Los retornados de la Costa da Morte se organizan para luchar contra las reclamaciones de Hacienda

Los emigrantes retornados afectados por la reclamaciones de Hacienda y residentes en la Costa da Morte siguen los pasos de la Plataforma de Afectados del Morrazo y decidieron crean una asociación para asesorarse y estudiar posibles acciones conjuntas.

A pesar del poco tiempo de antelación con el que se convocó la reunión, unas 200 personas se dieron cita en el Pazo da Cultura de Carballo buscando información sobre la reclamación que les hace Hacienda por el dinero ganado durante su etapa en el extranjero. Algunos de ellos, se quejaron de que las reclamaciones de supuestas cantidades no abonadas en 2008 llegan ahora con un multa por atrasos.

La Plataforma de Afectados del Morrazo, por su parte, sigue con sus reivindicaciones y el pasado fin de semana encabezó una marcha, junto con los afectados por las acciones preferentes de Novagalicia Banco, en la que se dieron cita unas 4.000 personas.

El BNG de Lalín también se interesó por este problema y llevó a cabo una sesión informativa en el museo municipal Ramón Aller para informar a los vecinos. La parlamentaria autonómica Carme Adán y el portavoz municipal, Xesús Cordeiro, explicaron a los presentes con detalle esta problemática.

Adán planteó la necesidad de cambiar la legislación para que los emigrantes retornados con dos pagadores no sufran discriminación en comparación con cualquier otro pensionista español, al que con un nivel de renta inferior se le está reclamando declaraciones tributarias con retroactividad bajo amenaza de sanciones. De hecho, el Bloque dijo conocer días atrás al menos un caso en el que estas obligaciones con Hacienda pasan incluso a los herederos de los antiguos beneficiarios de las pensiones. Adán enfatizó en que, del mismo modo que en conflictos anteriores, el aplazamiento del pago de las multas sería posible siempre y cuando exista una presión social determinante. En este sentido dijo que su formación política está dispuesta a prestar asesoramiento en Lalín y Deza a todos los que así lo requieran.

Cordeiro, por su parte, recordó la existencia de un acuerdo plenario “por unanimidad” mediante el que el ayuntamiento debe atender las reclamaciones vecinales que puedan llegar en este sentido, y que se canalizarían a través de la OMIC. El BNG cree que la imposición de multas es, a las claras, una “inmoralidad”.