Soneira (PSdeG) denuncia la imposibilidad de la diáspora de ejercer “el primer derecho de una democracia”

Soneira (PSdeG) denuncia la imposibilidad de la diáspora de ejercer “el primer derecho de una democracia”
Marisol Soneira.

La parlamentaria socialista gallega Marisol Soneira señaló en el Parlamento que existen más de 1,7 millones de compatriotas, de los cuales 400.000 son gallegos, que están inscritos como residentes en el exterior, si bien con los no inscritos podría llegarse a tres millones de personas, y apuntó “la importante caída en la participación del voto emigrante por la imposibilidad que encuentran para ejercer el primer derecho político de una democracia”.

“Son más personas que las que en total tienen comunidades autónomas como Aragón, Asturias, Murcia o Extremadura”, indicó Soneira, quien añadió que “estas personas suponen un gran valor por ser una legión de oportunidades de proyectar España fuera de sus fronteras”, ya que se trata desde personas sencillas hasta presidentes de gobierno, científicos, literatos o deportistas de élite. “Es un patrimonio inmenso casi de 3 millones de embajadores de España a los que les negamos la posibilidad de que, con nosotros, diseñen un proyecto”, apuntó la diputada gallega.

Soneira incidió en lo que esto significa “sobre todo en comunidades autónomas como Galicia, donde la emigración es una de sus más significadas señales de identidad”. Por ello, Soneira critica la posición adoptada por el BNG absteniéndose en la votación de la Proposición de Ley en el Congreso a pesar de que votó a favor de la misma en el Parlamento de Galicia.

La parlamentaria socialista gallega defendió la necesidad de modificar la LOREG sosteniendo que “es de ley y es de justicia” y que es necesario “dar respuesta a las justas y legítimas demandas de los hombres y mujeres que sienten, viven, aman y llevan consigo su procedencia”.

Tras su intervención, explicó que la iniciativa del Parlamento de Galicia pretende hacer efectivo el mandato constitucional de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, homologar las condiciones de seguridad jurídica en el voto de los españoles en el exterior a las que disfrutan el resto de ciudadanos y eliminar la sombra de prácticas perversas, haciendo que el voto sea presencial, libre, secreto y en urna, en un colegio electoral con mesas, presidentes y vocales, interventores y apoderados, y donde se produzca el escrutinio al remate del proceso”.