El Gobierno lo aprobó en el último Consejo de Ministros del mes de mayo

España sigue a Europa y aprueba el ingreso mínimo vital para sacar de la pobreza a 850.000 familias

El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros del mes de mayo el ingreso mínimo vital, una prestación para los hogares más vulnerables, que corre a cargo de la Seguridad Social y que cumple con el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. El presidente, Pedro Sánchez, reiteró que la renta mínima se podrá empezar a cobrar en el mes de junio y llegará a unos 850.000 hogares.

España sigue a Europa y aprueba el ingreso mínimo vital para sacar de la pobreza a 850.000 familias

El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros del mes de mayo el ingreso mínimo vital, una prestación para los hogares más vulnerables, que corre a cargo de la Seguridad Social y que cumple con el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. 

El presidente, Pedro Sánchez, reiteró que la renta mínima se podrá empezar a cobrar en el mes de junio y llegará a unos 850.000 hogares.

La cuantía de la renta mínima oscila entre los 461,5 euros para un adulto que viva solo y los 1.015 euros para hogares de cinco miembros, dos adultos con tres hijos o tres adultos y dos niños. La cuantía inicial se amplía en 139 euros por persona adicional. En el caso de las familias monoparentales se les garantiza una renta de entre 700 y 977 euros, dependiendo del número de hijos. Estos hogares tienen un complemento de 100 euros.

El Gobierno hizo una estimación inicial de un millón de hogares que luego rebajó a 850.000 en los que viven 2,3 millones de personas. La Seguridad Social calcula que unos 550.000 hogares padecen pobreza extrema en España, es decir, viven con menos de 230 euros al mes.

Para solicitar la renta mínima es necesario ser residente en España, tener entre 23 y 65 años, haber vivido al menos tres años de forma independiente y cotizado un año a la Seguridad Social. Lo pueden cobrar personas de 18 años con hijos a cargo que lleven un año de residencia legal en España.

También se contempla la ayuda a las personas vulnerables, lo que se deberá acreditar con los ingresos y el patrimonio de las personas que vivan en el hogar. No se tendrán en cuenta otras ayudas de comunidades autónomas, becas de estudio o ayudas para la vivienda.

No se considera vulnerable a la persona con un patrimonio neto superior a los 100.000 euros, aunque esta cifra podría variar en el texto final. Se excluye para el cómputo la vivienda habitual, salvo que esta tenga un valor excepcional. El objetivo es evitar el acceso a la ayuda de personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez, pero que cuenten con un considerable patrimonio inmobiliario.

Estar trabajando no impedirá recibir el ingreso mínimo vital que el Gobierno aprobó este mes de mayo, ya que se trata de una herramienta que “incentiva conseguir ingresos laborales” . Esto es, si una persona que cobra esta renta mínima, acepta un empleo y gana, por ejemplo, 100 euros más al mes, nunca se le restará esta cantidad, sino “algo menos”, señaló el vicepresidente, Pablo Iglesias, quien cree que así “se garantiza que siempre resulte conveniente aceptar un empleo”.

La medida tendrá un coste anual de alrededor de los 3.000 millones de euros, según indicó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

“Hoy es un día histórico para nuestra democracia, para mí es un honor anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España”,  proclamó Iglesias, quien presentó la medida, junto al ministro Escrivá y a la ministra portavoz, María Jesús Montero.

El vicepresidente señaló, además, que aquellas personas afectadas por el Covid-19 y que hayan obtenido este año ingresos inferiores a la renta garantizada, también podrá solicitarlo.

A través de este nuevo programa de prestaciones, el Gobierno pretende acercarse a la media europea de gasto en este tipo de ayudas, que es bastante superior en países de nuestro entorno como Francia o Alemania, donde lleva décadas implementada.

El vicepresidente segundo recalcó también que es una medida de eficiencia económica y un instrumento “muy útil” para luchar contra la pobreza infantil y garantizar que todos los niños pueden crecer en hogares con niveles de ingresos mínimos.