El Tribunal de Cuentas aprueba el informe de fiscalización del Instituto Cervantes del ejercicio 2012

Según ha informado el Instituto Cervantes, el Tribunal de Cuentas ha emitido “una opinión favorable de las cuentas anuales del Instituto correspondientes al ejercicio de 2012, con salvedades, derivadas, entre otros aspectos, de la carencia de un inventario actualizado y la falta de evaluación del deterioro del inmovilizado material e intangible y la aplicación del criterio de caja para el registro de los gastos de determinados centros del exterior”.

Una de las anomalías que señala el Tribunal de Cuentas sobre la actividad contractual del Instituto Cervantes hace referencia a las obras adicionales realizadas en la sede del centro de Atenas, en las que se aprecia la falta de autorización para la realización de obras adicionales y la inexistencia de la modificación presupuestaria necesaria para poder asumir el coste de las obras. Tampoco le consta al Tribunal valoración alguna que acreditara el coste de los trabajos ni certificación de los mismos ni el acta de recepción de las obras.

La actual dirección del Instituto Cervantes, en cuanto tuvo conocimiento de estos hechos, anteriores a su gestión, interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional, con informes favorables de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía y auto de apertura de diligencias del Juzgado Instructor. Actualmente este asunto se encuentra ‘sub judice’.

Otra de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas se refiere al Plan de Igualdad del Instituto, suscrito con los representantes sociales en 2010, que no fue inscrito por el Instituto en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de Ámbito Estatal adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En cuanto a la obligación de aprobar el inventario al cierre de cada ejercicio y remitirlo a la Dirección General de Patrimonio del Estado, el Instituto Cervantes tiene contraído el compromiso de tenerlo debidamente actualizado al 31 de diciembre de 2016. Hay que tener en cuenta que el Instituto Cervantes gestiona 63 centros y otros 27 establecimientos de distintas categorías en el exterior y además, las sedes de Madrid y Alcalá de Henares.

En referencia a la suscripción de contratos de Alta Dirección, el Tribunal de Cuentas reconoce en su informe que “todos los contratos contaban con un informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC). Según dicha Abogacía los contratos se acomodaban al modelo de contrato de Alta Dirección aprobado por la Orden de 30 de marzo de 2012 del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas”.

El Tribunal de Cuentas señala que el Instituto no comunicó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la percepción de las dietas por asistencia a las reuniones de su Consejo de Administración.

Dicho Consejo está compuesto por 11 miembros de los que solamente uno percibe dietas de asistencia, por cuanto los diez restantes son nombrados en consideración al cargo público que desempeñan en diferentes ministerios, por lo que no tienen derecho ni perciben dietas.