PPdeG y oposición vuelven a discrepar sobre la manera de afrontar la crisis de los pensionistas retornados

El PPdeG y los partidos de la oposición volvieron a escenificar sus discrepancias sobre la manera de afrontar la crisis de los retornados a los que la Agencia Tributaria reclamó cantidades atrasadas por no haber declarado las pensiones que perciben del exterior, y así quedó de manifiesto durante la celebración, este miércoles, de la Comisión 3ª en la que se debatió la resolución aprobada en Pleno el pasado 15 de septiembre.

La enmienda presentada por el Grupo Popular en comisión pedía reclamar del Gobierno central y de la Agencia Tributaria la realización de una revisión de todas las declaraciones llevadas a cabo por personas que tienen ingresos procedentes de pensiones de Alemania, antes del 1 de enero de 2013, y que, en virtud del convenio bilateral hispano-alemán vigente por entonces, no estaban sometidas a tributación en el Estado español. En estos supuestos, la enmienda solicita que se devuelvan las cantidades indebidamente ingresadas por estos contribuyentes.

En el segundo punto, reclama al Gobierno del Estado y a la Agencia Tributaria el establecimiento de un mecanismo sencillo y ágil para aceptar las invalideces reconocidas por otros estados a los retornados, así como que se proceda a la devolución de los ingresos indebidos de los contribuyentes que, teniendo una invalidez absoluta o gran invalidez, hayan tributado por dichas cuantías, en cumplimiento de la ley aprobada en 2006 al respecto.

Mientras la diputada ‘popular’ Herminia Pouso recordó la existencia de diversos acuerdos unánimes alcanzados en el Parlamento gallego para dar solución a los problemas del colectivo, la parlamentaria del BNG Tereixa Paz pidió modificar la ley y regular las obligaciones y derechos de todos los emigrantes retornados, atendiendo a las diferentes casuísticas.

La diputada del BNG aceptó la enmienda del PP como añadido al texto del BNG, pero rectificó a la portavoz ‘popular’, ya que la enmienda no contempla los casos de aquellas personas que no tenían la obligación de declarar.

Pouso aclaró que hubo una modificación de la ley para que los afectados pudieran regularizar su situación a partir del pasado mes de enero sin tener que pagar “intereses de demora, recargos o sanciones” por no haber declarado las cantidades a Hacienda, y también añadió que se les concedió aplazamientos y plazos de pago más largos”, al tiempo que se acordó la “condonación de pago de sanciones y recargas de intereses de demora”.

Por el contrario, la diputada nacionalista considera que la única modificación que contempla el llamado ‘período de regularización’ es “la devolución de las injustas sanciones, recargas e intereses aplicados en los últimos ejercicios y un período voluntario de tributación para las personas que todavía no hayan realizado la declaración de esta regulación”, pero no tiene en cuenta “el contenido de los distintos tratados bilaterales ni establece mecanismos para un tratamiento justo de las pensiones de invalidez”.

Tereixa Paz puso el ejemplo de un pensionista de Boiro de 48 años, afectado de un tumor cerebral, que cobra una pensión de Suiza y fue obligado a pagar 35.000 euros porque la Seguridad Social y Hacienda no reconocen la invalidez absoluta.

“Juegan con él como con una pelota”, dijo la diputada del BNG, quien pidió la devolución inmediata, con intereses incluidos, de las cantidades cobradas y también que se sancione a “los responsables políticos y administrativos de decisiones de este tipo”.

Por su parte, Pouso considera una “incongruencia” la postura de BNG, AGE y socialistas, después de que aprobasen en Pleno una resolución sobre “la regularización de las pensiones de los emigrantes en Alemania y la aceptación de las invalideces reconocidas por otros estados a los emigrantes retornados”.

“Desde el primer momento, el compromiso de la Xunta de Galicia y del Partido Popular fue buscar soluciones a favor de este colectivo, a pesar de que se trata de un impuesto de competencia estatal”, dijo la diputada del PP, quien indicó que desde la Xunta “se ha puesto a disposición de las personas afectadas técnicos de asesoramiento e información para que pudieran regularizar su situación”. 

La diputada nacionalista agradeció a los otros grupos de la oposición el apoyo a la propuesta de su partido de pedir la modificación de la ley y reiteró que el colectivo de personas retornadas no cuentan con recursos administrativos ni conocimiento necesario del funcionamiento de la Administración española, que es diferente a la de los países en los que trabajaron, por lo que pidió se tenga esto en cuenta.