Los socios del Centro Gallego de Buenos Aires autorizan al interventor a presentar un acuerdo preventivo extrajudicial

El martes, poco después de las 18 horas, y con la participación de 32 representantes, se llevó a cabo la segunda sesión de la Asamblea General Extraordinaria del Centro Gallego de Buenos Aires, en cuarto intermedio desde el 12 de abril pasado.

En el marco de esta segunda convocatoria, los representantes de los socios del Centro Gallego de Buenos Aires autorizaron al interventor judicial de la entidad, Martín Moyano Barro, a presentar el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) y el pase a un nuevo cuarto intermedio, hasta el 8 próximo de mayo.

Un cuarto intermedio, justificó  Moyano, para avanzar en cumplimiento al mandato que se le otorgó, “que la operación deje libre de deuda tanto al comprador, como al vendedor”.

Cabe destacar que los representantes autorizaron al interventor a presentar el APE con la observación expresa de que el contenido del mismo es “responsabilidad exclusiva del interventor”, no del cuerpo de representantes.

Por otra parte, Moyano Barro adelantó que, en los próximos días, el Centro retomará gradualmente sus prestaciones de salud. Dando cumplimiento a una orden del juez que entiende en la causa y a los requerimientos de los representantes de los socios, precisó que están “trabajando en la reapertura de los consultorios externos y demás servicios de salud que prestaba la institución”.

“Entendemos –dijo–, como lo han expresado los miembros de la comisión negociadora de la asamblea de representantes, que la institución no debería permanecer con las puertas cerradas por más tiempo”. “Más allá de que las negociaciones lleguen a buen o mal puerto, la idea es retomar las prestaciones sanitarias”.

Si bien, aclaró que nunca se dejaron de atender urgencias con riesgo de vida y pacientes con tratamientos crónicos, como HIV y cáncer.

“El objetivo –concluyó– es regularizar todos los servicios de salud, a lo largo de las dos primeras semanas de mayo, hasta completar el 100% del Plan Médico Obligatorio (PMO)”.

Además, informó de que ya ha iniciado conversaciones con el Gobierno, con el fin de lograr quitas y plazos, para hacer frente a la millonaria deuda que el Centro Gallego tiene con el fisco argentino.

“Tengan en cuenta que esta presentación que hemos hecho de manera conjunta con Fundación Favaloro y el Grupo Rivera se está haciendo en el contexto de la emergencia sanitaria que rige en el país hasta fines del año que viene y que cualquier cosa que se resuelva con esta institución va a generar un antecedente con las restantes, por eso entendemos que esta cuestión puede demandar un poco más de tiempo”, indicó.

Por último, ofreció un informe del estado de los retiros voluntarios que se pusieron en marcha en la entidad. “En el mes de abril se fueron cerca de 100 empleados. En mayo, se pueden agregar 200 y 300 más; cifra a la que hay que añadir un centenar más de empleados que por su edad y antigüedad o son jubilables o están ya en trámite de jubilación”, precisó.

“Estamos llevando adelante este proceso con el mayor orden posible y con la mayor transparencia, en el sentido de que nos encontramos con un cuello de botella financiero bastante severo, debido a la falta de todo tipo de ayuda al funcionamiento del centro”, y corroboró que han solicitado que “la ayuda del gobierno nacional esté destinada a la salida del personal y no al mantenimiento de gastos corrientes”.

Por su parte, Aída Díaz, como vocera de los representantes, había indicado en el transcurso de la sesión que los representantes querían y entendían que para continuar las negociaciones era condición sine qua non que los socios sean atendidos.

“Porque sabemos –dijo–, y esto tienen que saberlo todos los socios para no generar falsas expectativas, que esto no va a quedar resuelto el 8 de mayo. Vendremos ese día porque es nuestra obligación pero el APE a lo sumo estará presentado y difícilmente resuelto”.

Díaz precisó también que sabían que Favaloro iba a hacer, en algún momento, una presentación, “que sería una oferta concreta, si se cubren los requisitos que ellos piden”. “Eso también tenemos que hacérselo saber a los socios y a los empleados –avanzó–, porque sino está todo el mundo angustiado y lo vuelcan en nosotros que no somos quienes tenemos la solución”.

Finalmente, José Luis López Garra y Roberto García tomaron la palabra para increpar en el seno de la asamblea al interventor judicial que impulsa una demanda penal contra varios representantes de los socios.

Esta acción, coincidieron, es “una amenaza más”. “Lo mismo que cuando repartieron en la calle papeles con nuestros nombres, direcciones particulares y teléfonos. De dónde va a salir eso si no es de adentro”, aseguraron con esta pregunta retórica.

Los reclamos, que por momentos se tornaron ríspidos, finalmente no fueron abordados en el marco de la asamblea porque no figuraban en agenda, explicó Marta Migueles antes de dar paso a cuarto intermedio, hasta el próximo 8 de mayo.