Un total de 2.460 españoles se encuentran en prisiones extranjeras
Cuatro de cada cinco españoles que se encuentran recluidos en cárceles extranjeras fueron detenidos por asuntos relacionados con las drogas, según se recoge en el apartado ‘Presos españoles en el extranjero’ del informe que el Defensor del Pueblo ha presentado en el Congreso. A fecha 28 de diciembre de 2012, 2.460 españoles se encontraban en prisiones de otros países. Por número cabe destacar Perú, con 296 presos españoles, Colombia (236), Italia (209), Francia (194), Brasil (171) y Marruecos (171).
Recuerda el informe del Defensor del Pueblo que “es tarea de los consulados españoles en el extranjero prestar la ayuda necesaria para, en la medida de lo posible, mejorar el régimen del cumplimiento de las condenas en estos centros penitenciarios ya que en muchas ocasiones la asistencia sanitaria es deficiente, la comida es muy escasa y la seguridad de los internos no está garantizada dentro de la propia prisión”.
Reconoce esta Institución que la labor del Defensor del Pueblo se encuentra con los obstáculos de las legislaciones penitenciarias de algunos países que no permiten informar a las representaciones diplomáticas o consulares sobre los asuntos jurídicos de los presos o sentenciados extranjeros, proporcionando esta información solo a los mismos o a sus representantes legales, por lo que a veces la labor de apoyo de los consulados no es posible y el estudio de las quejas por esta Institución resulta complejo.
El informe recoge que “se han recibido diversas quejas de ciudadanos españoles que han sido sentenciados en el extranjero y optan por solicitar su traslado a España para cumplir su condena en virtud de los convenios firmados a tal efecto. Así, se dirigen a esta Institución solicitando información sobre sus expedientes de traslado que habitualmente suelen demorarse hasta 18 meses. Se ha constatado, en reiteradas ocasiones, que una vez aprobados estos traslados transcurre un largo período hasta que se materializan los mismos. Por ello se ha solicitado a la Interpol, a través de la Dirección General de la Policía, información sobre los obstáculos que se vienen encontrando y que impiden agilizar el traslado de personas condenadas, así como que se indique el tiempo medio de su realización”.
El informe del Defensor del Pueblo subraya que también han surgido problemas en relación con ciudadanos españoles extraditados a otros países, bajo la condición expresa impuesta por la Audiencia Nacional, y reflejada en los convenios de traslados de personas condenadas, por la que se acuerda la extradición pero con la obligación de que una vez sentenciado en el extranjero se autorice el traslado para cumplir condena en España. “Algunas veces esto no ha sido cumplido por el país al que se ha extraditado la persona española, lo cual ha motivado quejas por parte de los interesados y el correspondiente seguimiento por parte de esta Institución”.
En el informe se señala “la importancia de las relaciones de esta Institución con instituciones nacionales de naturaleza análoga en aquellos países donde se encuentran personas españolas privadas de libertad. Las gestiones realizadas han contribuido a solucionar situaciones humanitarias urgentes, tales como conseguir que los familiares desplazados a aquel país pudieran visitar al preso, tras una negativa inicial por parte de las autoridades locales”.
Para finalizar este apartado, el Defensor del Pueblo menciona el seguimiento constante que se realiza de la situación de aquellos presos españoles condenados a pena de muerte. “En fechas recientes, se ha dirigido una solicitud de colaboración a la Fiscalía General del Estado con el fin de que solicite información al fiscal general del país donde se encuentra cada preso español condenado a muerte, ya que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 3, número 15, establece entre sus funciones la de prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales”.
Cuatro de cada cinco españoles que se encuentran recluidos en cárceles extranjeras fueron detenidos por asuntos relacionados con las drogas, según se recoge en el apartado ‘Presos españoles en el extranjero’ del informe que el Defensor del Pueblo ha presentado en el Congreso. A fecha 28 de diciembre de 2012, 2.460 españoles se encontraban en prisiones de otros países. Por número cabe destacar Perú, con 296 presos españoles, Colombia (236), Italia (209), Francia (194), Brasil (171) y Marruecos (171).
Recuerda el informe del Defensor del Pueblo que “es tarea de los consulados españoles en el extranjero prestar la ayuda necesaria para, en la medida de lo posible, mejorar el régimen del cumplimiento de las condenas en estos centros penitenciarios ya que en muchas ocasiones la asistencia sanitaria es deficiente, la comida es muy escasa y la seguridad de los internos no está garantizada dentro de la propia prisión”.
Reconoce esta Institución que la labor del Defensor del Pueblo se encuentra con los obstáculos de las legislaciones penitenciarias de algunos países que no permiten informar a las representaciones diplomáticas o consulares sobre los asuntos jurídicos de los presos o sentenciados extranjeros, proporcionando esta información solo a los mismos o a sus representantes legales, por lo que a veces la labor de apoyo de los consulados no es posible y el estudio de las quejas por esta Institución resulta complejo.
El informe recoge que “se han recibido diversas quejas de ciudadanos españoles que han sido sentenciados en el extranjero y optan por solicitar su traslado a España para cumplir su condena en virtud de los convenios firmados a tal efecto. Así, se dirigen a esta Institución solicitando información sobre sus expedientes de traslado que habitualmente suelen demorarse hasta 18 meses. Se ha constatado, en reiteradas ocasiones, que una vez aprobados estos traslados transcurre un largo período hasta que se materializan los mismos. Por ello se ha solicitado a la Interpol, a través de la Dirección General de la Policía, información sobre los obstáculos que se vienen encontrando y que impiden agilizar el traslado de personas condenadas, así como que se indique el tiempo medio de su realización”.
El informe del Defensor del Pueblo subraya que también han surgido problemas en relación con ciudadanos españoles extraditados a otros países, bajo la condición expresa impuesta por la Audiencia Nacional, y reflejada en los convenios de traslados de personas condenadas, por la que se acuerda la extradición pero con la obligación de que una vez sentenciado en el extranjero se autorice el traslado para cumplir condena en España. “Algunas veces esto no ha sido cumplido por el país al que se ha extraditado la persona española, lo cual ha motivado quejas por parte de los interesados y el correspondiente seguimiento por parte de esta Institución”.
En el informe se señala “la importancia de las relaciones de esta Institución con instituciones nacionales de naturaleza análoga en aquellos países donde se encuentran personas españolas privadas de libertad. Las gestiones realizadas han contribuido a solucionar situaciones humanitarias urgentes, tales como conseguir que los familiares desplazados a aquel país pudieran visitar al preso, tras una negativa inicial por parte de las autoridades locales”.
Para finalizar este apartado, el Defensor del Pueblo menciona el seguimiento constante que se realiza de la situación de aquellos presos españoles condenados a pena de muerte. “En fechas recientes, se ha dirigido una solicitud de colaboración a la Fiscalía General del Estado con el fin de que solicite información al fiscal general del país donde se encuentra cada preso español condenado a muerte, ya que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 3, número 15, establece entre sus funciones la de prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales”.
