La Agencia Tributaria cifra en 274 euros la sanción media a los retornados, según Facenda

La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, aseveró el miércoles de esta semana que la Agencia Tributaria cifra en 274 euros la sanción media impuesta a los emigrantes retornados que perciben una pensión del extranjero, mientras que la liquidación media que se les solicita es de 603 euros.

Durante su intervención en el Parlamento gallego para responder a una pregunta de la socialista Carmen Gallego, Muñoz dijo que los pensionistas que se encuentran inmersos en este problema son el 6,5% del total, y que el 67% de ellos “cumplieron con sus obligaciones”. La conselleira explicó que ya trasladó al director de la Agencia Tributaria el acuerdo unánime del Parlamento gallego para que se exima de las sanciones a los retornados –acuerdo que el PP rechazó en el Congreso– y aseguró que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya trasladó su “preocupación” por este asunto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Como respuesta a estas reclamaciones, Muñoz destacó que el Gobierno impulsó las “campañas de divulgación” de las obligaciones fiscales del colectivo de los pensionistas retornados y dijo que también está evaluando “con el máximo celo” las circunstancias personales para admitir solicitudes de aplazamiento de pago, entre otras.

“El Gobierno sólo tiene celo para seguir reclamando dinero a inmigrantes mientras hace amnistías fiscales para los que llevaron dinero opaco a Suiza”, le replicó Carmen Gallego, para quien las reuniones y cartas de la conselleira tuvieron “resultado cero”, pues ni hay “mayor o mejor información” ni han dejado de llegar notificaciones a los pensionistas.

Gallego demandó a la conselleira que concrete qué hará la Xunta para que “se cumpla lo aprobado” en el Pazo do Hórreo. “Y si no son capaces de resolverlo, dígaselo a la cara a los afectados”, le espetó a Elena Muñoz, toda vez que representantes de las distintas plataformas gallegas seguían el debate desde la tribuna de invitados del Parlamento gallego.

La titular de Facenda respondió que seguirá pidiendo a la Administración central que “no imponga sanciones” a los afectados, desde el convencimiento de que no tenían “voluntad de defraudar”.

Finalmente, subrayó que, si bien la normativa fiscal que obliga a declarar a estos pensionistas es anterior a la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa, el anterior Gobierno “no informó debidamente” a los afectados y ahora “acumulan años” de incumplimientos.

Finalizado el debate sobre la pregunta de la parlamentaria socialista, los afectados que habían seguido la intervención en el Pazo do Hórreo se congregaron en los pasillos de la Cámara para comentar con diputados de los tres grupos de la oposición lo ocurrido.

En declaraciones a los medios, la portavoz de la plataforma de O Morrazo, Maruchi Álvarez, consideró que las palabras de Elena Muñoz en el hemiciclo fueron “una falta de respeto” y dijo que la conselleira ha actuado como “una mentirosa”.

“Es verdad que se reunió con nosotros y que tuvo palabras bonitas, pero la sanción media es de entre 600 y 750 euros”, sostuvo y, como hija de una pensionista de Alemania, anunció que acudirá a los juzgados para reclamar el dinero que le “robaron” de Hacienda, pues sus ingresos están sujetos a un convenio especial con el país germano.

Además, criticó que actualmente, al inicio de una nueva campaña de la declaración de la Renta, “no se está informando” a estos pensionistas. “Estamos tributando sin saber lo que hacemos”, remarcó, en alusión a un colectivo que, según sus cálculos, agrupa a unas 20.000 o 25.000 personas.

Mientras se debatía la pregunta de la diputada socialista en el Parlamento casi un centenar de afectados se concentraban en el exterior del Pazo do Hórreo para corear lemas como ‘Manos arriba, esto es un atraco’ o ‘Feijóo, escucha, estamos en lucha’.

“Analizar caso por caso”

El presidente del sindicato de los técnicos de Hacienda –Gestha–, Carlos Cruzado, defendió “analizar caso por caso” la situación de los emigrantes retornados que han sido objeto de una investigación por no haber declarado las pensiones que reciben del exterior, pero manifestó que “no son partidarios de amnistías en ningún caso”.

No obstante, en rueda de prensa tras participar en un encuentro con el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, Carlos Cruzado ha llamado la atención sobre el hecho de que la Agencia Tributaria priorice “el control sobre los contribuyentes de perceptores de rentas de trabajo y se descuiden” otros ámbitos, como las grandes empresas y fortunas. Al respecto, apostó por destinar “el mismo esfuerzo a la persecución” de las grandes fortunas y empresas que el que se está dedicando a los pequeños contribuyentes.

Cruzado considera que hay que analizar si se ha informado bien a los emigrantes retornados sobre cómo deben contribuir con Hacienda y si hubo una “opinión generalizada” de que no había que tributar por los rendimientos de otros países.

Por su parte, el portavoz nacional del BNG consideró que los emigrantes retornados “no deberían ser el centro de la asignación” de los recursos humanos en la labor inspectora, porque lo que se está haciendo es una “persecución de los pequeños problemas” y “no de los grandes focos” del fraude y la evasión fiscal.

Al respecto, Vence ha considerado que lo primero que debería hacer la Agencia Tributaria es “facilitar la información” necesaria a los pensionistas, por delante de “iniciar expedientes sancionadores”.