Silva pregunta al Gobierno su postura ante la posible disolución de algunas asociaciones de retornados

La diputada socialista y secretaria federal de Emigración del PSOE, Carmela Silva, ha registrado en el Congreso una serie de iniciativas con las que le pregunta al Gobierno si tiene previsto dar cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 42 de la Carta Magna que señala el deber del Estado por velar especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientar su política hacia su retorno.

Silva pregunta al Gobierno su postura ante la posible disolución de algunas asociaciones de retornados

La diputada socialista y secretaria federal de Emigración del PSOE, Carmela Silva, ha registrado en el Congreso una serie de iniciativas con las que le pregunta al Gobierno si tiene previsto dar cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 42 de la Carta Magna que señala el deber del Estado por velar especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientar su política hacia su retorno.

Y si el cumplimiento de este mandato constitucional será una prioridad tanto en la gestión, como en la actuación de los poderes públicos que, además de poner los recursos necesarios para ello, deben apoyar a los colectivos sociales que tienen entre sus finalidades la defensa de los derechos de los emigrantes y los retornados.

Silva recuerda que estas redes de asociaciones prestan un gran servicio en la atención a los retornados, gestionando las ayudas existentes, informando de sus derechos a los emigrantes que regresan a España, o reclamando y obteniendo las resoluciones más beneficiosas de las pensiones y de los derechos adquiridos por sus períodos de trabajo en el extranjero.

Asimismo, pide al Gobierno que reconsidere “su decisión de recortar las asignaciones que recibía el movimiento asociativo de retornados, que éstos utilizaban para gestionar las ayudas y los derechos de los ciudadanos españoles que retornan a vivir en España, muchos de ellos en edades avanzadas”. Y en el caso de que el Gobierno “decida seguir con su decisión de recortar y asfixiar a estos colectivos que ayudan a los retornados, cómo tiene previsto dar respuesta y con que otros medios y quien gestionará la actividad que hasta la fecha realizan las asociaciones de retornados”.

Para Silva, la situación de crisis económica no puede ser, de ninguna manera, justificación para recortar o hacer desaparecer las asignaciones que recibían las asociaciones de emigrantes retornados.

Según el PSOE, “son numerosas las denuncias que está realizando el movimiento asociativo de retornados, que están siendo testigos de cómo un colectivo que trabaja con miles de personas repartidas por la geografía nacional no cuenta con el apoyo y la consideración del Gobierno de España. Estamos hablando de muchos millones de euros que gracias al trabajo de las asociaciones mejoran las maltrechas pensiones de los emigrantes jubilados y, por consiguiente, benefician, también, a la economía española”.