El BNG pide a Montoro que anule con carácter retroactivo todas las sanciones a retornados

La portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, presentó una proposición no de ley en la Cámara en la que insta a Montoro a anular, con carácter retroactivo, todos los expedientes sancionadores aplicados a miles de emigrantes  retornados por no haber tributado por las pensiones percibidas de países extranjeros.

La diputada del BNG alude al precedente asentado por Hacienda al anular a finales de diciembre de 2013 la sanción a uno de los afectados. “Es una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional ante el recurso presentado por un emigrante retornado de Ourense”.

Razón por la que Davila demanda a Montoro que anule las multas a todos los afectados, que abra un plazo de tiempo necesario para que los miles de afectados regularicen el tema de las pensiones extranjeras, y dado que la “misma Hacienda reconoció que la legislación en ese ámbito no es suficientemente clara, pues es preciso que analice la normativa, estudie cada uno de los convenios suscritos por el Estado español con otros estados a fin de evitar que se aplique a los emigrantes retornados la doble imposición”.

Señala la diputada del BNG que “aunque se trate de un único caso, el hecho de que decidiese anular la sanción a uno de los afectados sienta precedente. Con lo cual, lo normal sería que Hacienda anulase de manera colectiva todos los expedientes pero con carácter retroactivo porque muchos pagaron ya”.

La diputada nacionalista deja claro que el BNG siempre reivindicó, “desde que conocemos las multas, que se anulasen los expedientes porque no eran justos. Desde el principio consideramos que era una injusticia porque los afectados actuaron con total desconocimiento, sin mala fe”.

Davila critica la actitud del Ministerio de Hacienda porque “sometió a una persecución sin cuartel a los emigrantes retornados por puro afán recaudatorio”. Recuerda que Galicia es uno de los territorios con mayor población emigrante, “las sanciones de Hacienda recayeron en miles de gallegos y gallegas que desde entonces se movilizaron. Hacienda ignoró a los afectados, negándose en todo momento a procurar un acuerdo”.