se deja de ser salvadoreño, hondureño, argentino, brasileño, sino que se es hispano-brasileño, hispano-hondureño, hispano-argentino, etc. Por lo tanto, una vez en sus países de origen, pueden ejercer la ciudadanía de origen sin necesidad de hacerlo con una ciudadanía ‘prestada’ pues, como vemos, les puede ser retirada en cualquier momento.
Fue el político Antonio Cánovas del Castillo en el siglo XIX quien dijo que “son españoles aquellos que no pueden ser otra cosa”. Ahora los hay que son varias cosas a la vez, y eso parece que no gusta al actual Gobierno de España.