Los retornados afectados por Hacienda dicen que fueron “a Suiza a traer dinero, mientras otros lo llevan y los amnistían”

Emigrantes retornados a los que Hacienda ha abierto expediente por no declarar la pensión que reciben del país de acogida han vuelto a protagonizar concentraciones el miércoles de esta semana en varias localidades gallegas, la principal de ellas en Santiago de Compostela, donde han lanzado proclamas en contra de los principales dirigentes políticos y han pedido una solución aceptable a su situación. El portavoz de la Plataforma de Emigrantes Retornados de Santiago, Manuel Domínguez, lamentó el “cinismo político” que se está produciendo al respecto, ya que, por una parte se dice que se va a buscar una solución y, por otra, siguen llegando cartas de sanciones al colectivo.

Los afectados, a los que se reclaman cuantías de hasta 40.000 euros, piden que se modifique la ley 35/2006, para equiparar la tributación de las pensiones de las personas que emigraron y de los que no. Así mismo, reclaman que “paren los expedientes” y “den marcha atrás” en esta campaña que se remonta al periodo 2008-2012.

Domínguez lamentó que el PP sólo tenga “palabras afectuosas” para los perjudicados por las medidas de la Agencia Tributaria, sobre todo “antes de las elecciones”, como hizo Feijóo quien, en su momento, dijo que no se trataba de “defraudadores”, pero, a la hora de la verdad, no se toman soluciones al respecto, alegó. Feijóo aseguró el pasado mes de abril que la Xunta “mantiene” y “reiterará” al Ministerio de Hacienda su propuesta para que los emigrantes retornados gallegos que perciben una pensión del extranjero no sean multados por declarar y pagar fuera de plazo, al entender que “no hubo ánimo defraudatorio”.

Si no se trata de defraudadores, “queremos que nos traten con justicia”, dijo Domínguez, quien matizó: “Si para ellos [los gobernantes] es un deporte atacar siempre a los más débiles, verdaderamente va a haber que echarlos de aquí o hacer algo, porque esto es catastrófico”, comentó.

Domínguez lamentó que en un país con saldo vegetativo negativo “vengan a masacrar el último reducto económico y social” que queda, porque “estamos sosteniendo una parte importante de este país, y Montoro no se entera”, enfatizó, y añadió: “Porque a Suiza fuimos a trabajar y a traer dinero para aquí, no fuimos a llevar dinero, mientras que en otros casos lo llevan y los amnistían”.

Domínguez explicó que para la actual campaña de la declaración de la renta se ha hecho una reseña por la que se dice que las pensiones y jubilaciones de la emigración también tienen que tributar. “Si eso lo dijesen en 2008 nos hubiésemos evitado muchos problemas y casos dramáticos de esa gente que no tiene esos 10.000 o 15.000 euros” que se les exige, y añade que con pensiones de 1.000 euros “no ahorras ese dinero” para pagar lo que reclama Hacienda, sobre todo, “en estos tiempos de mucho paro y que muchas familias viven a cuenta de la jubilación porque la juventud no tiene trabajo”.

El responsable de la Plataforma de afectados de Santiago añadió que “si políticamente nos metieron en este cacao también pueden volver para atrás; si puede cambiarse de Rey en quince días, lo mismo se podría hacer con esta ley que es injusta con nosotros”, porque hay gente que dice que si lo hubiese sabido no hubiese regresado, puntualizó.  

“¿No puedo volver a mi tierra sin ser tratado injustamente?, ¿no puedo volver a mi tierra y ser tratado como uno más que nunca emigró?”, se preguntó Domínguez, quien concluyó que, en todo caso, lo último que pueden hacer “es resignarse y escaparse a otro sitio por una contribución injusta”. Pero “yo digo que no, que tendremos que luchar”, sentenció.

En A Coruña

En A Coruña, los afectados se congregaron en las inmediaciones de la Delegación de Hacienda, donde se quejaron del trato “injusto y poco igualitario” que reciben del Gobierno español.

Manuel Vázquez Varela, portavoz de la plataforma coruñesa de Emigrantes Retornados, aseguró: “Nosotros no nos negamos a pagar ningún impuesto, simplemente nadie nos avisó de que teníamos que hacerlo. Lo hicieron en 2012, con tres años de retraso, porque así pretenden cobrar tres veces más”, agregó.

Hasta 18 plataformas continúan una lucha que comenzó hace meses y que no cesarán hasta que pare lo que consideran una “persecución”, de ahí que pidan una reunión urgente con los responsables de Hacienda, que se limitan a decirles que ellos “aplican la normativa”.