La sanidad de los residentes en el exterior sufre un varapalo

Me dirijo a ustedes con el fin de manifestar mi preocupación por las nuevas disposiciones del gobierno de España en materia sociosanitaria para los españoles en el exterior.
El martes 14 de abril del 2012 se publicó en el BOE el Real Decreto 1672012 que dispone, “el derecho a la protección de la salud de los españoles residentes en el exterior”, se regirá por lo dispuesto en la Ley 40/2006 de 14 de diciembre del estatuto de los españoles residentes en el exterior y su normativa de desarrollo.
El artículo 17 del estatuto establece: “Los españoles residentes en el exterior tendrán derecho a la protección y a la salud”, en los términos que reglamentariamente se establece, que en todo caso tendrá como finalidad la equiparación con las prestaciones del sistema nacional de salud.
Como todos sabemos, esto es imposible garantizarlo en todos los países de América, de probada debilidad sanitaria.
El real decreto dice también: “Los trabajadores por cuenta ajena que se desplacen temporalmente a España no miembros de la Unión Europea, de otros estados parte en el acuerdo sobre el espacio económico europeo tendrán derecho a la asistencia sanitaria en España con cargo a los fondos públicos a través del sistema nacional de salud cuando de acuerdo con las disposiciones de seguridad social Española, las del estado de procedencia de las normas o convenios internacionales de seguridad social establecidos al efecto no tuvieran prevista esta cobertura”.
Hasta ahora la asistencia sanitaria para los emigrantes y sus familias quedaba garantizada por el decreto 1075/1970.
El gobierno ha derogado este magnífico convenio, durante los dos últimos años, dejaron de cobrarlo desatando todas las alarmas y gran preocupación pero manteniéndolo.
Nunca la administración nos dio una explicación clara a pesar de nuestros requerimientos, hemos vivido en esta intranquilidad, que yo tengo constancia por lo menos en Venezuela y República Dominicana, aunque sin duda afectara a otros países.
Este convenio especial en su modalidad para los trabajadores por cuenta ajena estaba subsidiado pagando los emigrantes 8.50 euros mensuales y el estado 45 euros aproximadamente.
Garantizaba la atención al emigrante, a sus hijos españoles y a su esposa aunque fuera extranjera por lo menos en Galicia.
Evidentemente este pago nos parecía ridículamente bajo y más en una situación de crisis económica, por este motivo nos parecería lógico y lo veríamos con buenos ojos la retirada del subsidio y que se mantuviera el convenio ya como contributivo.
Sin embargo, aplican un sistema gratuito que conlleva un sinfín de papeleo cada tres meses, carta de trabajo, carta certificada de los servicios de seguridad social del país de residencia, informe de la consejería, partida de nacimiento literal, inscripción en el CERA expedido en el consulado.
La ley estatal habla del derecho de los españoles de origen y los gallegos hablan de los gallegos de origen y sus ascendientes. Cuando hablamos de los españoles/gallegos de origen, la desinformación es total en algunas de las dependencias del Ministerio de Trabajo (ahora Empleo) porque entiende que son de origen los nacidos en España, desconocen por completo el Código Civil, que establece que es “Español de origen el nacido de padre o madre Español”, pero lo más preocupante son las restricciones en el tiempo pues la asistencia es por tres meses prorrogables y con más papeleo por el medio, son protegidas las enfermedades comunes, el accidente no laboral y la maternidad.
También señalan las autoridades del Gobierno gallego que restringen a prestaciones de medicina general y tratamiento médico, en las modalidades de urgencias y de ser preciso de hospitalización, quedan excluidas las revisiones, tratamiento quirúrgico únicamente en la modalidad de urgencia.
Quedan excluidas la cirugía plástica y reparadora, la implantación de prótesis de cualquier tipo y los trasplantes de órganos y tejidos.
Este es el desolador panorama  para los residentes en el exterior.
¿Cuántos españoles y gallegos de América utilizan los servicios sanitarios?
No creo que muchos, sólo los que pueden viajar y desde luego los que padecen enfermedades crónicas a los que ahora se les niega la revisión y tratamiento.
Queremos un convenio especial como el que teníamos, de carácter contributivo que ayude a financiar la sanidad pública y a garantizar la salud de nuestras familias sin discriminaciones ni trabas.
Aclaro que estos comentarios no tienen finalidad partidista y las críticas al gobierno son porque son ellos los que han implementado las medidas en España y en Galicia, el gobierno de Zapatero fue cómplice pues no dejaron el tema resuelto y estuvieron dos años manteniéndonos en angustia con el convenio especial sin aclararnos la situación real ni sus propósitos.

Eduardo Pahino es consejero general de la Ciudadanía Española en el Exterior por la República Dominicana