El Plan de Ajuste obliga a disolver la Fundación Ciudadanía en el Exterior

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, informó el pasado jueves del contenido del Plan de Ajuste de la Junta para 2012, que permitirá cumplir el objetivo de déficit marcado para este año y acceder al mecanismo extraordinario de financiación que agilizará el pago a los proveedores de la Administración. El documento recoge medidas de reducción del gasto público por importe de 365,9 millones. También hace referencia a la reestructuración del sector público, quedando disuelta la Fundación Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior y Cooperación al Desarrollo.

En concreto, habrá una reordenación de la Fundación Santa Bárbara, los Centros Europeos de Empresas e Innovación de Castilla y León y Siemcalsa, en los que la Junta no ostenta mayoría accionarial, que concluirá antes de finalizar el año. La reestructuración por extinción, fusión o absorción afectará a las empresas públicas Excal, Sotur y Appacale, y a la Fundación para la Enseñanza de las Artes de Castilla y León (Arcyl), la Fundación Centro Regional para la Calidad y Acreditación Sanitaria de Castilla y León, la Fundación Hospital Clínico Veterinario y la Fundación Anclaje.
Como consecuencia de esta reestructuración, la Fundación Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior y Cooperación al Desarrollo será disuelta y
Este proceso se complementará con un conjunto de acciones para limitar o rebajar los gastos de los órganos de dirección y administración de los entes del sector público, que se recogen en el Anteproyecto de Ley de Medidas que acompañará al Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2012.
Asimismo, el Plan de Ajuste incorpora las reformas estructurales que se consideran idóneas para fomentar el crecimiento económico, la generación de empleo y el estímulo a la creación de empresas, entre las que destaca el fomento de un marco regulador estable, la reducción de cargas burocráticas a ciudadanos y empresas, la centralización de compras de medicamentos y productos sanitarios y la publicación anual de las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos de las empresas públicas.
Por el lado del ahorro se prevé un amplio catálogo de iniciativas, muchas de ellas ya en vigor. Conviene recordar, en este sentido, que el Gobierno de Castilla y León fue uno de los primeros en apostar por la austeridad, hasta el punto de que las primeras acciones de contención se tomaron en 2009. Esto ha permitido que la Junta haya sido pionera en la ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos hasta las 37,5 horas, que se aplica desde el 1 de marzo; así como en la reducción de las consejerías y altos cargos y de los consejeros de los Consejos Consultivo y de Cuentas, que se remonta al pasado mes de julio; la rebaja de los liberados sindicales en la Administración; la minoración de las sustituciones, y la no complementación de las bajas por enfermedad desde el cuarto mes. Hay otras decisiones que se materializarán en breve, que son desarrollo de los dos decretos ley recientemente aprobados por el Gobierno de la nación y afectan a las áreas de Sanidad y Educación, que serán debidamente debatidos en el próximo pleno de las Cortes.
En materia de ingresos, el documento contempla medidas como el establecimiento del llamado ‘céntimo sanitario’, la creación de dos impuestos de carácter medioambiental, la limitación de los beneficios fiscales y los descuentos en las tasas y precios públicos a las rentas más bajas, la aplicación de este mismo criterio a las prestaciones de Servicios Sociales, la lucha contra el fraude en los tributos propios y la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.