Le solicitó la “pronta restitución de los derechos de las personas afectadas”

La Valedora do Pobo abordó con su homólogo en Venezuela el impago de la pensión a los retornados

Desahucios en viviendas, cortes de suministro doméstico o aplazamiento de deudas son algunos de los problemas a los que se tienen que enfrentar en los últimos meses los pensionistas retornados de Venezuela, a los que el Gobierno bolivariano ha dejado de enviar su pensión mensual.

La Valedora do Pobo abordó con su homólogo en Venezuela el impago de la pensión a los retornados
Valedor do Pobo3
Miguel Santalices recibió de manos de Milagros Otero el Informe.

Desahucios en viviendas, cortes de suministro doméstico o aplazamiento de deudas son algunos de los problemas a los que se tienen que enfrentar en los últimos meses los pensionistas retornados de Venezuela, a los que el Gobierno bolivariano ha dejado de enviar su pensión mensual. Cientos de retornados que cotizaron toda o parte de su vida laboral en ese país se encuentran actualmente afectados por la decisión adoptada por el Ejecutivo de Maduro, lo que ha llevado a muchos de ellos a reclamar ayudas sociales en España para poder sobrevivir.

La preocupación por los impagos a personas que trabajaron y cotizaron en Venezuela va en aumento y algunos de los afectados, residentes en Galicia, han denunciado la situación ante la institución del Valedor do Pobo, que, tras confirmar la realidad, se ha puesto en contacto con su oficina homóloga en Caracas para solicitarle su colaboración “en pro de la pronta restitución de los derechos de las personas afectadas”.

El Instituto Venezolano de Seguros Sociales lleva meses sin pagar estas pensiones a los retornados, lo que está provocando “graves situaciones personales y familiares en el ámbito económico y social” del colectivo, según recoge la Valedora do Pobo, Milagrosa Otero Parga, en su informe de 2016, año en el que recibió un total de 64.937 quejas, 25.528 más que el año anterior.

Ante la falta de respuesta desde Venezuela, desde esta institución gallega se ha optado por pedir la mediación del presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), organismo al que pertenecen tanto el Valedor do Pobo como el Defensor del Pueblo de la República Bolivariana.

Pensiones de Alemania

La Oficina del Valedor do Pobo también puso en conocimiento del Defensor del Pueblo los problemas derivados de la obligatoriedad que impuso la Hacienda española a los retornados de Alemania para que tributaran en España por las pensiones que percibían del exterior.

En noviembre de 2015, una representación de afectados procedentes de la península de O Morrazo, en Pontevedra, se trasladó hasta la Oficina del Valedor para poner en conocimiento de su máxima representante el malestar y los perjuicios que les estaba ocasionando el proceso administrativo en el que estaban inmersos para reclamar sus derechos, así como los problemas que les estaba comportando las liquidaciones complementarias del IRPF anteriores al año 2013 con respecto a la tributación de sus pensiones procedentes de Alemania.

La Valedora analizó la situación y, por tratarse de una cuestión de ámbito estatal, le dio traslado al Defensor del Pueblo, quien practicó las actuaciones oportunas ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y posteriormente respondió a la Valedora dando cuenta de la recomendación formulada, que, según exponía, ya le había sido trasladada a los afectados.

En dicha recomendación se pedía “interpretar el artículo 19.2 del Convenio entre la República Federal de Alemania y el Estado Español para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal conforme al sentido propio de sus palabras, de tal forma que se consideren exentas en España las pensiones pagadas por o con cargo a fondos públicos”.

La Secretaría de Estado de Hacienda rechazó tal recomendación y reiteró los argumentos esgrimidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Dirección General de Tributos, alegando que los convenios para evitar la doble imposición que han sido firmados por España responden al modelo aprobado por la OCDE, del que se desprende la regla general de que las pensiones pagadas por un Estado a un residente en otro Estado se someten al Impuesto del Estado de residencia, salvo que se trate de pensiones percibidas por empleados públicos que no tengan la nacionalidad del Estado de residencia.

Presentación del Informe en el Parlamento

La Valedora do Pobo, Milagros Otero Parga, entregó el pasado lunes 27 al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, el Informe Ordinario elaborado por esta institución y correspondiente al ejercicio de 2016.

Comienza, de este modo, la tramitación parlamentaria del Informe, que continuará con una comparecencia de la Valedora ante la Comisión de Peticiones y finalizará con una comparecencia de la Valedora ante el Pleno del Parlamento de Galicia.