Españoles sin España

Dormir con el enemigo. Esa es la sensación que van dejando los recientes atentados terroristas en Europa. Sus autores son personas que nacieron y crecieron en los países donde los llevan a cabo. La amenaza obliga a repensar las políticas de seguridad en el contexto europeo, pero su éxito será incompleto sin la otra ecuación de la balanza: las políticas de integración. El cariz estratégico de éstas últimas queda patente en un comentario emitido por el número dos de la Comisión Europea, Frans Timmermans, quien hace un tiempo destacó la reacción de los españoles a los atentados de Madrid, el 11-M de 2004: “Tan serena, sin rebelarse contra una comunidad o religión”.

¿Cuál es la clave para que España, que se ha acercado a los países con mayor porcentaje de población extranjera, parezca lidiar comparativamente mejor con el fenómeno del terrorismo islámico y que, por otra parte, casi no exhiba actitudes xenófobas? Aunque en ningún caso hay que desmerecer el bagaje adquirido por sus policías en la lucha contra ETA, sería miope desconocer sus medidas para la inclusión. Aunque perfectibles, han posibilitado la incorporación de una inmigración que, aunque bajó con la crisis del 2008, comienza a repuntar a partir de 2016. España ha pasado de tener sólo 1,6% de empadronados extranjeros en 1998 a 10%, lo que equivale a cuatro millones y medio de personas. Muchos de ellos vienen a engrosar las filas de su seguridad social y otros adquieren la nacionalidad. Según los datos de Eurostat, es el tercer país comunitario que más extranjeros nacionaliza entre 2005 y 2014, superado sólo por Reino Unido y Francia, y el que más pasaportes otorgó a inmigrantes en 2014 y 2015.

Si España es un país acogedor con los que vienen de afuera, los propios no quedan a la zaga. La llamada Ley de Memoria Histórica permitió, durante un periodo de dos años, que los nacidos fuera de España de abuelos nacidos en la península pudieran recuperar la nacionalidad. También se aprobó la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes descendientes de los judíos expulsados de la península en el siglo XV, sin necesidad de que renuncien a su nacionalidad y sin exigencia de residencia.

Pero tanta generosidad a la hora de saldar cuentas con el pasado no encuentra correspondencia en su historia más reciente. Excluidos de la condición de españoles ha ido quedando un número indeterminado de descendientes que reviste una variada condición, con la consiguiente fractura al interior de las familias. Se trata de nietos de abuela española; hijos de personas a quienes les fue reconocida su nacionalidad a través de la Ley de Memoria Histórica generando que algunos de sus hijos sean españoles y otros no, dependiendo si eran menores o mayores de edad al momento de su entrada en vigencia; nietos de españoles nacionalizados para poder conseguir un trabajo en el país de acogida y nietos españoles que desconocían la normativa que obligaba a ratificar, de acuerdo al artículo 24.3 del Código Civil, su voluntad de conservar la nacionalidad pasados tres años desde su emancipación, residiendo habitualmente en el extranjero. Al no hacerlo, se asume que adquirieron voluntariamente otra nacionalidad o utilizaron exclusivamente la nacionalidad extranjera que tenían atribuida antes de su emancipación.  En la mayoría de los casos, el joven tenía su pasaporte español vigente y creyó que, mientras fuera así, mantenía su condición de tal, encontrándose con el problema cuando intentó renovarlo. Es cierto que podría recuperar la nacionalidad con un año de residencia en España pero, dado que muchas situaciones se han producido al tiempo que miles de jóvenes iban de salida del país por falta de horizontes laborales producto de la crisis del 2008, la solución estaba lejos de ser realista.

Lo paradójico es que las trabas que encuentran los descendientes de emigrantes españoles hasta cincuenta años hacia atrás contrasta, por ejemplo, con la facilidad que encuentran los de los judíos sefardíes, a quienes se les otorga sin límite alguno. ¿Y cómo no sentir estupor cuando se supo, hace poco tiempo, del otorgamiento de la nacionalidad por error a decenas de delincuentes con detenciones o sentencias firmes?

Por tanto, amén de desprolijidades, urge que la legislación española en materia de nacionalidad gane en integralidad, equilibrio y coherencia, no sólo interna sino también a la luz de los estándares comunitarios. Países como Italia, Alemania y Portugal están a la vanguardia en el reconocimiento de nacionalidad a los descendientes de la emigración.

Con plena conciencia de la deuda que existe con la ‘emigración del siglo XX’, el responsable de las políticas de emigración de la Xunta de Galicia ha aludido a la necesidad de corregir los “agravios comparativos” que se desprenden de la desigualdad existente entre distintos grupos. La demografía es una recurso de poder y Galicia enfrenta una paradoja: mientras es la comunidad más envejecida de España (24,3%, mientras la media de todo el Estado es 18,7%), es extensa afuera y en crecimiento: los gallegos constituyen el 21% de los españoles que residen en el extranjero y constituyen, además, el 16,7% del censo electoral de Galicia. Es cierto que hay una amplia oferta de programas para que jóvenes conozcan sus raíces o estudien en la comunidad pero ello, más allá de medidas puntuales, debiera insertarse en un plan estratégico y con visión sistémica si se desea, como ha señalado Rodríguez Miranda, que ésta sea “la legislatura del retorno”.

Recientemente se discutió en el Senado una moción presentada por Foro Asturias que, si bien fue apoyada por todos los grupos políticos, fue rechazada por el Partido Popular quien, además, tiene mayoría en dicha cámara. ¿El siguiente paso? Debiera ser la entrada a debate de una proposición de ley, la que dependerá de su tramitación por parte de Unidos Podemos, quien asumió el compromiso de presentarla a trámite. Somos muchos quienes desde adentro, pero también desde afuera en organizaciones como CeDeu (Centro de Descendientes de Españoles Unidos), estamos atentos a que dicha promesa se cumpla.

María de los Angeles Fernández Ramil

Doctora en Procesos Políticos Contemporáneos USC

Hispano-chilena, nacida en Venezuela