La Superintendencia de la Actividad Aseguradora no autorizó a Sanitas el aumento de tarifas

Los usuarios, afiliados y contratantes de Sanitas Venezuela y de Plan Sanitas no están en la obligación de pagar aumentos no aprobados por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg), informó el organismo en un comunicado. El organismo señaló, en un aviso publicado en su web, que no ha aprobado aumento alguno en sus tarifas a la empresa de medicina prepagada Sanitas Venezuela.
Desde el pasado 1 de enero Sanitas aplicó aumentos superiores a 600 por ciento, en algunos casos, en las tarifas de los usuarios, afectando principalmente a las personas de la tercera edad.
En el aviso suscrito por el superintendente de la Actividad Aseguradora, Yosmer Daniel Arellán Zurita, se indica que “no ha sido aprobado incremento de tarifas de medicina prepagada emitidos por los sujetos antes mencionados (Sanitas de Venezuela y Plan Sanitas) para el año 2016, tanto para renovaciones como para nuevas suscripciones”.
El 7 de enero Sanitas Venezuela publicó un aviso en la prensa nacional en el que informaba las tarifas para suscriptores y para quienes iban a hacer nuevos contratos con la empresa e indicaba que este incremento había sido notificado a la Sudeaseg, bajo el número 2015-20048 de diciembre de 2015.
Sanitas Venezuela informó en el aviso “(…) para los usuarios menores de 64 años de edad, cuya renovación contractual corresponda realizar a partir del 1° de enero de 2016 y nuevos usuarios será de Bs 14.662,33. Siendo el valor del vale de asistencia médica equivalente a la cantidad de Bs 1.300. La tarifa anterior estaba por debajo de Bs 4.000 mensuales y los vales de asistencia se ubican en Bs 700”.
De manera inconsulta, Sanitas comenzó a descontar las nuevas tarifas a clientes que mantenían el pago domiciliado.
De acuerdo al órgano rector del sector seguros “las notificaciones de tarifas realizadas a este órgano de control no son autorizaciones de tarifas, ya que éstas y sus ajustes deben ser aprobadas previamente por esta Superintendencia conforme a los dispuesto en las normas para regular las operaciones de las empresas de medicina prepagada (…)” de fecha 16 de febrero de 2011. En este sentido, indica que “los usuarios, afiliados y contratantes no están en la obligación de pagar aumentos no aprobados por este órgano regulador”. La superintendencia insta a los usuarios a realizar el pago correspondiente a la cuota establecida en su contrato suscrito, es decir lo que pagaban antes del incremento.
En vista de la cantidad de denuncias recibidas, la Sudeaseg realizó unas jornadas especiales, con el objeto de atender a los afectados que “han sido víctimas de cobros indebidos de tarifas” y recibir las respectivas denuncias.

Anauco se interesa por el caso
Hace quince días, la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de Venezuela (Anauco) celebró su primera asamblea de afectados por el aumento tarifario impuesto por Sanitas Venezuela. Luego de intercambiar opiniones y plantear los casos particulares, la asamblea de afectados por unanimidad otorgó a Anauco la representación del grupo en este preocupante caso.
La Constitución de la República consagra como sus principales derechos la vida y la salud, por lo tanto, un aumento unilateral, desproporcionado y desigual tomando en cuenta que fue realizado de manera diferencial desde 200% para algunos, hasta 800% para otros en servicios conexos al sistema de salud privada, limita el alcance de los citados derechos constitucionales.
Asumida la representación del grupo Anauco inició su intervención en el caso y centrará sus actividades en tres escenarios de manera progresiva:
El primero será el agotamiento de la vía conciliatoria, donde solicitaremos a la empresa Sanitas Venezuela una explicación de los parámetros que sustenta el aumento unilateralmente establecido. En esta etapa inicial con un tiempo perentorio de ejecución, trataremos de buscar el punto de equilibrio para nuestro grupo de representados, a fin de solucionar entre las partes el problema existente.
El segundo escenario será la vía administrativa, donde igualmente Anauco se plantea un tiempo perentorio para solicitar la intervención del ente supervisor Superintendencia de Seguros y demás organismos facultados, a fin de procurar ante el árbitro oficial una solución para este grupo de ciudadanos afectados.
Agotados los escenarios anteriores, si no se ha obtenido la solución planteada, Anauco se dispondría a presentar una acción colectiva ante la máxima instancia judicial.