La Lei de Galeguidade supera el debate en comisión parlamentaria con los votos del PPdeG

El informe de la ponencia sobre el Proxecto de Lei da Galeguidade fue aprobada el martes de esta semana en Comisión únicamente con los votos del PP, por lo que podrá ser llevado al Pleno del Parlamento gallego para su debate y aprobación final. La ponencia fue rechazada por los restantes grupos con representación parlamentaria (PSdeG, BNG y AE) que recelan de una normativa que, a su entender, se centra demasiado en las entidades gallegas en el exterior y pasa por alto regular los derechos de los gallegos en la diáspora que no forman parte del movimiento asociativo.

Durante el debate en Comisión del dictamen, la portavoz de Emigración del Grupo Socialista, Marisol Soneira, dijo que la Lei da Galeguidade tal y como está redactada “excluye a un millón de gallegos y gallegas repartidos por el mundo” y supone una “oportunidad perdida” de reconocer la ‘galeguidade’ de los gallegos emigrados y sus descendientes “atando los lazos con Galicia y proyectando nuestra tierra en el exterior, al centrarse exclusivamente en los que forman parte del movimiento asociativo”.

Para Soneira, la norma incumple la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía por cuanto “otorga derechos exclusivamente a entidades y no a los sujetos de derecho subjetivo”, y reconoce “exclusivamente a las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo gallego sin establecer mecanismos de participación para los cientos de miles de gallegos que residen fuera de Galicia”.

Además, explica que dicha Lei “faculta a la Xunta de Galicia a elaborar un censo de la ciudadanía gallega en la diáspora con el objetivo de poder articular políticas de apoyo a la ciudadanía residente en el exterior cuando no establece ningún mecanismo de relación directa con ellos, dejándolo en manos de las entidades asociativas”. Soneira cree que, de esta manera, la Xunta “renuncia a integrar el potencial de los gallegos y gallegas repartidos por el mundo en un proyecto común”.

Por su parte, la portavoz ‘popular’ en la ponencia, Paula Prado, considera que, respecto a este asunto, la oposición “intenta modificar el objeto de esta Lei”, elaborada para regular el derecho de las comunidades gallegas en el exterior, y no los derechos civiles de los gallegos en la diáspora, puesto que estos ya están regulados en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, aprobado en 2006 y que, en determinados aspectos, “va más allá de lo que ellos proponen”, asegura. En este sentido, “no se debe legislar sobre lo legislado”, apunta Prado.

Los socialistas reclamarán políticas específicas de apoyo a los galegos en el exterior, fomentando además que sus hijos y nietos estudien en Galicia y se vinculen a Galicia, con “políticas concretas de captación de alumnado e inteligencia para los centros gallegos”. Respecto a este asunto, la portavoz del PPdeG considera que este apartado también se contempla en la Lei de Universidades que se está elaborando en el Parlamento gallego, lo que supondría igualmente volver a legislar sobre lo que ya se recoge en esta Lei.

Soneira también recordó que el PP rechazó todas las enmiendas socialistas dirigidas a garantizar los derechos individuales. Como ejemplo, destacó la negativa del PP a una enmienda socialista para permitir que los miembros del Consello da Galeguidade sean escogidos siguiendo criterios de representación geográfica. Asimismo, advirtió de que este órgano sólo cuenta con la representación de entidades y no de personas, excluyendo a la mayoría de los gallegos en el extranjero.

Retorno

Respecto al retorno, la representante socialista denunció que el propio PP tuvo que introducir un total de 22 enmiendas a la Lei que presentó su mismo gobierno “porque por el camino se acordaron del retorno” de emigrantes. A este respecto, Prado reconoce que el Estatuto de 2006 no regula estos derechos, de ahí que su partido haya introducido estas enmiendas a la Lei, al tiempo que reprocha a Soneira que el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior no legisle sobre el particular teniendo en cuenta que ella misma reconoce que participó activamente en su elaboración. 

Alternativa Galega

Por su parte, Alternativa Galega de Esquerda (AGE) votó en contra del informe de la Ponencia ya que, a su entender, no corrige ninguna de las deficiencias de la ley actual y supone una “amalgama de derechos colectivos y alguno individual que se ven reducidos, limitados y sometidos al imperio de la mercantilización”, tal y como explicó el diputado Xabier Ron.

Para Alternativa Galega de Esquerda el verdadero objetivo que debería perseguir el Gobierno gallego sería la elaboración de una ‘Lei da Cidadanía Galega no Exterior’, ya que entre otras cuestiones deja fuera a un enorme porcentaje de gallegos en la emigración (tan sólo el 5 por ciento de los gallegos está asociado a una comunidad gallega o centro colaborador de ‘galeguidade’).

Alternativa Galega de Esquerda presentó un total de 64 enmiendas al Proxecto de Lei de las que tan sólo fueron aceptadas dos de forma directa, así como otras siete que inciden sobre todo en aspectos meramente técnicos, si bien el PP aceptó incorporar una enmienda que mejora la definición de los fines que debe tener la Lei en el alcance que debe tener la emigración gallega. Por el contrario, todas aquellas que buscaban acabar con la mercantilización de la noción de ‘galeguidade’ o que procuraban mejorar la pluralidad y representatividad del Consello de Comunidades Galegas,  entre otras cuestiones, fueron rechazadas por el Partido Popular.

En respuesta al concepto de “mercantilización” que, según los nacionalistas, pretenden infundir los ‘populares’ a la noción de ‘galeguidade’, Paula Prado incide en que, desde la elaboración de la Lei de Recoñecemento da Galeguidade, en 1983, las cosas han cambiado “mucho”, de ahí que el papel de los centros deba evolucionar y, teniendo en cuenta la actual conyuntura socioeconómica, puedan servir de puente para introducir a las empresas y productos gallegos en los países de acogida de gallegos. De lo que se trata es de “abrir puertas” en aquello que “puede beneficiar a Galicia en el exterior”, matizó.