El PP insiste en que la retroactividad que se pide para las pensiones de los retornados no es posible

El diputado popular Celso Delgado ha asegurado este miércoles en el Pleno del Congreso que el Grupo Parlamentario Popular (GPP), el Gobierno y la Xunta de Galicia son sensibles al problema de las pensiones de los emigrantes y lo han sido desde el primer momento y, en este sentido, recordó que fue la Xunta, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, la que argumentó ante el Ministerio de Hacienda y la AEAT que ese colectivo, formado en su mayoría por personas de avanzada edad, no podía en ningún caso ser considerado como defraudador, ya que es evidente que se había producido una falta de información y que los emigrantes retornados que no  habían declarado sus pensiones del extranjero lo hicieron sin ningún ánimo de ocultarlas.

Delgado ha subrayado que el Gobierno de Mariano Rajoy y de Cristóbal Montoro ha atendido las demandas del colectivo de emigrantes retornados mediante el proyecto de ley de reforma de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre de modificación de la ley de IRPF, que se está tramitando en la actualidad y que habilita un mecanismo de regularización extraordinaria por parte de los contribuyentes afectados con un plazo improrrogable de seis meses, establece la condonación de los intereses de demora, recargos y sanciones derivados de la regularización (lo que en términos económicos, según la Agencia Tributaria, significa la devolución de unos 20 millones de euros), y ofrece la posibilidad del fraccionamiento y aplazamiento de los pagos para que no resulten gravosos para este colectivo.

Según dijo: “Hoy es día de celebrar la solución al problema de este colectivo, todo lo hecho muestra la sensibilidad social del Gobierno y cómo ha sabido reaccionar, todo lo contrario a una postura de enrocamiento”.

Delgado insistió en que la retroactividad que se pide desde la oposición no es posible, ya que el sometimiento a tributación de las pensiones nacionales, eximiendo de gravamen las pensiones extranjeras, “representaría un privilegio que atentaría contra los principios constitucionales de igualdad y generalidad”.

“Los emigrantes retornados, al tener su residencia habitual en territorio español, tienen la consideración de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en consecuencia, deben tributar en España en este impuesto por su renta mundial, con independencia del lugar donde se hayan producido las rentas y cualquiera que sea la residencia del pagador de las mismas”, apuntó.

Delgado aprovechó su intervención para despejar también cualquier duda sobre una posible doble imposición a los emigrantes. “En caso de que las pensiones recibidas del extranjero por un residente en España puedan resultar gravadas también en el otro Estado de procedencia de la renta, los propios convenios firmados por España para evitar la doble imposición prevén mecanismos para eliminarla”, aclaró, a la vez que explicó que en la legislación interna española, el artículo 80 de la LIRPF también regula una deducción por doble imposición internacional. Delgado recalcó, por tanto, que no se va a producir una doble imposición.

En lo que respecta a los procedimientos en curso, el diputado popular aclaró que están todos ellos paralizados por la Agencia Tributaria y recomendó que los contribuyentes afectados se dirijan a las oficinas de la Agencia Tributaria para que les asistan e informen sobre el modo de solventar las circunstancias concretas que concurran.