El PSOE propone homologar las pensiones del extranjero por incapacidad o invalidez a las de la Seguridad Social

La Proposición de Ley de medidas urgentes en relación con la tributación de las pensiones procedentes del extranjero, presentada este año en el Congreso por el Grupo Parlamentario Socialista, pide, en su artículo 1, homologar, “con carácter urgente”, las pensiones por incapacidad absoluta o gran invalidez reconocidas en el extranjero a las percibidas de la Seguridad Social o por las entidades que las sustituyan. Así lo recogen los socialistas en la proposición de ley que deberá ser debatida en el Parlamento, en la que reclaman igualmente que el trámite se realice “de oficio por los órganos competentes de la administración tributaria”, y, en aquellos casos en los que fuera necesario acudir a la emisión de informe por parte de los órganos competentes, “la solicitud se hará igualmente de oficio por la administración tributaria”.

En su escrito, el Grupo Parlamentario Socialista pone en evidencia que la mayor parte de los retornados afectados por incapacidad absoluta o gran invalidez no tienen reconocidas en España estas limitaciones, lo que constituye un agravio comparativo respecto a los que presentan tales dificultades en el territorio. Ello les impide aplicar directamente la exención correspondiente en su declaración del IRPF, por lo que “se ven obligados a tributar y a presentar con posterioridad una solicitud de rectificación de su autoliquidación alegando el carácter de invalidez total de su pensión”, sostiene el partido.

Además, asegura, “en el escrito de rectificación, deben solicitar la consideración de la pensión que cobran del extranjero como de invalidez absoluta, por lo que estaría exenta de tributar y no debería haberse incluido en la declaración, solicitando por tanto la rectificación de su liquidación”.

“Para resolver estas solicitudes –continúa informando el Grupo– la Agencia Estatal de la Administración Tributaria requiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social un informe pericial sobre la correspondencia del grado de incapacidad laboral causa de la prestación económica, para ver si es una invalidez total con derecho a exención”. En caso positivo, asegura, se procede a la devolución y pago de intereses de demora.

Sin embargo, “este trámite viene desarrollándose de forma especialmente lenta, con el consiguiente perjuicio para los emigrantes retornados”, sostienen los socialistas en su proposición de ley.

Es por eso que piden la homologación, cuanto antes, de estas prestaciones del extranjero con las percibidas de la Seguridad Social y recalcan que “hasta la aprobación del procedimiento de homologación” no podrán iniciarse actuación o procedimiento alguno de gestión, investigación o liquidación del Impuesto sobre la Renta en relación con las pensiones procedentes del extranjero que puedan tener la consideración legal de incapacidad absoluta o gran invalidez.

Así mismo, contemplan que las actuaciones o procedimientos que afecten a estas pensiones, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley –lo que está previsto que tenga lugar el 1 de enero de 2019–, “quedarán en suspenso hasta el cumplimiento de lo previsto en el presente artículo”.

Por último, añaden que “las liquidaciones que se practiquen una vez cumplidos los requisitos de homologación, no darán lugar a la exigencia de recargos, intereses, ni sanciones, en la proporción que corresponda al importe de las pensiones regularizadas en relación con el resto de los rendimientos que haya podido ser objeto de regularización”.