Una retornada se dispone a trasladar a los diputados las reivindicaciones de los afectados

El Lar Gallego de Chile apoya una iniciativa en favor de la nacionalidad de los descendientes de españoles excluidos

El Lar Gallego de Chile ha decidido apoyar la iniciativa de una hija de gallegos instalada recientemente en Galicia, quien ha creado una plataforma en defensa de los descendientes de españoles en el exterior que se han quedado excluidos de la nacionalidad española.

El Lar Gallego de Chile apoya una iniciativa en favor de la nacionalidad de los descendientes de españoles excluidos
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María de los Ángeles Fernández Ramil.

El Lar Gallego de Chile ha decidido apoyar la iniciativa de una hija de gallegos instalada recientemente en Galicia, quien ha creado una plataforma en defensa de los descendientes de españoles en el exterior que se han quedado excluidos de la nacionalidad española.

María de los Ángeles Fernández Ramil, residente hasta finales del pasado mes de febrero en Chile, donde vivió durante casi 32 años, considera que el artículo 24.3 del Código Civil que contempla la pérdida de la nacionalidad española para las terceras generaciones de españoles debe ser corregido. El artículo alude a los descendientes de españoles no nacidos en la península cuando no ratifican su voluntad de serlo personalmente ante los consulados de España desde el momento en que alcanzan la emancipación hasta pasados tres años (entre los 18 y 21 años).

Señala, además, que la información suministrada sobre este asunto en su momento fue claramente muy insuficiente y no llegó a todos los afectados. “Cómo es posible que una persona en mi condición, que me considero informada en mi calidad de analista política y acostumbrada a leer todo lo que se publicaba sobre España, no me hubiera enterado de la disposición establecida en el Código Civil”, se preguntaba.

Fernández Ramil, quien nació en Venezuela y residió en su infancia y adolescencia en Galicia, donde luego se doctoró, se muestra dispuesta a sensibilizar a los diputados españoles para que defiendan la proposición de Ley presentada en diciembre por el grupo parlamentario Unidos Podemos, que modifica el artículo 24.3 del Código Civil en el sentido de que los afectados por este punto perderán la nacionalidad española solo si declaran de forma presencial, por escrito y firmado ante autoridades del Registro Civil consular, su manifiesta intención de renuncia.

Considera que la oportunidad de debatir la ley que ha sido acogida a trámite en el Congreso de los Diputados “es muy importante, porque permitirá replantearla en su conjunto, manteniendo el espíritu integrador y acogedor que ha hecho que el país esté menos expuesto a situaciones de xenofobia”.

“Este espíritu se constata –aclara– en el porcentaje de extranjeros nacionalizados en el curso de los últimos años, pero también en leyes formuladas por razones histórico-políticas, como es el caso de la Ley de Memoria Histórica y la de descendientes de los sefardíes”.

Por ese motivo, considera “importante” mirar el artículo 24.3 en la línea de lo que el proyecto de ley propone, con el objeto de “dotar de coherencia interna a una legislación que hoy no la tiene”. “No sólo basta con que la situación se corrija de ahora en adelante, de forma que el deseo de no ser español deje de ser resultado –como sucede ahora– de una omisión o de una suposición. Lo que debe existir, y así se propone en la ley a debatir, es una manifestación explícita de tal deseo ante la autoridad respectiva”, concreta. Además, añade, “debe avanzarse en contemplar un período de gracia para que los jóvenes que han perdido la nacionalidad, sin saber que algo así les estaba afectando, puedan regularizar su situación”.

Esta gallego-chilena-venezolana, como se define, reconoce que ha conocido varios casos de jóvenes que no ratificaron su voluntad de ser españoles porque tenían su pasaporte vigente pensando, engañosamente, que ya eran españoles. Se enteraron que habían dejado de serlo al momento de ir a renovarlo, con el consiguiente disgusto que les ocasionó porque, salvo contadas excepciones, resulta muy difícil que alguien desee renunciar a una nacionalidad como la española, que en el ranking de las nacionalidades de mayor calidad del mundo (Quality of Nationality Index) situó en 2015 a España en el 13º lugar entre 161 nacionalidades.

Añade que esta situación, incluso ha generado fractura en muchas familias, porque, por distintos motivos, algunos hijos la ratificaron y se mantuvieron como españoles, mientras que otros no lo hicieron y quedaron excluidos.

Fernández Ramil considera que, para los diputados de comunidades autonómicas como la gallega, que vive un acelerado descenso demográfico, debiera ser de importancia estratégica luchar por la corrección de esta ley, ya que existen jóvenes que, mientras fueron españoles, desarrollaron un fuerte vínculo emocional con Galicia, visitándola y compenetrándose con los familiares que en ella viven.

“Esos jóvenes son un potencial para su desarrollo futuro, lo que no implica vivir físicamente en ella si tomamos en cuenta lo que supone la revolución digital y la transformación del mundo del trabajo”, añade.

Es cierto, apostilla, que la ley propone una salida para estos casos: la residencia en España durante un año, lo que permitiría recuperar la nacionalidad. Sin embargo, en el momento en que se produjeron la mayoría de los casos, España vivía inmersa en una crisis económica que hacía poco viable la llegada de nuevos jóvenes al país, justifica. “¿En qué condiciones podrían vivir ellos en un país que veía otros miles de jóvenes salir al exterior por falta de horizontes laborales?”, se pregunta.

Es por eso que esta retornada creó, con apoyo del Lar Gallego de Chile, un grupo en Facebook denominado ‘Nacionalidad Española Perdida’, con el objetivo de generar una red de potenciales afectados y presionar a los diputados para que asuman la proposición de Ley de Unidos Podemos.

Analista política y fundadora de la plataforma @Hay_Mujeres, centra su intención  en recabar el mayor número de casos posibles de personas que, tanto en Chile, donde se contabilizan alrededor de 30, como en los distintos países de América Latina, deseen obtener la nacionalidad española al amparo de la ley propuesta.

Una vez consiga establecerse plenamente en A Coruña, a donde se ha trasladado para cuidar de sus padres, naturales de Ortigueira, se muestra dispuesta a seguir luchando para poner en valor todo lo que la emigración representa para España y, en particular, para Galicia, poniendo el  foco en los jóvenes de la tercera generación.