El Parlamento gallego aprueba la eliminación del voto rogado y defiende un sistema ágil, seguro y transparente

El Parlamento de Galicia aprobó, con el único voto en contra del BNG, la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para la supresión del voto rogado para los electores en el exterior, solicitando al Gobierno del Estado y también a los grupos políticos del Congreso, en el marco de los trabajos de la Subcomisión para la reforma electoral, la modificación de la Ley de Régimen Electoral General con la eliminación del ruego del voto combinando todas las posibilidades de participación electoral que sean posibles y simplificando el procedimiento en beneficio de la eficiencia y la agilidad.

La diputada popular Raquel Arias afirmó que el sistema que sustituya al voto rogado “tiene que ser lo más semejante posible al de los residentes en el Estado en cuanto a garantías, derechos y facilidades”. “Estamos hablando de un derecho constitucional de todos los españoles y gallegos a elegir a sus representantes políticos, independientemente de dónde vivan”, recordó.

Raquel Arias se mostró contundente en la defensa de un sistema de votación con garantías. “La seguridad, la transparencia y la limpieza del voto exterior es irrenunciable, pero esa seguridad debe ser compatible con la agilidad y la eliminación de barreras para los electores”, explicó la diputada, que puso especial énfasis en rechazar el regreso al sistema previo a la reforma de 2011, “que estaba siendo continuamente cuestionado y ensombrecido por las dudas y el fraude”.

Sobrecarga burocrática

La Ley Orgánica de Régimen Electoral ya sufrió cambios en la reforma del año 2011 impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que dieron lugar al actual método del voto rogado y que tenían como principal objetivo acabar con el fraude. Un modelo que, en la práctica, “dificulta y, en algunos casos, imposibilita la votación”, explicó Arias.

El actual sistema obliga al elector a solicitar el voto a través del consulado enviando un formulario a la Junta Electoral correspondiente vía correo, fax o internet, aguardando la remisión, en este caso por correo postal, del certificado del censo y de las papeletas. Posteriormente, el elector puede enviar su voto por carta o depositarlo en urna en el Consulado, si dispone de esa posibilidad.

Esa “sobrecarga burocrática, y la excesiva dependencia de los servicios postales de los respectivos países” convirtió el ejercicio del voto “en una carrera de obstáculos”, según Arias. Así, en anteriores convocatorias de elecciones se dieron cientos de casos “de extravío de papeletas, que no llegaron al votante o incluso que las recibió semanas o meses después”.

De hecho, tal y como explicó la diputada, la abstención del voto de la diáspora se incrementó de modo alarmante desde 2011. Así, mientras la participación en las elecciones autonómicas de 2009 fue del 22,6 por ciento, en 2016 cayó hasta el 2,4 por ciento el porcentaje total de gallegos del exterior que finalmente consiguieron votar. En el caso de los comicios generales, la participación pasó de un 32 por ciento en 2008 a un 6 por ciento en 2016.

 “La colectividad de la diáspora sigue reclamando a día de hoy poder eligir con seguridad, pero también con más facilidad, a los representantes públicos de un territorio con el que aún tiene vínculos emocionales, personales, territoriales, sociales, culturales o económicos”, añadió.

Voto en urna generalizado

El eje fundamental de la propuesta del Grupo Popular es la normalización del voto en urna, multiplicando los puntos de depósito de voto, de modo que, además de los consulados, se colocarían urnas en los consulados honorarios, casas regionales, casas de España, sedes del Instituto Cervantes y otros espacios habilitados. “Siempre con las máximas garantías democráticas”, matizó Arias. De este modo, las urnas estarían custodiadas por funcionarios del Estado español y los electores de la diáspora dispondrían de las papeletas en sus países de residencia.

El voto rogado se mantendría como una opción válida para aquellas personas que no puedan acercarse a los lugares establecidos, como en el caso de los enfermos o impedidos.  

El Grupo Popular también reclama que se haga llegar la documentación con mayor antelación y que se amplíe el número de días para la votación, pasando de 3 a 7, así como actualizar permanentemente el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA).