Facenda señala que los pensionistas retornados no tuvieron ánimo defraudador
La conselleira de Facenda, Elena Muñoz Fonteriz, ha explicado que la inmensa “mayoría” de los pensionistas gallegos que trabajaron en el extranjero y que no tributaron en los últimos años por las pensiones generadas en estos países no actuaron con ánimo defraudador.
La conselleira de Facenda, Elena Muñoz Fonteriz, ha explicado que la inmensa “mayoría” de los pensionistas gallegos que trabajaron en el extranjero y que no tributaron en los últimos años por las pensiones generadas en estos países no actuaron con ánimo defraudador, y ha instado a la Agencia Tributaria a que amplíe los plazos de pago analizando las posibles solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento. Muñoz ya se reunió con representantes de los afectados que lo solicitaron y también envió sendas cartas al ministro de Hacienda y al director de la AEAT para proponerles posibles actuaciones.
En respuesta a una pregunta oral en el Parlamento, Elena Muñoz Fonteriz ha asegurado que la mayoría de los pensionistas afectados no tuvieron voluntad de incumplimiento de sus deberes tributarios, y por eso considera que cuando no existe intención defraudadora no cabe la imposición de sanciones por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Encuentro con afectados
Pese a que la Xunta no tiene competencia alguna en esta materia, Muñoz Fonteriz ha explicado que el Gobierno gallego se puso a trabajar desde el primer momento en cuanto tuvo conocimiento de esta problemática. De hecho, ya mantuvo un encuentro con representantes de este colectivo, que habían solicitado mantener una reunión para trasladar sus inquietudes.
En este sentido, ha avanzado que el departamento autonómico envió sendas cartas al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al director de la AEAT para subrayarles la importancia de este tema para Galicia, con miles de afectados, y para proponerles posibles actuaciones que faciliten el cumplimiento de estos pensionistas de sus deberes tributarios.
Sobre esto, el departamento autonómico solicita a la Agencia Tributaria estatal que preste “una especial atención y consideración a este colectivo de afectados”, y que analice las posibles solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria que hubieran podido surgir, concediendo plazos dilatados en el tiempo y más extensos de los normalmente establecidos, y haciendo así compatible su pago con la renta disponible de los afectados.
En su intervención en el Parlamento gallego, Muñoz Fonteriz atribuyó este problema a una falta de información de los afectados, y resaltó también las “carencias de información” por parte de los países en los que estuvieron trabajando. Por eso, la titular de Facenda considera que los afectados deben contar con toda la asistencia necesaria para poder afrontar esta situación de la mejor manera posible.
Asimismo, ha manifestado la necesidad de analizar “algunas disfunciones que, a nuestro juicio, podrían ser objeto de revisión a nivel normativo”, tanto en el marco de la legislación española como en los distintos convenios de doble imposición vigentes con otros países.
